NC presenta alegaciones contra la tasa turística de Mogán: “La alcaldesa pisotea la legalidad, es un impuesto disfrazado”

“Un despropósito”, una “chapuza administrativa” o un “salto al vacío”. Son algunos de los calificativos que los dos concejales de Nueva Canarias (NC) en Mogán, Juan Manuel Gabella y Javier Romero, han dedicado a la llamada “tasa de acción turística” que el gobierno liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán- Coalición Canaria) aprobará de forma previsible en el pleno que se celebrará el 28 de febrero.

La formación canarista ha presentado alegaciones contra una ordenanza que, en opinión de sus ediles, “pisotea la legalidad”, puesto que se trata de “un impuesto disfrazado de tasa”. Además, considera que “perjudica a los vecinos del municipio” al obligarles a “pagar dos veces por los mismos servicios”. 

En una rueda de prensa ofrecida en Las Palmas de Gran Canaria por el “veto informativo” que, según Javier Romero, la alcaldesa impone a su grupo político en Mogán y, en particular, en la televisión pública del municipio, los concejales de NC han explicado las razones de su oposición a la tasa planteada por el gobierno sureño y han recalcado que su formación defiende la implantación de un impuesto regional que ayude a compensar la huella que el turismo deja sobre el territorio, tal y como ha defendido en el Parlamento canario.

“Nosotros estamos en contra de la masificación turística y a favor de un nuevo modelo de sostenibilidad. Compartimos y estamos a favor de la necesidad de acometer un desarrollo legislativo que asegure una financiación diferenciada y reforzada para los municipios que soportan el mayor peso del turismo canario, como puede ser Mogán”, ha comenzado explicando Javier Romero. Sin embargo, el proyecto de ordenanza diseñado por el gobierno de Juntos por Mogán- Coalición Canaria “es una chapuza administrativa que incumple con la ley”, ha añadido.

Para Gabella, la clave está en determinar si se trata de una tasa o de un impuesto. El concejal de NC ha explicado que la Ley General Tributaria establece dos requisitos para hablar de tasa. El hecho imponible (por el que se paga) debe ser un servicio “perfectamente definido” que presta la administración. Y, además esa prestación debe ser recibida “de forma particular” por quien está obligado al pago. Ninguno de los dos requisitos concurre, a juicio de NC, en la ordenanza de Mogán, por lo que entienden que se trata de un “impuesto disfrazado”, porque se paga sin que exista esa “contraprestación” del servicio.

Según la nueva ordenanza de Mogán, toda persona que se hospede en un alojamiento turístico del municipio a partir de la entrada en vigor de la tasa (previsiblemente en marzo, aunque en un principio estaba prevista para enero) deberá pagar 0,15 euros por noche para compensar “los servicios y la realización singular de actividades sobre acciones derivadas del turismo y la sostenibilidad del destino, con implicación municipal en atención a la promoción, proyectos medioambientales (economía circular, ciclo integral del agua), de patrimonio histórico y cultural y del sector primario”. El gobierno sureño defiende que el objetivo es financiar un déficit de 2,7 millones de euros en determinados servicios municipales.

“La traducción real es que los turistas pagan por pernoctar en el municipio. No hay una delimitación nítida y clara de qué servicio es el que está prestando” la administración, ha apuntado Gabella. El concejal de NC en Mogán sostiene que esta ordenanza “contradice otras 24 ordenanzas fiscales” que regulan en el municipio determinados servicios (abastecimiento de agua, recogida de basura, alcantarillado...) que “ahora (el gobierno de Onalia Bueno) dice que van a ser compensados a través del pago de la tasa por parte de los turistas”. Por ello, entiende que lo que hace la alcaldesa es “establecer un recargo” sobre esas tasas ya definidas.

Gabella ha definido la ordenanza como “impuestasa”. “En un impuesto no se describe el servicio que se presta y no se recibe tampoco el servicio de forma particular. Por tanto, desde nuestro punto de vista, es un impuesto a la pernoctación”. El edil moganero ha recordado que el ayuntamiento carece de competencias para crear impuestos, puesto que el artículo 31.3 de la Constitución Española reserva al Estado “la competencia exclusiva” para fijarlos. A juicio de la formación canarista, el gobierno de Mogán incumple con esta tasa la Constitución, la Ley General Tributaria, el Texto Refundido de Haciendas Locales, o la Ley de Tasas y Precios Públicos.

Principio de capacidad económica

También “pisotea el ordenamiento jurídico”, según NC, porque “se salta el principio de capacidad económica”. Todo ciudadano que pernocte en un alojamiento turístico del municipio pagará la misma cantidad con independencia de su capacidad económica. “(La ordenanza) no establece ninguna modulación que diga que aquellas personas que se alojen en hoteles de cinco estrellas paguen tanto o que se alojen en un aparthotel paguen tanto, que es como se hace en Catalunya  y como Nueva Canarias también defiende en la propuesta que llegó al Parlamento para la creación de un impuesto, no de una tasa”.

Gabella ha tildado la memoria técnica que acompaña la ordenanza como “ciencia ficción administrativa”. “La alcaldesa de Mogán dijo ”hágase la tasa“ y los funcionarios hicieron lo que quiso”, ha señalado. El concejal de NC señala que ese documento justifica la imposición de la tasa por la infrafinanciación de servicios municipales por los que ya se paga. Por ejemplo, por el abastecimiento de agua. “Lo único que hay que hacer es revisar la ordenanza del agua, establecer que dado que hay un consumo mayor y excesivo en los hoteles, se debe recalcular esa tasa para que afecte a los hoteles”, ha explicado.

“Hay otra maldad encubierta” en el informe jurídico en el que se sustenta el proyecto de ordenanza, afirma Gabella. En concreto, dice que “estos servicios tienen que ser sobrefinanciados porque es la acción del turista la que obliga a prestar estos servicios”. “Es falso”, ha subrayado el concejal de NC, “el artículo 26 de la Ley de Bases del Régimen Local dice que los municipios están obligados a prestar determinados servicios, como el agua, los residuos, el alcantarillado... Por tanto, vengan o no vengan turistas, esos servicios hay que prestarlos”.

Arbitrariedad en la cuantía

En la presentación de la tasa, la alcaldesa Onalia Bueno presumió de que el municipio iba a ser el primero de España en implantarlo. Para Gabella, “querer ser pionera en tantas cosas le lleva a meter la pata”. Otra de las alegaciones de NC a la ordenanza tiene que ver con la “arbitrariedad” de la base imponible, de su cuantía. La propuesta del gobierno moganero señala que se tendrán en cuenta “todas aquellas cuestiones necesarias para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable de los servicios”. ¿“Qué es un desarrollo razonable de los servicios. Pues lo que me convenga en cada momento”, ha respondido la formación canarista.

El edil ha recordado que, para justificar la tasa, la ordenanza alude a servicios como el ciclo integral del agua, la economía circular, la promoción turística y cultural o, incluso, la feria del mango y del aguacate que se celebra en el municipio del sur de Gran Canaria. “¿Cuántos aviones se han fletado desde Noruega para venir a la feria del mango y del aguacate en Mogán? Como la alcaldesa establece eso, ¿por qué no mete también los voladores de la Fiesta del Carmen? Que también les gusta a los turistas. ¿O el servicio de Policía? Porque no es lo mismo la seguridad de 21.000 habitantes que la de 48.000 (...) (El gobierno de Mogán) establece la arbitrariedad y va a utilizar la excusa que quiera”, ha concluido Gabella, que ha recordado, además, que la corporación local también recibe subvenciones de otras administraciones para financiar esos servicios y que esos fondos no están contemplados en la ordenanza.

“Doble imposición” y alternativas

Para Gabella, la “impuestasa” de la alcaldesa de Mogán convierte “en turistas” a la ciudadanía del municipio. “Los vecinos pagan ya sus tasas. Ahora cualquiera que quiera quedarse en un hotel va a tener que pagar también” por los mismos servicios. Por ello, el partido canarista plantea una exención o bonificación para las personas empadronadas en esta localidad. “La ordenanza no debe entrar en vigor, hay que pararla por cuatro razones fundamentales”, ha resumido el concejal: porque “crea un impuesto a través de la vía de la configuración jurídica de una tasa”, porque “vulnera principios constitucionales”, por la “arbitrariedad en el cálculo” y por la “doble imposición a los vecinos de Mogán.

Como alternativas, NC propone la implantación de un impuesto turístico regional, la revisión de ordenanzas fiscales para afrontar el déficit de los servicios públicos y una financiación diferenciada para los municipios turísticos.

Gabella ha explicado que, una vez se aprueba la ordenanza que regula la “tasa de acción turística”, su grupo presentará un recurso de reposición en vía administrativa en el que, además, solicitará que se paralice la ejecución del tributo.