Podemos Cantabria ha presentado un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) contra el encargo del Gobierno de Cantabria a la empresa pública TRAGSA para la elaboración del nuevo Plan de Gestión del Lobo “por riesgo de eludir la participación pública”.
La formación solicita la suspensión cautelar del encargo y su revisión, “con el objetivo de garantizar la legalidad, la seguridad jurídica y la participación pública en una cuestión de alto impacto social, ambiental y territorial como es la gestión del lobo”.
La formación sostiene que el encargo es “jurídicamente cuestionable”, ya que incluye la elaboración de un plan que ya había sido redactado por la propia Administración y sometido a información pública, “lo que podría suponer una confusión de fases del procedimiento y un riesgo de elusión de la participación ciudadana”.
En un comunicado, Podemos ha señalado que el Plan del Lobo lleva meses en proceso de elaboración por parte de la propia Administración, se ha sometido a información pública y quedan pendientes de respuesta las alegaciones presentadas por la ciudadanía y los sectores afectados.
En este contexto, la decisión de encargar ahora a TRAGSA la “elaboración” del nuevo Plan “supone, de facto, sustituir y vaciar de contenido ese procedimiento ya avanzado, relegando las aportaciones realizadas y abriendo la puerta a que el contenido final del Plan se defina fuera del proceso participativo iniciado”, a juicio de la formación.
“No se puede pedir a la ciudadanía que participe en un proceso durante meses y, cuando ese proceso aún no ha sido cerrado ni respondido, sustituirlo por un encargo externo que lo deja sin efecto”, ha censurado el secretario de Medio Ambiente y Medio Rural de Podemos Cantabria, Pablo Gómez.
El recurso también advierte de la “duración excesiva del encargo”, fijada en cinco años, así como de la amplitud de las tareas atribuidas a TRAGSA, que incluyen memorias, censos, metodologías y documentación técnica esencial. A juicio de Podemos, este alcance “va más allá de los cometidos propios de una empresa pública de apoyo técnico y afecta al núcleo del proceso normativo”.
A Gómez, la forma en que se ha planteado este encargo le genera “serias dudas”, ya que, “sea cual sea el motivo, el resultado es que un procedimiento ya avanzado queda en suspenso y es sustituido por un encargo externo, y eso es precisamente lo que la formación cuestiona”.