La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria vive en medio del escándalo desde hace algo más de un mes. Todo ha cambiado desde la mañana en la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en una investigación conjunta con la Agencia Tributaria, cercara la sede de este departamento del Gobierno autonómico e hiciera un registro exhaustivo en sus instalaciones en busca de pruebas de una presunta trama corrupta que llevaba operando durante años: mordidas, adjudicaciones bajo sospecha, comisiones millonarias, contratos públicos amañados, cuentas en paraísos fiscales... Un reguero de irregularidades que mantienen en prisión preventiva al funcionario que ejercía como jefe del Servicio de Carreteras, con toda su familia investigada y una veintena de empresas implicadas. El tsunami se llevó por delante al responsable de ese departamento, José Luis Gochicoa (PRC), y a buena parte de su equipo directivo, que presentó la dimisión o fueron cesados.
Y en ese contexto se pone al frente del departamento Jezabel Morán (Torrelavega, 1975), que hace apenas una semana tomó posesión como consejera de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo cuando apenas restan dos meses para el final de la legislatura. Esta licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y Técnico Urbanista por el Instituto Nacional de Administración Pública ingresó en el año 1999 en el Cuerpo Técnico Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y accedió al puesto de jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en agosto del 2001, por lo que vuelve a casa tras ocupar varios cargos de responsabilidad política. Los últimos, en el área de Protección Civil y Emergencias, hasta su incorporación esta legislatura como directora general de Interior, por lo que es capaz de bromear sobre su capacidad de afrontar situaciones difíciles e 'incendios' como el que ahora le tocará apagar. La dirigente del PRC no rehúye el tema y es capaz de verbalizar lo que ha pasado: “Está claro que alguien ha robado, alguien ha pagado, alguien ha callado y alguien ha consentido”, admite. Su tarea, según insiste en su primera entrevista con un medio de comunicación, es conseguir que “los cántabros no sean perjudicados más por esta trama de corrupción”.
Hace apenas una semana que tomó posesión como consejera de Obras Públicas de Cantabria, tras la convulsión que ha vivido este departamento desde que se destapara una trama corrupta en el Servicio de Carreteras y las consecuencias políticas y judiciales que ha tenido este caso hasta el momento. ¿Le ha dado tiempo a asimilarlo o está aún aterrizando en sus nuevas responsabilidades?
La situación de la Consejería de Obras Públicas requiere que me ponga al día a marchas forzadas. La primera semana la he dedicado a conocer a los trabajadores de la Consejería, porque una de mis misiones principales en esta responsabilidad es recobrar la confianza de los funcionarios de la casa y por eso quise conocerlos personalmente. Lo siguiente que he hecho ha sido profundizar en los expedientes, porque la segunda misión es no paralizar la obra pública en Cantabria. Me he puesto a estudiar la situación en la que se encuentran, cómo va cada trámite, cuál es la situación judicial y cómo lo podemos seguir impulsando estos expedientes.
¿Y cómo ha ido ese primer encuentro con los funcionarios? ¿Cómo está la casa tras todo lo ocurrido en este último mes?
Creo que han pasado unas semanas duras, pero lo que me he encontrado es a unos empleados públicos con ganas de trabajar. Tengo la sensación de que mi perfil jurídico les ha aliviado, en el sentido de darles seguridad en los procedimientos. Hay muchos técnicos muy profesionales en la casa y esta seguridad jurídica que vamos a reforzar en los procedimientos les va a dar mejores herramientas para continuar con su trabajo con las mayores garantías.
¿Cuándo y cómo se entera de que será nombrada consejera? ¿Es el propio presidente, Miguel Ángel Revilla, el que le traslada la propuesta de sustituir a José Luis Gochicoa?
Estaba en mi puesto de trabajo, en la Dirección General de Interior, cuando recibo esa llamada del presidente y subo a su despacho. Fue ahí cuando me comunica esa situación de la Consejería. Estuvimos charlando sobre el punto en el que se encuentra el procedimiento judicial y, en ese sentido, me traslada que valora mi trayectoria como funcionaria y considera que precisamente que yo sea funcionaria de la casa desde hace 23 años va a aportar primero mi sentir sobre cómo se han podido encontrar los funcionarios de la Consejería de Obras Públicas y de todo el Gobierno de Cantabria y, segundo, aportar desde mi visión jurídica cuáles son las cautelas que podemos implementar para dar seguridad a esos procedimientos.
Parece evidente que, a dos meses de las elecciones autonómicas, lo que tiene por delante es una ‘patata caliente’ de las más complicadas... ¿Cuál serán sus prioridades en esta recta final de la legislatura?
En estos últimos días he bromeado en relación al cargo anterior que he ostentado, porque llevo en las Emergencias unos cuantos años, y creo que eso te da un perfil y te enseña a resolver rápido y tomar decisiones. Hay que establecer pronto un punto de situación de lo que está pasando, y enseguida hay que empezar a tomar decisiones, porque hay intereses en juego que hay que salvaguardar. Mi misión durante estos próximos meses es reactivar la obra pública y reactivarla en condiciones de seguridad. Tenemos ya ultimado en el Gobierno de Cantabria ese manual de buenas prácticas que aprobaremos inmediatamente y que procederemos a aplicar en esos procedimientos de licitación en la obra pública que están pendientes.
Como decía, el Gobierno de Cantabria aprobará esta misma semana la anunciada guía de buenas prácticas con medidas de aplicación inmediata en los procedimientos de adjudicación para intentar evitar nuevos casos de corrupción como el de la trama de Carreteras que se está investigando. ¿Puede adelantar las líneas maestras de esta medida y de qué manera ayudará a hacer más eficaces los controles internos?
Principalmente, lo que se va a evitar el riesgo moral. La normativa en materia de contratación ya establece unas cautelas procedimentales. Y los funcionarios aplicamos esa normativa, que para eso está. Este manual incluye unas buenas prácticas que solo se estaban aplicando en determinados procedimientos y ahora queremos que se apliquen de manera homogénea. Desde evitar ese riesgo moral que mencionaba antes a que las personas que participan en la redacción de los pliegos no sean luego los que van a informar de las propuestas de adjudicación, o la doble firma, por ejemplo...
¿Y será de obligado cumplimiento desde el momento en el que se apruebe?
Sí, por supuesto. Se va a aplicar desde el momento en el que se apruebe de forma homogénea. No solo en la Consejería de Obras Públicas, sino en el resto de departamentos del Gobierno de Cantabria.
Tanto el presidente de Cantabria como usted, en todas sus declaraciones públicas hasta el momento, han insistido mucho en la importancia de recuperar el prestigio del funcionariado ante la sociedad cántabra. ¿Cómo cree que puede afectar un escándalo como este a su imagen?
Es evidente que en estos últimos días ha habido un daño a la función pública en Cantabria. Solo se puede combatir ese daño trabajando, siguiendo con nuestro trabajo, demostrando que sabemos hacer bien los procedimientos, que algo que ha pasado de manera puntual por la acción de un determinado funcionario que organizaba presuntamente esta trama no puede empañar la labor del resto de empleados públicos, que son fundamentales para la prestación de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía.
Cito unas palabras suyas durante el discurso de su toma de posesión como consejera: “Pido perdón por quien robó, por quien dio y por quien consintió”. A estas alturas, y respetando la lógica presunción de inocencia que rige un estado de derecho, parece evidente quién robó y quién dio, pero... ¿quién consistió?
Pues... los mismos. Como dices, yo voy a ser muy respetuosa con la separación de poderes de un estado de derecho, porque yo represento al poder ejecutivo pero ahora mismo es el poder judicial quien está investigando lo que ha pasado. Me atreví a decir esas palabras porque está claro que alguien ha robado, alguien ha pagado, alguien ha callado y alguien ha consentido... Presuntamente, ha habido un funcionario de la casa que ha participado en todos esos hechos, y ha habido unas personas físicas y unas empresas que también han consentido, han callado y han pagado. Mi discurso, cuando dije esas palabras, iba en ese sentido. Debo demostrar mi total respeto al poder judicial, que llevará a cabo su labor y tendremos unas sentencias que nos darán luz sobre lo que realmente ha pasado.
A la espera de que la verdad judicial sea la que realmente prevalezca, ¿se ha analizado ya dentro de la Consejería de Obras Públicas qué ha podido fallar para que hechos tan graves hayan sido posibles durante tanto tiempo?
Por supuesto. Hemos aplicado en los procedimientos la normativa de contratación, pero lo que ha pasado va más allá de la esfera administrativa: se han cometido ilícitos penales. Por eso hemos decidido aprobar este manual de buenas prácticas, porque hemos detectado que en esos procedimientos había cuestiones que había que corregir, que había que mejorar, controles que había que reforzar... Todo eso se va a aplicar de manera inmediata.
¿Y se ha podido cuantificar el dinero que se ha malversado o se ha utilizado de manera fraudulenta?
La verdad es que no. Se han dado datos, se habla de 48 millones de euros, pero yo no sé de dónde salen esas cifras, sinceramente. Será la justicia la que tenga que determinarlo.
Desde que se ha hecho cargo de este departamento ha lanzado mensajes muy contundentes contra la corrupción, como esa frase que destacaba en una pregunta anterior. Sin embargo, ha sido muy cuestionado a nivel social y político el homenaje que el PRC organizó a su antecesor, José Luis Gochicoa, después de lo que ha pasado bajo su responsabilidad. ¿Cree que fue un error o que se eligió un mal momento para un acto así?
Lo que tenemos hasta el momento es que ningún alto cargo de la Consejería está implicado en esta situación. Ningún alto cargo. Lo que tengo también claro es que José Luis Gochicoa asumió una responsabilidad y presentó su dimisión al presidente por un fallo en los controles, pero él no ha metido la mano. El homenaje fue a un compañero, y se lo hicimos los compañeros para agradecerle todo lo que ha hecho durante toda esta legislatura por Cantabria, que ha sido muchísimo. Ha habido muchos avances en la obra pública, en estos 2.000 kilómetros de carreteras que tenemos en Cantabria y que nos sitúan como una de las comunidades con mejores infraestructuras, en las mejoras en el abastecimiento de agua, en esa Ley del Suelo que se ha aprobado bajo su mandato, en los puertos... Es un homenaje a un compañero que ha hecho todo eso.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, le ha encomendado tres tareas: defender la honorabilidad de los funcionarios del Gobierno de Cantabria, colaborar estrechamente con la Justicia para depurar responsabilidades y reactivar la ejecución de las obras paralizadas en Cantabria por riesgo a que estuvieran afectadas por esa trama corrupta. ¿Hay tiempo suficiente en lo que resta de legislatura o es un trabajo que deberá trasladarse a la siguiente?
Como hemos hablado al inicio de la entrevista, esto es una patata caliente que debemos resolver de inmediato. Estoy tratando de situarme a marchas forzadas y conocer todos los expedientes, intentando impulsar toda la obra pública pendiente. No pienso más allá del día siguiente. Me planteo los retos día a día. No voy a descansar para que todos los procedimientos que ahora mismo están parados continúen. Una de las cuestiones que tengo claras, como ha dicho también el propio presidente, es que los cántabros no pueden verse perjudicados más por esta trama de corrupción. Mi misión principal es impulsar esos expedientes y por eso no miro de aquí a dos meses, sino de aquí a mañana.
Sin embargo, lo que nos encontramos día tras día es con nuevos datos y nuevas filtraciones de la investigación judicial, con escándalos relacionados con esa trama corrupta. ¿Cree que será compatible recuperar la normalidad con ese reguero de noticias que ponen el foco en la Consejería de Obras Públicas?
Para mí sí. Hay que respetar la separación de poderes. Está trabajando el juzgado y, paralelamente, seguimos trabajando en el Gobierno. Deslindo las dos cuestiones y nosotros seguimos a lo nuestro.
Con el tiempo que queda por delante, y con esa tarea principal de poner orden en la Conserjería que le ha encomendado el presidente Revilla, ¿hay margen para mucho más? ¿Algún otro proyecto prioritario que ocupará su tiempo en los próximos meses?
Por ejemplo, en el acuífero en el que estamos trabajando para valorar su capacidad de abastecimiento de agua en el futuro seguimos avanzando para poder hacer las primeras prospecciones con el fin de determinar su utilidad. También seguiremos trabajando en los proyectos de los distintos ayuntamientos, en esa movilidad sostenible para mejorar la convivencia de los vehículos y los ciclistas con esas sendas ciclables, con esas sendas peatonales... Me gustaría acabar con la actuación que estamos desarrollando en el Puerto de Castro Urdiales, por ejemplo. Hay muchos proyectos que tenemos en marcha y que veremos concluir en los próximos meses.