Hecho el PSIR (y pronto los PAT), hecha la trampa

Que el Gobierno de España caiga en manos del PP y Vox no es solo una cuestión de batallas culturales, por mucha importancia que estas tengan. Porque esas batallas culturales, en las que las derechas ponen tanto entusiasmo —los feminismos, las libertades y derechos del colectivo LGTBQ+, la identidad cultural “española” y su tic racista, la memoria democrática…— se acompañan de una salvaje agenda económica neoliberal que beneficia a las élites sin necesidad de justificación, de un modo extremista y programático.

En 2025, el PP y Vox lograron la aprobación en Cantabria de una Ley de Simplificación Administrativa que abría la puerta a incluir la vivienda libre entre los usos que autorizan la utilización de la figura de Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), más allá de las actuaciones tradicionalmente consideradas de verdadero “interés” para la Comunidad Autónoma. En la oposición, regionalistas y socialistas votaban en contra de la que calificaron como “ley de especulación” que, más allá de regular, “desregula”, efectuando un feliz cambio de rumbo, pues en la pasada legislatura contribuyeron a este tipo de práctica cuando, gobernando en coalición, intentaron aprobar un PSIR, el del Bojar, entre Santa Cruz de Bezana y Camargo, para construir una ciudad artificial de más de un millar de viviendas. Una fortísima oposición vecinal, que no aceptó la expropiación del territorio, sus casas y negocios, consiguió parar aquello: la CROTU no lo aprobó finalmente.

“Hecho el PSIR, hecha la trampa”: con este explicativo título se reunía hace unos días una nutrida presencia vecinal en torno a la charla organizada por CNSV, con la presencia de Olga Agüero, decana del Colegio de Periodistas de Cantabria y periodista de elDiario.es; Carlos García, de la asociación ecologista que ha salvado tantos espacios naturales de Cantabria, ARCA, y  la participación de personas afectadas por los distintos PSIR —macroparque industrial de Laredo, Olucas, Las Excavadas, La Marcha Gris…—. Las intervenciones mostraron que el sentir popular creciente es avalado por los datos: desde que fue aprobado en 2001, la figura de PSIR no ha dejado de multiplicar su presencia hasta el punto de que se podría decir, como ha señalado la propia Agüero, que nos encontramos en la “legislatura del PSIR”, en la que “el Gobierno puede expropiar casas y propiedades de cualquier ciudadano para que un promotor privado haga negocio siempre que también añada alguna equipación pública”.

La proliferación de proyectos de este tipo en Cantabria permite hacerse una idea de cómo un instrumento concebido para actuaciones excepcionales se ha extendido a iniciativas de naturaleza muy diversa. Ahí están La Pasiega, el gran polígono logístico e industrial que transforma suelo agrícola en Piélagos con un sobrecoste ya del 92%; Las Excavadas (BISALIA), otro proyecto de suelo industrial en las mieses de Torrelavega y Cartes, fuertemente contestado por propietarios y colectivos vecinales; el PSIR industrial de Laredo, que también afecta a terrenos de particulares; el hotel de lujo del Palacio de Corro, entre Santillana del Mar y Suances, que pretende facilitar una actividad turística privada mediante esta figura; Olucas Surf Center, el proyecto de piscina de olas y complejo turístico en Villaverde de Pontones, donde Cantabristas ha llamado a manifestarse este próximo 31 de octubre  con una gran pancarta; Bosques de Santander, macroproyecto urbanístico promovido por la empresa constructora Real de Piasca, con una ya fortísima respuesta vecinal; o el proyecto residencial anunciado en Castro Urdiales, con unas 1.700 viviendas previstas, aproximadamente la mitad de mercado libre. A ellos se suman actuaciones relacionadas con centros de datos, como Altamira, y sucesivas ampliaciones de espacios empresariales. Polígonos, hoteles, complejos recreativos, promociones residenciales son actividades muy distintas para las que se invoca una misma excepcionalidad urbanística.

Detrás de cada proyecto hay intereses privados privilegiados que consiguen sortear la planificación urbanística ordinaria mediante la legislación de excepción, pues para nada más y menos que para eso puede utilizarse un PSIR. Para ver qué intereses hay detrás de cada uno, les remito a este mismo periódico y, para muestra un botón, aquí tienen una buena enumeración en uno de los reportajes de la ya citada Agüero. Delante de cada proyecto, por fortuna, los especuladores se van a encontrar de frente con la vecinas y vecinos que en Astillero, Villaescusa, Piélagos, Villaverde de Pontones, Laredo, Santander, Torrelavega, Ribamontán al Monte… no piensan tolerar que se destroce su vida ni van a quitar la lupa para permitir un solo paso en falso.

De la mano del libertinaje económico neoliberal del Partido Popular de Buruaga se está instalando en esta tierra una secuencia recurrente, consistente en la multiplicación y normalización de procedimientos que permiten excepcionar la planificación común: los PSIR permiten introducir decisiones singulares que pueden prevalecer sobre la planificación ordinaria, las sucesivas reformas del suelo amplían las posibilidades de intervención y edificación en terrenos rústicos e instrumentos como el futuro Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) del Gobierno de Cantabria, a cuyo anteproyecto Cantabristas ha presentado alegaciones, contempla herramientas como los Proyectos de Actuación Territorial (PAT), que como ha señalado la organización política soberanista serán “otra figura que desactiva la protección” amparada en “un supuesto interés público”. Reglas de juego urbanísticas que convierten la excepción en vía ordinaria.

En filosofía política hay una célebre formulación de Carl Schmitt que ha dado para muchas glosas y reflexiones: “Soberano es quien decide sobre el estado de excepción”. Schmitt quería decir con esto, allá por 1922, entre otras cosas, que la verdadera esencia del poder político no se muestra en la administración diaria de las leyes, sino en los momentos límite de crisis o peligro en los que la supervivencia del Estado está en juego. Sin embargo, lo que otros autores han puesto de manifiesto, por ejemplo Giorgio Agamben en Estado de excepción, es que en nuestras maltrechas democracias la excepcionalidad tiende a dejar de ser una respuesta provisional a circunstancias extraordinarias para convertirse en un paradigma normal de gobierno. La paradoja es que la excepción no necesariamente destruye el orden jurídico, puede operar desde él, mediante procedimientos formalmente legales. ¿Les suena? Los PSIR —y, si nada lo remedia, pronto los PAT— no son una suspensión ilegal de las normas, sino la institucionalización legal de la excepción que amenaza con convertirse en una forma ordinaria de gobernar nuestro suelo.

Cuando el territorio deja de ser considerado la condición material de la vida compartida y se entiende como una superficie disponible para la realización de proyectos económicos particulares, cuando se utiliza como una mera oportunidad de negocio, son víctimas colaterales la participación ciudadana, la autonomía municipal y la deliberación colectiva, en definitiva, la democracia. Las decisiones mediante herramientas democráticas se sustituyen así, como desgraciadamente estamos viendo, por instrumentos singularmente antidemocráticos.

Por eso conviene no perder de vista que las batallas culturales con las que las derechas ocupan buena parte del debate público tienen su correlato en una ofensiva económica contra las condiciones materiales de nuestra existencia. No solo se disputa cómo debemos vivir, sino quién tiene derecho a decidir sobre aquello que hace posible nuestra vida en común, muy especialmente la tierra. Y, frente a quienes pretenden disponer de nuestro territorio como si fuera suyo, tendremos que ser el pueblo, cántabros y cántabras, quienes les hagamos entender, en el lenguaje de las calles, de los votos, de la cultura, y todos a la vez, que la tierra no se vende, se ama, se protege y se defiende.