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Los responsables del SCS achacan las acusaciones de irregularidades a una campaña política encabezada por el PP

El subdirector presenta una demanda contra la jefa de Contratación por "injurias y calumnias" que atentan "contra su derecho al honor"

Hablan de "especulaciones e intoxicaciones" para "echar sombras sobre la gestión" de este departamento ante la "proximidad de las elecciones"

La presidenta del PP traslada a Revilla que tiene "serias sospechas" de la existencia de informes a la carta en las adjudicaciones del SCS

El subdirector y el gerente del Servicio Cántabro de Salud | RUBÉN ALONSO

El subdirector y el gerente del Servicio Cántabro de Salud | RUBÉN ALONSO

Los máximos responsables del Servicio Cántabro de Salud (SCS) han señalado este miércoles que las acusaciones de irregularidades en las adjudicaciones vertidas por una funcionaria y apoyadas por el PP son "una campaña política" encabezada por esta formación para "echar sombras sobre la gestión" de este departamento dependiente de la Consejería de Sanidad que dirige María Luisa Real (PSOE) ante la "proximidad de las elecciones". "Son especulaciones e intoxicaciones", han remarcado.

Para sustentar estas afirmaciones, han comparecido ante los medios el director gerente, Julián Pérez, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Javier González, quienes han insinuado que "es mucha casualidad" que la información se hiciera pública un día después de que la denunciante -la jefa de Servicio de Contratación Administrativa y Gestión de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-, se cogiera "una baja a demanda" y el mismo día en el que "era conocido por todos" que el subdirector tenía programada una operación quirúrgica.

Como consecuencia de ello, no pudo estar presente en la rueda de prensa que se ofreció el pasado 25 de abril y en la que el gerente negó la existencia de adjudicaciones a dedo y atribuyó las acusaciones a un "conflicto personal" entre la funcionaria y el propio subdirector. En esta ocasión, González sí ha estado presente y ha anunciado que ha interpuesto una demanda contra Rodríguez por unas "injurias y calumnias" que han atentado contra su "derecho al honor". "No creo en las casualidades", ha subrayado el gerente para dejar claro su postura de que se trata todo de una campaña de carácter político. 

Ambos dirigentes de este departamento de Sanidad han hecho hincapié en que "no existe irregularidad alguna" en el mismo y en que "todo se ha hecho conforme a la legalidad". No obstante, han ido más allá y han señalado que las "irregularidades" se produjeron "en la pasada legislatura" gobernada por el PP, como "deficiencias en expedientes de obra o compras fuera de contrato". Sobre esto, han afirmado que esperan que IU también las lleve a la Fiscalía, tal y como han hecho con las que presuntamente les afectan.

"Mejoras en la gestión"

Además, han efectuado una comparativa entre los contratos menores de Gerencia efectuados en los años 2012 y 2013, y concluyen que el volumen total representa un 227% más de un periodo a otro. De esta forma, han defendido que su gestión es "más eficiente" que la del Partido Popular, y han defendido que todas las prácticas llevadas a cabo son "habituales" y "sujetas a la Ley de Contratos".

Seguidamente, Pérez ha reivindicado el trabajo realizado por el equipo del SCS y especialmente por el de Contratación, que está "solo formado por seis personas" y que ha introducido "mejoras, como la petición siempre de tres presupuestos para cada contrato o el trabajo principalmente con empresas cántabras", cuando el PP lo hacía con "empresas de fuera de la región e incluso multinacionales".

"Se han conseguido unas grandes mejoras en la gestión económica", ha resaltado, y ha lamentado que se critique que se hayan contratado asesores externos para determinados contratos -una práctica "habitual para asesorar a los técnicos"-, cuando su resultado "ha sido bueno para los cántabros", con "millones de euros" de ahorro.

Por su parte, la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha trasladado a Revilla este miércoles sus "serias sospechas" de la existencia de "informes a la carta" en las adjudicaciones del SCS, y no ha descartado emprender acciones legales. Así pues, ha solicitado al interventor general, también por carta, que lo investigue. 

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