A finales de 2007, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Memoria Histórica, que teóricamente buscaba el reconocimiento de todas las víctimas de la Guerra Civil y la posterior dictadura de Franco. Entre sus disposiciones, establece que “objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura” deberán ser retirados de los edificios y espacios públicos.
Algunos colectivos en defensa de la memoria histórica republicana y antifascista, así como partidos de izquierda, criticaron esta ley, principalmente por no dar el paso de anular las sentencias dictadas por el aparato judicial del régimen franquista. Llegaron a presentar proyectos alternativos que restituían no sólo moral, sino también jurídicamente, a las víctimas de la Guerra y la Dictadura.
Por otra parte, la llamada “Brunete mediática” y el PP, que años después suprimiría las ayudas económicas para localizar y exhumar a los desaparecidos, fueron muy críticos con esta legislación. Sin plantear abiertamente su simpatía por el bando sublevado contra la democracia, se desmarcaban excusándose en que “reabría viejas heridas” y retiraba calles o símbolos que “forman parte de la Historia de España”.
Es objeto de consenso en la resolución de conflictos políticos, la necesidad de ofrecer verdad, justicia y reparación para las víctimas frente al velo del olvido, como única forma de cicatrizar las heridas. Como se antoja evidente que para reflejar y transmitir la Historia están los libros o los museos, no las construcciones o menciones conmemorativas que suponen un homenaje a los protagonistas de la página más negra que se ha escrito en el último siglo de nuestra historia. ¿O es que a alguien se le ocurre dedicar un monolito o una avenida a Rodríguez Galindo o 'El Mataviejas', por más sonados que fueran sus actos criminales? Bueno, lo del primero al menos no públicamente…
Tras aprobarse la Ley, el PP de Santander retiró por fin la última estatua ecuestre de Franco que aún se mantenía en toda la Península Ibérica, pero para no enfadar a sus votantes, dedicó 40.000 euros a instalar un banderón español XXL en una rotonda denominada en honor del falangista Matías Montero. Cuando el resto de partidos del Ayuntamiento reprocharon a De la Serna haberse enterado de la erección de la enseña “por la prensa”, el alcalde contestó que “no pueden oponerse, la bandera de España se pone por consenso siempre”. Lo recuerdo porque estos días su homólogo en Astillero ha puesto el grito en el cielo al ver que el Lábaru se colgaba sin pasar por el pleno.
El caso es que el Ayuntamiento de Santander va a cumplir una década al margen de la ley, y las calles de la capital cántabra siguen rindiendo honores a militares golpistas que asesinaron a sus vecinos. Recientemente, desde la Corporación, se reconstituyó la Comisión de Historia y Patrimonio Histórico para que elaborara un informe que, finalmente, ha llegado hasta donde ha querido De la Serna, haciendo valer su voto de calidad.
En la propuesta aprobada no se incluye, por ejemplo, la Cruz de los Caídos o a Carlos Ruiz García. Y algunas calles van a vivir su particular “transición” para perpetuarse. Así, la Calle Simancas pasará a “Villa de Simancas”, la Calle Héroes de la Armada a “Armada Española”, o a la Plaza del Alzamiento se le añadirá “de 1808”, porque al parecer es objeto de consenso que la violencia armada contra unas fuerzas de ocupación es aplaudible… si son gabachos.
Aún con todo, hay para quienes esto resulta intolerable, y hubo alguna baja que lamentar en la “comisión de expertos”, no por la dimisión en sí, sino porque un alcalde propusiera para hacer cumplir una ley así un perfil ultra como el de Jesús Laínz, dedicado apasionadamente a combatir mitos de los nacionalismos centrífugos con mitos del nacionalismo centrípeto más reaccionario, como es la equiparación de la Revolución de Octubre del 34 y el golpe de estado franquista.
Imagínenlo en la prueba de selección, como si la hubiera, con De la Serna. Tras la sintonía inicial, llegaría el “¿por qué cree que es la persona idónea para este trabajo?” de rigor. Entonces, este “abogado y escritor” aportaría su currículum, con artículos sobre la cuestión publicados recientemente en Libertad Digital. A destacar:
"El penúltimo acto del eterno guerracivilismo de la izquierda y los separatistas se está representando ahora con la campaña de eliminación de nombres e imágenes que no encajan en la totalitaria corrección política que ellos encarnan".
"No se comprende bien que estas personas, como el propio Franco, deban desaparecer de las calles por su vinculación a un régimen nacido de un golpe de Estado, pues tan golpistas como Franco lo fueron Prieto y Largo Caballero y sin embargo sus estatuas siguen adornando los Nuevos Ministerios madrileños. Valoraciones políticas aparte, ¿es manera de promover entre las nuevas generaciones el amor por el trabajo bien hecho castigar con el ostracismo al golpista competente y premiar con estatuas a los golpistas incompetentes?"
Pudiera parecer que poner a alguien así a reconocer a las víctimas del franquismo es lo más parecido a poner un zorro a cuidar de las gallinas, o al alzhéimer a cuidar de la memoria. Pero a De la Serna, que debe compartir las dotes selectivas de Esperanza Aguirre, le pareció el perfil idóneo, proponiéndole junto al presidente del Ateneo que acoge charlas de Pío Moa (un adelantado a Laínz) y homenajes a la División Azul, Manuel Ángel Castañeda. Lo demás es historia.
P.S.: Y el PSOE, ¿cuándo tiene previsto aplicar la ley en el monumento a Carrero Blanco de Santoña?
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