El PP de Zaragoza niega a los vecinos el uso de suelo público mientras lo cede a una empresa privada en el Parque Grande
El caso de Boreal ha reabierto en el Ayuntamiento de Zaragoza el debate sobre el uso del espacio público y la gestión de la programación cultural. Todos los grupos de la oposición han criticado con dureza la autorización del espectáculo navideño del Parque Grande, una polémica que el PSOE y Zaragoza en Común han vinculado a las dificultades de asociaciones vecinales y peñas para realizar actividades en la ciudad —como la negativa a una carpa en Valdefierro— y que ha derivado, además, en un duro choque entre el PP y Vox por la validez del convenio: “”Este contrato es ilegal y lo sabe“, ha acusado la extrema derecha.
La actuación del Gobierno municipal del PP con Boreal contrasta con la frustrada carpa del barrio de Valdefierro durante las fiestas del Pilar de 2024. A apenas cuatro días del inicio de las celebraciones, y pese a que las actividades previstas ya figuraban en el programa oficial, el Ayuntamiento decidió frenar su apertura alegando informes desfavorables, entre ellos de la Policía Local. Desde la Comisión de Fiestas del barrio, impulsora de la instalación, el malestar fue inmediato.
La resolución municipal que desestimó la solicitud vecinal se basó en un informe técnico que advertía de que la cesión directa de suelo público, cuando pueden concurrir varios interesados, debía tramitarse mediante licitación para garantizar los principios de igualdad y no discriminación. El documento señalaba expresamente que una autorización directa a una entidad concreta podía “menoscabar los principios de igualdad de oportunidades” y suponer “una diferencia de trato discriminatoria” respecto a otros posibles solicitantes.
Ese criterio, recogido por escrito en la resolución que desestimó la carpa de Valdefierro, no se ha seguido en el caso de Boreal. Así lo han denunciado desde la oposición, al señalar que la ocupación del Parque Grande por parte de una empresa privada, con entrada de pago y sin abonar tasas, no se ha sometido a ningún procedimiento de concurrencia pública ni a licitación, pese a tratarse de una cesión de suelo de dominio público. El PSOE, Zaragoza en Común y Vox han cuestionado que el Ayuntamiento haya utilizado la fórmula del convenio de colaboración para autorizar directamente la instalación, eludiendo —según han dicho— los principios de igualdad y libre concurrencia que sí se invocaron para denegar la carpa vecinal.
A partir de ahí, la polémica se ha centrado en el convenio firmado con la empresa promotora de Boreal. Eva Cerdán, concejala del PSOE, ha calificado la operación de “vergüenza ajena” y ha dicho que el caso de Boreal “hace bueno” al del año anterior. Ha denunciado un trato de favor al señalar que entonces el expediente “se inició el 12 de agosto y se resolvió el 25 de octubre”, mientras que ahora “se inicia en noviembre y en una semana está resuelto favorablemente”, además de recordar que la empresa anterior desembolsó 169,40 euros en concepto de tasa municipal y que la actual “no paga absolutamente nada”. En esta ocasión, sostuvo, el expediente se resolvió en apenas una semana, sin contraprestación económica y con un amplio despliegue de recursos municipales: vigilancia permanente, apoyo policial, vallado, cesión de autobuses y promoción institucional. “Nos quieren hacer creer que no cuesta ni un euro al Ayuntamiento”, criticó, antes de cuestionar también la temática del evento y el hecho de que no genere empleo.
Las críticas han sido compartidas por Zaragoza en Común, que ha puesto el foco en el modelo que, a su juicio, se consolida con este tipo de acuerdos. Su concejala Elena Tomás ha advertido de que no se trata de un convenio “neutral ni inocente”, sino de una fórmula que beneficia a empresas privadas mientras endurece las exigencias burocráticas y económicas a asociaciones vecinales y culturales. “Lo público pone el espacio, los servicios y la promoción, y lo privado se queda todo el beneficio”, ha resumido, denunciando además un agravio comparativo en el uso del Parque Grande y en la exención de tasas.
Vox ha ido aún más lejos y ha cuestionado abiertamente la legalidad del procedimiento. Su portavoz, Julio Calvo, ha dicho que en el Ayuntamiento existe “una costumbre muy arraigada de trato de favor” y ha criticado la “extraordinaria celeridad” de la tramitación, al preguntar “qué tramitación se hace en este Ayuntamiento en cuatro días” fuera de ese tipo de prácticas. Ha puesto en duda que el acuerdo sea realmente un convenio y no “un contrato encubierto” que debería haberse sometido a licitación pública, y ha reprochado que Zaragoza Cultural haya decidido la cesión de un bien de dominio público y la exención de tasas sin publicidad ni concurrencia. En su réplica final, ha calificado la operación de “cacicada” y de decisión “absolutamente discrecional y a dedo”.
El Consistorio defiende el convenio
Desde el Gobierno municipal, la consejera de Cultura, Sara Fernández, ha defendido la actuación y ha negado cualquier trato de favor. Ha insistido en que se trata de “un convenio de coorganización” dentro de la programación navideña y no de “una solicitud de un empresario”, y ha subrayado que Zaragoza Cultural actúa como medio propio del Ayuntamiento, con capital íntegramente municipal. Ha reconocido que la iniciativa conlleva costes en servicios, como ocurre con otras actividades culturales, pero ha rechazado que exista una aportación económica directa. También ha defendido que no todas las propuestas deben tener una temática estrictamente navideña y ha comparado el acuerdo con otros convenios similares, como el de la Feria del Libro.
Fernández ha rechazado las acusaciones de opacidad y ha recordado que, si la oposición considera que hay irregularidades, tiene la obligación de denunciarlas en los cauces correspondientes. A su vez, ha negado que se trate de una licitación encubierta, al sostener que no hubo concurrencia de varias empresas interesadas en el mismo año.
Pese a estas explicaciones, la oposición ha mantenido un frente común en la crítica al convenio, evidenciando una inusual coincidencia entre PSOE, Zaragoza en Común y Vox.
¿Qué es Boreal?
Boreal es un espectáculo navideño privado que se instala en el Parque Grande entre el 5 de diciembre y el 6 de enero. El Ayuntamiento de Zaragoza ha cedido para ello una parte del principal parque de la ciudad a una empresa con sede en Madrid, sin que esta abone ni canon ni tasas por la ocupación del dominio público. Las entradas, ya a la venta, oscilan entre los 13,5 y los 20,25 euros por sesiones de unos 45 minutos.
El acuerdo se articula mediante un convenio de colaboración entre Zaragoza Cultural y la empresa Naturaleza Encendida SL, la misma fórmula utilizada el año pasado con el espectáculo Luzir. Según el convenio, el Consistorio asume distintos servicios municipales necesarios para el desarrollo del evento, como el apoyo de brigadas y Policía Local, y cede de forma gratuita espacios de promoción en autobuses urbanos, mupis digitales y pantallas municipales.
Desde el Ayuntamiento se define Boreal como “una experiencia inmersiva que combina luz, sonido y tecnología para recrear la belleza de las auroras boreales y la fauna del Polo Norte en plena ciudad”.
Este espectáculo no ha estado exento de polémica en el pasado. En los últimos años, Naturaleza Encendida se ha instalado de forma continuada en Madrid durante la campaña navideña, primero en el Real Jardín Botánico y posteriormente en el parque Enrique Tierno Galván, antes de trasladar este año su montaje al Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza. La propia organización anunció a través de sus redes sociales que no estaría en la capital estas Navidades, una ausencia que el Ayuntamiento de Madrid ha confirmado al señalar que la empresa no solicitó permisos para ocupar el Tierno Galván. Desde la promotora se ha explicado que se trata de un espectáculo itinerante, sin una sede fija.
La celebración del evento en Madrid generó críticas recurrentes por la ocupación prolongada de parques públicos y el impacto ambiental del montaje. Ecologistas en Acción y colectivos vecinales denunciaron la contaminación lumínica y sonora, la masificación y la privatización parcial de espacios verdes durante varias semanas, especialmente en el Tierno Galván, donde el recinto llegó a permanecer vallado durante casi dos meses. Pese a estas protestas, el espectáculo se celebró con normalidad y vendió cientos de miles de entradas en sus últimas ediciones en la capital, antes de su traslado a Zaragoza.
Antecedentes: el caso de Luzir
La polémica en torno a Boreal se suma a la generada el año pasado con el espectáculo ‘Luzir, cuentos de Navidad’, promovido por la empresa Zusup SL, que también ocupó una superficie del Parque Grande durante dos meses sin contraprestación económica para el Ayuntamiento. El convenio firmado entonces justificaba el precio de las entradas —15 euros para adultos y 9,5 para niños— en el “riesgo que asume el empresario”, que se compensaría con la venta de tiques.
El acuerdo se formalizó igualmente mediante un convenio de colaboración, una figura amparada en la ordenanza fiscal que regula las tasas por uso del dominio público y que permite exenciones en el caso de actividades de interés cultural o social organizadas conjuntamente con el Ayuntamiento. La oposición municipal criticó entonces el proyecto por considerarlo un “favoritismo hacia una empresa privada”, mientras que organizaciones ecologistas alertaron del impacto sobre la fauna del parque.
Desde el Gobierno municipal defendieron el retorno económico del evento, la creación de 150 puestos de trabajo y su aportación a la oferta navideña de la ciudad. Zusup SL había sido también adjudicataria, junto a Eventos MPH, del Espacio Zity de las Fiestas del Pilar, por el que abonó un canon de 278.400 euros, en un procedimiento que también estuvo rodeado de controversia.
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