La Cantera de Cantabria que sigue abierta sin permisos desde 1950 tras varias sentencias de cierre ratificadas por el Supremo
La historia de la cantera La Verde, abierta desde 1950 en Arce (Piélagos), acumula una intensa biografía judicial, un caso insólito que ha desafiado varias sentencias ordenando su cierre, pero pese a estas circunstancias ha seguido operando durante 76 años sin licencias ni autorizaciones de ningún tipo. Una explotación a cielo abierto que ha creado enormes cicatrices en el paisaje sin que se haya producido ninguna regeneración de la zona afectada.
El alcalde actual del Ayuntamiento de Piélagos, Carlos Caramés (PP), ha emitido ya tres resoluciones ejecutivas de cierre como consecuencia de las sentencias judiciales, “pero no se ha ejecutado ninguna, de tal manera que la empresa sigue funcionando”, lamentan desde Ecologistas en Acción.
En dos ocasiones anteriores, hace años, el Ayuntamiento llegó a precintar la instalación, pero eso no impidió que siguiese en activo. Tampoco tuvo consecuencias. En realidad, nunca las ha tenido. Ni siquiera cuando, después de dos sentencias de diferentes instancias judiciales emplazando a clausurar la planta, el Tribunal Supremo ratificó su cierre el pasado verano. La cantera sigue abierta ante la impasibilidad del Ayuntamiento del pueblo, el Gobierno de Cantabria y los propios tribunales de justicia, “gracias a que todo el mundo ha mirado para otro lado”, reprocha el portavoz de los ecologistas Floren Enríquez.
Durante casi ocho décadas ha sido impune a requerimientos, precintos y sentencias y a las quejas de los vecinos afectados por las detonaciones y el polvo de la cantera que viven a cien metros de la explotacion y que han reclamado insistentemente su cierre. Pero la cantera ha permanecido abierta desobedeciendo los reiterados mandatos judiciales, entre ellos tres sentencias firmes de clausura del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y, más recientemente, la del Supremo hasta donde ha llegado este conflicto y que ratificó el cierre de la planta porque no tiene permisos.
La empresa Laherrán, propietaria de la explotación, “puede ostentar el récord de funcionamiento ilegal de sus actividades en la cantera y en las empresas auxiliares, pues viene funcionando desde el año 1950” puesto que “lleva funcionando de modo ilegal 76 años de modo ininterrumpido”, advierte Ecologistas en Acción.
En 2015, este colectivo, a petición de vecinos del pueblo de Arce, denunció estas irregularidades ante el Ayuntamiento de Piélagos que declaró la actividad como clandestina, ordenó su cierre e inició un expediente sancionador. Los tribunales lo ratificaron posteriormente, tras un recurso de la empresa.
El fallo judicial también criticó las “prácticas perniciosas” del Ayuntamiento de Piélagos por no ejecutar efectivamente el cierre, ya que la empresa continuó operando pese a la resolución de 2016. Otra sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en respuesta a un recurso contra una resolución de la CROTU (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) denegó la legalización de la explotación, insistiendo en la necesidad de que la explotación se someta a la preceptiva evaluación de impacto ambiental.
Durante estos años ha habido más sentencias y denuncias, como la del SEPRONA en 2009 que ya entonces acreditó que la empresa no tenía licencia urbanística o de actividad para los trabajos de molienda y clasificación de áridos que llevaba décadas desempeñando en el pueblo.
Segundo intento de conseguir permiso medioambiental
Ahora los propietarios han vuelto a solicitar autorización por segunda vez para mantener abiertas sus instalaciones de extracción de áridos, planta de tratamiento e instalaciones de hormigonado a cien metros de un barrio de viviendas en la localidad de Arce del municipio de Piélagos (Cantabria). Aunque, en realidad, ha hecho caso omiso a la sentencia y la cantera sigue en activo. En febrero solicitó la declaración de impacto ambiental y las licencias de actividad y Urbanísticas del Ayuntamiento de Piélagos para extraer y tratar calizas.
La Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno autonómico publica en el Boletín Oficial de Cantabria el anuncio de información pública del proyecto que tiene un plazo de treinta días para presentar alegaciones. Es el segundo intento de la empresa por obtener el permiso medioambiental para poder desarrollar su actividad después de una primera denegación. El primero fue el 5 de febrero de 2025.
Precisamente el día antes de esta publicación oficial, Ecologistas en Acción pidió al juzgado que intervenga para cerrar las actividades de la empresa “que carecen de toda legalidad, sin licencias municipales y sin declaración de impacto ambiental”. El portavoz del colectivo, Floren Enríquez, denuncia que la empresa no obecede las órdenes de cierre y que “ha roto dos precintos puestos por el Ayuntamiento” a lo largo de estos años.
El colectivo también critica la actitud del Ayuntamiento de Piélagos “que tampoco hace valer su capacidad para cerrar o precintar unas instalaciones ilegales desde el año 1950”.
La empresa alega, en el proyecto que ha registrado en el Gobierno, que la mayor parte de las casas del entorno fueron construidas con posterioridad al inicio de la actividad de la cantera y que “la experiencia acumulada a lo largo del periodo de funcionamiento permite constatar la compatibilidad efectiva entre la actividad minera y el uso residencial circundante”. Circunstancia que , en su opinión, acredita el hecho de que las casas han permanecido en el mismo lugar y que incluso se han construido más en el área de influencia. Es decir, los propietarios de la cantera argumentan que no ha habido “procesos de abandono, despoblación o regresión del uso habitacional”. En consecuencia, desde su punto de vista, la evolución urbanística del entorno “pone de manifiesto que la actividad extractiva no ha constituido un factor limitante para el desarrollo residencial de la zona”.
Los ecologistas replican que la actividad ilegal de la planta de áridos solo beneficia a la empresa a costa de perjudicar a los vecinos con explosiones, vibraciones, polvo, ruido y molestias por el paso de camiones por las calles del barrio.
La sociedad mercantil propietaria de la cantera, una explotación a cielo abierto, calcula en 30 años la vida útil de la cantera a un ritmo de extracción de 200.000 toneladas al año de piedra caliza que se destinan a obras de infraestructuras y construcción para fabricar hormigones, morteros y productos asfálticos. También se emplea para obtener cal de alta calidad y para refinar azúcar.
La empresa sigue abierta e intenta por segunda vez legalizar su actividad mientras las sentencias y resoluciones siguen sin cumplirse.