En 2003, dirigentes y “barones territoriales” del PSOE se reunían en Santillana del Mar para consensuar un documento que incluía la reforma del Senado como cámara territorial, la creación de una cumbre anual de presidentes de CCAA, la mejora de los mecanismos de participación autonómica en la UE y la reforma de estatutos. Aquellos objetivos federalizantes, incorporados de inmediato al programa electoral, buscaban dotar al PSOE de una imagen unitaria en toda España, compatible con el techo autonómico que preveía alcanzar un nuevo Estatut que, apalabrado con ERC e ICV, llevaría a Maragall a la presidencia de la Generalitat.
Pero –sorpresivamente- el PSOE también alcanzó el Gobierno de España, y no sólo se “cepillaron” (Guerra dixit) el Estatuto catalán propiciando el actual proceso soberanista, también incumplieron todos y cada uno de los objetivos de aquel documento. Esta realidad explica el déjà vu que provocan en la sociedad catalana las promesas descentralizadoras del PSOE, y no responde sólo a la eterna contradicción entre el discurso en la oposición y las políticas en el poder, sino también a la falta de convicción federal en las “federaciones” del PSOE, valga la contradicción. La de aquí, por ejemplo, hace tiempo que asumió un carácter sucursalista, delegando lo de ser y comportarse como “PSC”.
Pero el problema no es sólo cuestión de organización territorial, también de identidad cultural. A comienzos del presente año, Íñigo Errejón analizaba en un programa de la UNED las dificultades de construir un discurso nacional-popular desde Madrid, debido a la realidad plurinacional del Estado: “En España, uno podría desear que hubiera habido un proceso de construcción estatal que acabase con la heterogeneidad cultural, nacional, lingüística...”. Entonces, el profesor Cotarelo le pregunta: “Y con el corazón en la mano, ¿estás contento de que eso no haya sido posible o lo tomas como una desgracia que hay que aguantar?”. Errejón ríe y contesta: “bueno, mi posición es que eso no ha pasado. Y entonces el reconocimiento de la plurinacionalidad es un dato a partir del cual seducir y construir un proyecto común”.
Pues mi posición es que sí ha pasado y continúa pasando, especialmente en aquellos territorios donde la dirección de Podemos no está pensando, en los pueblos que no han sabido o podido resistir suficientemente a ese proceso de asimilación nacional-estatal. Y es en esas realidades donde más necesaria se hace la sensibilidad por la diversidad, donde se identifica mejor la indiferencia ante el empobrecimiento cultural.
Quiero pensar que las organizaciones progresistas de ámbito estatal rechazan la idea de que haya pueblos o culturas superiores a otras. Sin embargo, actúan como si la plurinacionalidad supusiera la existencia de tan solo cuatro realidades: País Vasco, Cataluña, Galicia y “Restoespaña”. Allí donde hay otra identidad nacional pujante, asumen postulados federalistas, pero donde el nacionalismo español es el hegemónico, no se hace ninguna pedagogía. Del mismo modo, en unos sitios fomentan la lengua propia y en otros se deja morir. El federalismo está resultando en España lo que el estado del bienestar en el capitalismo: una concesión para combatir el discurso de las amenazas rupturistas, más que un principio democrático.
Y la “nueva política” ahonda en esto, con un funcionamiento interno tan centralista como las cyber-primarias de circunscripción única, convirtiendo las elecciones municipales y autonómicas en sucursales de las generales, con los líderes invisibilizando a los candidatos del territorio.
La tradición política a la que me adscribo reconoce a los pueblos el papel de sujeto colectivo de soberanía. Es una realidad que el nacionalismo de estado ha calado o encontrado resistencia de forma desigual en éstos, pero frente a la crítica generalizada al “café para todos” (la mayor parte de las competencias han sido tomadas por voluntad de los parlamentos autonómicos, más que asumidas) yo reivindico “igualdad de derechos para todos”. Los mismos derechos asisten a las personas independientemente de la conciencia de género o de clase que hayan desarrollado, el mismo derecho al autogobierno asiste a los pueblos independientemente de lo asimilados que estén. Luego, claro, la organización y la lucha llevarán a a ejercer en mayor o menor medida esos derechos, que no dejan de ser inalienables. El Reino de España tiene pinta de devenir en estado federal asimétrico y el pueblo cántabro –tristemente- de conformarse con jugar en su tercera división. Pero que nadie pretenda sustentarlo en “características distintivas (cultura, historia, lengua, identidad nacional…)” como si mi país -o cualquier otro- no tuvieran historia, cultura, fuera mudo o carente de identidad.
Si de verdad fueran federalistas, promocionarían el folclore castellano o el asturiano como el vasco o el andaluz; hablarían aragonés o leonés como hacen con el gallego o catalán; desarrollarían teorías y prácticas partiendo de la realidad específica de cada país; exigirían decidir sobre políticas de empleo como sobre el fracking, y estarían intentando construir procesos constituyentes en plural, en cada pueblo, como están haciendo los republicanos catalanes. ¿Nos constituimos en Cantabria o esperamos a ver qué deciden desde Madrid?
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