La encomienda perfecta

A principios de mayo de 2026, Isabel Díaz Ayuso pronunció en Ciudad de México unas palabras que merecen leerse más despacio de lo que el ciclo noticioso permitió. En el Frontón México, ante un espectáculo musical sobre Malinche producido por Nacho Cano, declaró que la conquista había sido cinco siglos de amor, que el mestizaje era el mensaje de la esperanza y de la alegría y que resultaba incomprensible que algunos quisieran vivir del odio. Los pueblos originarios que protestaban en el Zócalo, los académicos que señalaban el anacronismo, la cancillería mexicana que cerraba puertas: todos ellos, en la lógica de Ayuso, eran incapaces de agradecer el regalo. El vocabulario era exacto, casi quirúrgico en su fidelidad al original. Evangelización. Protección. Civilización. Esperanza. Esas son exactamente las palabras con las que la Corona española justificó, a partir de 1503, el sistema de la encomienda. Ayuso es quizá el ejemplo más burdo porque reproduce el argumentario sin mediación crítica, pero no es el único ni el más peligroso.

Que una presidenta autonómica del siglo XXI repita sin saberlo el argumentario del encomendero ilustrado no es solo una torpeza histórica. Es un síntoma. Un fantasma, otro, que recorre la España contemporánea: la lógica de la encomienda. Aquel sistema colonial por el cual la Corona española encomendaba grupos de indígenas a colonizadores para su protección y evangelización a cambio de tributo y trabajo no desapareció con los decretos de abolición. Se transformó, se adaptó al lenguaje de la democracia liberal y hoy opera en el corazón mismo de nuestras políticas migratorias y de integración. Lo que llamamos integración, en demasiadas ocasiones, no es más que la versión secularizada de aquel pacto desigual: una encomienda perpetua que exige a la población inmigrante un tributo constante de asimilación cultural, laboral e identitaria, sin concederle jamás la plena pertenencia. El paralelismo que sigue tiene sus límites: la encomienda histórica era esclavitud codificada en ley; lo que opera hoy es más difuso, más negable, institucionalizado en procedimientos que se presentan como neutros. Precisamente por eso es más difícil de combatir.

Ese núcleo perverso —la oferta de una protección condicional a cambio de la sumisión integral— es el que ha reaparecido, con ropajes modernos, en la gestión contemporánea de la diversidad. El nuevo tributo ya no se paga en oro, sino en trabajo precario y esencial. Los datos son fríos y reveladores: según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a mediados de 2025 había 258.525 personas extranjeras afiliadas al Sistema Especial Agrario —uno de cada cuatro trabajadores del campo español—, con un incremento del 10,5% interanual que duplica el ritmo del conjunto de la economía. En el sector del hogar y los cuidados, el 69% de las trabajadoras son de origen extranjero y el 95% son mujeres, según datos del Ministerio y Oxfam Intermón (2024-2025). Son ellos quienes sostienen sectores estratégicos en condiciones de alta precariedad: los trabajadores jóvenes migrantes concentran una parte desproporcionada del empleo temporal que subsiste en España tras la reforma laboral. Es la actualización perfecta del tributo colonial: la asignación sistemática de los cuerpos racializados a los trabajos que la sociedad autóctona rechaza, pero de los que depende su bienestar. Como antaño el indígena en la mina, el jornalero migrante en el invernadero paga con su esfuerzo el derecho a una presencia siempre provisional.

Paralelamente, se ha instaurado una nueva evangelización, secular y cultural. Si la encomienda exigía el bautismo, la encomienda perpetua exige la asimilación como prueba de lealtad suprema. La frontera ya no se traza en los ríos, sino en las costumbres y en los símbolos visibles de identidad, el trato diferencial que reciben los signos religiosos: mientras el velo de las monjas es percibido como parte del paisaje cultural, el hiyab de una mujer musulmana se convierte a menudo en objeto de debate público y sospecha. Este doble rasero revela cómo ciertos marcadores identitarios son tolerados o rechazados en función de quién los porta, operando como rituales de pertenencia condicional. La escena más precisa no ocurre en un debate político sino en un patio de colegio: un niño nacido en Zaragoza, con DNI español, al que sus compañeros preguntan “pero de dónde eres de verdad”. Ahí está el mecanismo en su forma más desnuda: la pertenencia no se adquiere por derecho, se negocia cada día, y siempre la negocia quien ya pertenece. Esta exigencia se enmarca en un contexto social más amplio: el Eurobarómetro especial sobre integración de 2022 mostró que el 41% de los españoles considera muy importante que los inmigrantes se adapten al estilo de vida local, uno de los porcentajes más altos de la Unión Europea. La integración se reduce así a una serie de performances culturales —desde lo que se viste hasta cómo se habla— que hay que ejecutar a la perfección, mientras se ignora que la propia identidad española es un producto de mezclas, conquistas y sincretismos nunca del todo estables.

La misma operación se repite cuando se trata de la memoria de los propios. En un país con decenas de miles de personas enterradas en cunetas sin nombre, la exigencia de reparación y justicia es reencuadrada sistemáticamente como despertar el odio o reabrir heridas. El mecanismo es idéntico: quien reclama que se reconozca el daño es acusado de no querer pasar página, de vivir del rencor, de no estar a la altura del presente. La indignidad no es que estén enterrados ahí; la indignidad, según esa lógica, es nombrarlo. Es la encomienda aplicada a la memoria: una parte decide qué se recuerda y en qué términos, y llama odio a la negativa de la otra a aceptar ese contrato.

La objeción más honesta a este argumento merece ser formulada bien: cualquier Estado democrático tiene derecho a pedir a quienes llegan que respeten un marco común de convivencia. No es colonialismo exigir que se cumplan las leyes, que se aprenda la lengua, que se acepten las reglas del juego colectivo. Es gestión legítima de la diversidad. La respuesta no es negar esa necesidad sino señalar dónde se cruza la línea: cuando el marco común deja de ser un suelo mínimo compartido y se convierte en techo cultural —cuando ya no basta con respetar la ley sino que hay que vestir, rezar, llamarse y comportarse de una manera determinada para ser considerado de los nuestros—, la integración ha dejado de ser un contrato y se ha convertido en una rendición. Esa es la encomienda perpetua: no el derecho a pedir convivencia, sino la exigencia de que el otro desaparezca para poder convivir con él.

No es un detalle menor que Ayuso protagonizara este episodio el mismo mes en que su comunidad gestiona una de las mayores poblaciones inmigrantes de España, con más de 1,3 millones de personas extranjeras empadronadas en Madrid según el INE. La misma presidenta que celebra en México la evangelización como regalo civilizatorio exige, de vuelta en la Puerta del Sol, que esa misma población rinda el tributo de la asimilación como prueba de lealtad. La coherencia ideológica es perfecta: quien cree que España le hizo un favor a América hace quinientos años cree también que le hace un favor al inmigrante que le limpia la casa. La encomienda, en ambos casos, se presenta como un acto de amor.

Esta presión asimilacionista convive con un régimen de derechos condicionales y sospecha permanente. La protección que ofrece el Estado es selectiva y revocable. El informe Parar el racismo, no a las personas, elaborado por Rights International Spain, documentó la sistematicidad del perfil racial en las identificaciones policiales en Madrid. Estas prácticas persisten y se han agravado: la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, 2024) constató que el 34% de los hombres afrodescendientes en España fueron identificados policialmente en los cinco años anteriores al estudio, y que España es el segundo país europeo con mayor tasa de percepción de discriminación racial en las identificaciones, con un 66% de los afectados. La Ley de Extranjería permite la detención administrativa en Centros de Internamiento de Extranjeros hasta 60 días por una mera irregularidad migratoria, un trato que no tiene equivalente para la población nacional. Los derechos fundamentales dejan de ser universales para convertirse en un premio condicionado al comportamiento correcto, a la discreción y a la renuncia a la diferencia visible.

El resultado es la recreación de la condición suspendida del indígena encomendado. A pesar de que en España residen 2,5 millones de musulmanes —según el estudio demográfico del Observatorio Andalusí referido a 31 de diciembre de 2024, en torno al 5% de la población, casi la mitad de ellos ya ciudadanos españoles de pleno derecho—, la retórica pública y política los sitúa en un estatus de provisionalidad perpetua. Su pertenencia está sujeta a una conversión cultural que nunca se considera suficiente. Incluso sus hijos, nacidos y educados aquí, siguen cargando con la hipoteca identitaria de un origen siempre cuestionado. Son, en el imaginario colectivo, inmigrantes perpetuos, nunca del todo de aquí, siempre a un paso de ser declarados inadaptados o desleales. Esta dinámica tiene un nombre sencillo: se puede tener el pasaporte y seguir siendo extranjero en el imaginario de quienes te rodean.

Para desmontar este mecanismo no bastan ajustes cosméticos en las leyes de extranjería. Lo que la interculturalidad crítica propone —y que Stuart Hall o Aníbal Quijano teorizan desde ángulos distintos— es más radical: desvincular irrevocablemente los derechos fundamentales de toda condición migratoria; reconocer la pluralidad cultural como valor constitutivo y no como problema a gestionar; abandonar la prueba de asimilación como condición de pertenencia. No es un programa político, es una dirección. La diferencia con el modelo actual es la misma que hay entre un contrato y una deuda.

El viaje de Ayuso a México terminó en retirada anticipada, convertida en agravio épico para consumo interno. Pero lo más revelador del episodio no fue el boicot ni el escándalo diplomático: fue que nadie en el debate público español conectó lo que Ayuso decía en el Zócalo con lo que su modelo de integración hace en Lavapiés. Ese punto ciego es el síntoma más preciso de la encomienda perpetua: la incapacidad de reconocer que el paternalismo colonial y la exigencia de asimilación hablan el mismo idioma, solo que en acentos distintos.

La encomienda histórica comenzó a resquebrajarse cuando su inhumanidad resultó insostenible para la propia conciencia imperial. La encomienda perpetua del siglo XXI aguarda un destino similar. Su abolición no llegará por decreto, sino por el reconocimiento colectivo de otra verdad incómoda: que la verdadera fortaleza de una sociedad no se mide por su homogeneidad, sino por su capacidad para construir un nosotros lo suficientemente amplio y complejo como para albergar, en igualdad de condiciones, todas las trayectorias, todos los acentos y todos los platos que la habitan. La tarea, aquí y ahora, es aprender a dejar de ser encomenderos.