Cuidar desde un suelo pegajoso
Las manos que levantan, lavan, visten, dan de comer, acompañan y apoyan, pero también a menudo limpian, cocinan, hacen la compra y cuidan la ropa a nuestros mayores y dependientes se han visto abocadas a sostener pancartas de huelga. Son esas mujeres que merecen un monumento pero obtienen precariedad cambio de su trabajo esencial. El conflicto de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a la Domicilio (SAD) en Cantabria pone rostro —triste y vergonzosamente— a una crisis de cuidados desatendida por las instituciones que lleva décadas gestándose en una Cantabria con población envejecida que necesita cuidados por demás.
Entre licitaciones a la baja y empresas multiservicios, mientras el Gobierno habla de eficiencia, ellas reclaman un convenio justo y denuncian el abandono de un sistema de dependencia que ha convertido un derecho esencial en un negocio de gestión indirecta. Porque hace dos años largos desde que el gabinete de Buruaga se propusiera reorganizar el SAD y la atención a cuidadores familiares con el objetivo de lograr “más agilidad y eficiencia”, pero lo que ha ido ocurriendo de hecho forma parte de un modus operandi que desemboca en esta necesaria huelga: la reorganización pasó de querer “evitar duplicidades” a multiplicar despidos que dejaban el servicio cojo, a acumular incumplimientos del contrato de licitación y, en general, maltrato a las trabajadoras y abandono de las personas dependientes, víctimas finales de toda visión técnica y deshumanizada de los cuidados.
Las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas
A las denuncias sobre el retraso de hasta un año en la atención —seis meses en la tramitación y dos, cuatro y hasta otros seis de demora por mala gestión, según testimonios recogidos por Cantabria No Se Vende—, las empresas adjudicatarias —Senior Servicios Integrales, UTE Deva y Urgatzi— han respondido atribuyéndolo a la falta de personal disponible en las oficinas de empleo. Sin embargo, el personal del sector apunta que son las condiciones leoninas propuestas por estas empresas, que gestionan servicios de atención buscando beneficios puramente económicos, lo que explica la situación. Es lo que ocurre cuando ofreces sueldos que no llegan al salario mínimo, jornadas parciales que dificultan la conciliación, grandes desplazamientos con vehículo propio para una hora y media de servicio, falta de reconocimiento de enfermedades laborales y nula protección frente a los riesgos físicos y emocionales asociados a una labor sensible con un ritmo de trabajo que genera, con cierta regularidad, problemas de ansiedad.
Por todo ello, nuestras trabajadoras del SAD han puesto pie en pared. El colectivo, que atiende a más de 4.000 dependientes en Cantabria, reclama un convenio autonómico y el reconocimiento como servicio público esencial de su trabajo, desde una fuerte y clara consciencia de que si ellas paran, lo sufrirán, ante todo, los usuarios.
Y no es una cuestión de siglas, sino de modelo, concretamente de modelo neoliberal. Porque no ha sido solo el PP quien ha ahondado en la tendencia privatizadora de este trabajo tan esencial, entregando un área de alta sensibilidad al ámbito del negocio puro y duro. El gobierno del PRC-PSOE privatizó la ayuda a domicilio sacando a licitación el servicio, lo que supuso precarizar unas condiciones de trabajo ya precarizadas, porque las empresas (entonces la UTE QSAD) querían presentarse al concurso en condiciones cada vez más ventajosas. Gota a gota, entre unos y otros, han ido adelgazando el sistema para desgracia de sus usuarios, la personas dependientes, y sus familias.
Lo dije hace tiempo y, por desgracia, no me queda sino seguir repitiéndolo: es importante romper el ‘techo de cristal’ para mujeres que desean llegar a puestos directivos, pero lo es incluso más acabar con el ‘suelo pegajoso’ al que están abocadas mujeres que realizan unas tareas tan desagradecidas y silenciosas como fundamentales, las tareas de cuidados. Cuidar a las que cuidan. Se trata de un sector feminizado ergo, precarizado y depauperado y en el que se dejan la piel, especialmente, mujeres migrantes, muchas chantajeadas por el miedo a perder un contrato que facilita la residencia. En este mundo al revés de los valores en que vivimos, quienes hacen las tareas más importantes para el sostenimiento de la vida reciben un trato indecente. La feminización y minorización del trabajo doméstico y de cuidados son inversamente proporcionales al inmenso valor social de las tareas más esenciales para la vida.
El índice Derechos, Economía y Cobertura (DEC) elaborado por la Asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales, que describe la situación actual de los servicios sociales en España y su evolución desde el año 2012, ha calificado de “irrelevantes” los Servicios Sociales de Cantabria, que obtiene la nota más baja de toda España con un 4,16 sobre 10. Según este informe, la Comunidad Autónoma tiene una “tendencia acusadamente descendente” en el desarrollo de sus servicios sociales desde 2013, lo que incluye estructuras básicas de servicios sociales como la atención a la dependencia, la ayuda a domicilio y la teleasistencia.
El SAD es el ejemplo más claro de pérdida de calidad por externalización. Los ayuntamientos, financiados en parte por el Gobierno autonómico, delegan este servicio en empresas, a menudo multiservicios, lo cual ha provocado constantes quejas sindicales por la precarización de las trabajadoras. Pero es que al tiempo, se ha renunciado a la creación de una infraestructura pública, dejando que el mercado privado más ávido de meter la mano en el Estado de Bienestar cubra las necesidades de una población muy envejecida. Vivimos en una sociedad lo bastante absurda como para poner los cuidados en manos empresas que lo mismo te gestionan un residuo urbano o una zona ajardinada que la asistencia domiciliaria.
La privatización de la dependencia en Cantabria, ejecutada mediante conciertos con empresas privadas y el estancamiento de la red pública, ha convertido un derecho social en un nicho de mercado. Esta gestión indirecta agrava la crisis de los cuidados, al desplazar la responsabilidad del Estado hacia familias agotadas y empleos precarios. Mientras el sistema priorice el beneficio empresarial sobre la atención directa, la falta de una infraestructura pública sólida dejará a los más vulnerables a merced de la desigualdad económica. Solo una apuesta por la gestión pública directa podrá garantizar que cuidar y ser cuidado no dependa del código postal o la cuenta corriente.