Una jugada tramposa
Sergio Silva (PP) se hizo cargo de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria al inicio de la legislatura con buenas referencias dentro de la comunidad educativa por su labor anterior como docente y director de un instituto público. Su nombramiento fue muy poco cuestionado desde la oposición política e incluso se vivió con cierto alivio desde los sindicatos docentes, que lo consideraban un hombre moderado y con amplio conocimiento del área que iba a gestionar a partir de entonces.
En esto, muy probablemente, contribuyó el infausto recuerdo de Miguel Ángel Serna, su antecesor en el cargo en el último Gobierno del PP entre los años 2011 y 2015, que consiguió que miles de personas salieran a la calle en reiterada ocasiones para denunciar sus desmanes. En comparación con aquella etapa negra de recortes y menosprecios a la educación pública de Cantabria, fue un respiro para muchos comprobar el tono y las formas iniciales de un responsable educativo que tendía la mano y dejaba buenas palabras a todo aquel que pasaba por su recién estrenado despacho.
Así quedó demostrado en la primera gran crisis de su departamento, cuando tuvo que negar a su propio grupo parlamentario y al programa electoral del PP que había coordinado él mismo, cuando Vox sacó adelante en la Cámara una propuesta para articular un sistema de becas y ayudas públicas para “las familias cuyos hijos deseen cursar Bachillerato en el centro privado en el que han estado matriculados en etapas de educación obligatoria amparadas en un concierto educativo”. Al primer conato de incendio, compareció de urgencia, rectificó rápido y enterró el tema en un cajón hasta nuevo aviso. Nunca más se supo al respecto.
Sin embargo, algo se torció poco después y esas buenas intenciones fueron tornándose en enfrentamientos cada vez más habituales con los sindicatos docentes, hasta llegar a la situación actual de puro enquistamiento. La negociación no existe de facto y la reivindicación de una adecuación salarial en la que ambas partes parecían estar de acuerdo ha enturbiado el clima en las aulas de colegios e institutos públicos con el beneplácito de la Consejería de Educación.
Y es que lo que parecía simple torpeza o inexperiencia en la gestión política se ha confirmado con el tiempo como una estrategia a largo plazo del Gobierno del PP para desgastar y menoscabar la imagen de la educación pública de Cantabria. Ha sido una jugada tramposa, en la que los representantes sindicales de los docentes han entrado hasta el fondo, comprando todos los marcos. No existe ninguna voluntad de llegar a acuerdos y desde el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga han decidido que es bueno trasladar esa imagen conflictiva de un sector muy expuesto a las críticas.
Así, del conflicto por la adecuación salarial han saltado a la polémica reforma del sistema de oposiciones y ahora a la batalla por la modificación del calendario escolar. Han entrado a todos los trapos que se les han tendido para presentarles como unos privilegiados mientras contribuyen socialmente a su descrédito, con el incesante mantra que se filtra desde el Gobierno hacia la opinión pública de que los maestros y profesores se preocupan exclusivamente por sus condiciones laborales —algo absolutamente legítimo, en el caso de que fuera así— en lugar de por el valor pedagógico de sus propuestas o el interés general de los estudiantes y sus familias. Habrá que ver si son capaces de escapar de la trampa que les han tendido o ya es demasiado tarde.