La Diputación de Huesca sigue la estela del Gobierno de Azcón y destina por primera vez ayudas a la concertada

La educación concertada en Aragón está recibiendo un impulso económico por parte de las instituciones. A los siete millones de euros anunciados por Azcón para concertar el bachillerato o las polémicas ayudas a la concertada del Ayuntamiento de Zaragoza, consideradas “discriminatorias” por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), se sumaron el pasado mes de noviembre 100.000 euros de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) a los colegios concertados de la provincia que no se encuentran en Huesca capital. 

Estas subvenciones, según dio a conocer la propia institución, se distribuyen de forma equitativa entre los once centros concertados de la provincia, exceptuando los de la capital oscense: Santa Ana de Fraga, San Vicente de Paúl de Barbastro, San José de Calasanz de Barbastro, Vírgen del Romeral de Binéfar, Escuelas Pías de Jaca, Santa Ana de Monzón, Minte de Monzón, Santo Domingo Savio de Monzón y Santa Ana de Sabiñánigo. 

Esta partida presupuestaria se suma al medio millón de euros que reciben las escuelas públicas rurales. Es la primera vez que la Diputación Provincial de Huesca invierte en las escuelas concertadas; algo que ha subrayó positivamente el director general del colegio Santa Ana de Fraga, Gabriel Labrador, donde se ha instalado un sistema de megafonía con una subvención de 11.111 euros, y que recibió recientemente la visita del presidente de la institución, Isaac Claver, acompañado de otras autoridades del Bajo Cinca. “Para nosotros ha sido muy importante porque supone un avance en nuestro centro educativo, pero además es un gesto muy significativo ya que reconoce nuestro trabajo y nos valora. No somos un colegio público pero nuestro servicio sí lo es, porque trabajamos para todas las familias”, ha subrayado Labrador. La institución provincial tiene intención de que estas ayudas a la concertada tengan continuidad en los próximos presupuestos. 

Sin embargo, esta línea de ayudas ha recibido críticas tanto desde la oposición política como desde los sindicatos. Desde el grupo del PSOE, que apoyó la medida de forma puntual, se critica que ahora vaya a ser una subvención de carácter anual “que llega a todos los concertados, cuando no todos los públicos reciben ayuda”. El total del dinero destinado a los colegios publicos es de un millón de euros debido al plan conjunto de la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón para 22 centros de la provincia. No obstante, las obras que se acometen en algunos de los centros acaparan gran parte del montante total de las ayudas, según explican desde el grupo socialista: “Para lo público se pone bastante pero no llega para todos los públicos, no todos los públicos reciben fondos de la DPH mientras que sí todos los concertados”.

Lo mismo expone Sergio Pichardo, de CGT en Huesca: “La justificación es que también se da dinero a la pública, es un argumento pobre teniendo en cuenta le volúmen de centros y las necesidades, las ayudas de la concertada son mayores”. Considera que esto supone “un paso más hacia la privatización de toda la enseñanza”.

Desde CCOO en Huesca también denuncian el estado en el que se encuentran algunos centros públicos, debido a un “deterioro progresivo de los edificios, algunos de los cuáles presentan deficiencias estructurales graves que comprometen la seguridad y la calidad educativa”. Consideran “inaceptable” la existencia de subvenciones públicas “para la mejora y nuevos equipamientos en los centros concertados cuando hay edificios públicos en un estado lamentable que comprometen la seguridad de trabajadores y de alumnado”.

Críticas por el plan del Gobierno de Azcón 

En septiembre, durante el debate sobre el estado de la comunidad, Azcón ya anunció el plan de su Ejecutivo para concertar el bachillerato en la comunidad autónoma. Este proyecto, con un coste de siete millones de euros, no ha sido bien recibido entre la comunidad educativa pública y los sindicatos, que exponen que hay unas 2.500 plazas de bachillerato en la enseñanza pública sin cubrir cada curso. 

Según explicó la consejera de Educación, Tomasa Hernández, su puesta en marcha comenzará con la concesión de concierto para segundo de bachillerato y en el curso siguiente será para los dos cursos de esta etapa educativa, que cursan 16.000 alumnos en la comunidad, de los que 3.600 lo estudian en la concertada “y en el primer curso tendríamos 1.800 potenciales beneficiarios”.

La concertación del bachillerato es una medida “muy demandada por las familias aragonesas”, ha argumentado Hernández. Entre los argumentos con los que justifica la medida, ha citado que facilita a las familias el acceso a “una educación de calidad” y que “fomenta el pluralismo educativo”. Asimismo, permite a las familias que eligen libremente un colegio concertado la gratuidad de todas las enseñanzas no universitarias, tal y como ocurre en los centros públicos y concertados.

Sin embargo, esta propuesta se produce en un curso académico marcado por las protestas en muchos centros educativos de Aragón relativas a la falta de personal y de medios suficientes. Uno de los casos con más repercusión ha sido el del IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva, donde se llevaron a cabo tres días de huelga y se consiguió un compromiso del Departamento de Educación para estudiar la dotación de personal no docente. 

Las organizaciones sindicales han mostrado su “firme unidad” frente a la iniciativa del Gobierno autonómico de ampliar los conciertos educativos en las etapas de 0-3 años y Bachillerato, una medida que consideran “perjudicial” para la calidad del sistema educativo público aragonés. Han anunciado nuevas movilizaciones “ante la falta de respuesta del Departamento de Educación y la continuidad de un modelo que amenaza la igualdad de oportunidades”.

Ayudas “discriminatorias” 

En el caso de Zaragoza, las ayudas del Ayuntamiento del PP exclusivas para la educación concertada son “discriminatorias” según la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). En total, los populares aportaron en los tres cursos 1,8 millones de euros, mientras que en el curso pasado el Gobierno municipal no ejecutó finalmente los 500.000 euros previstos.

Se trata de un nuevo varapalo a unas ayudas, destinadas a actividades extraescolares, que todos los órganos judiciales anteriores han ido tumbando. “Desde el Ayuntamiento queremos reforzar la igualdad de oportunidades”, manifestó la ya entonces alcaldesa Natalia Chueca en septiembre de 2023 al referirse a estas subvenciones. El Alto Tribunal considera, sin embargo, que unas subvenciones dirigidas exclusivamente a los padres de alumnos de la concertada lo que consiguen es precisamente lo contrario.

Porque, aunque los populares emplearon la justificación de que pretendían ayudar a las familias menos pudientes de la concertada, lo que consiguen según el TSJA es generar una “doble discriminación” hacia los núcleos familiares más desfavorecidos de la pública: “Primeramente respecto de los alumnos con más medios que van a la pública y en segundo lugar respecto de los alumnos con menos medios de la enseñanza concertada”.

En su argumentación, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal –presidida por el juez Juan Carlos Zapata– alude a la supuesta “desigualdad” esgrimida por el Gobierno municipal de Zaragoza que sufre la escuela concertada frente a la pública en cuanto a los costes en “gastos de luz, agua o apertura”, que tienen que asumir los propios centros. Pero el órgano judicial recuerda que estas ayudas pueden abarcar la “realización de actividades fuera de los propios” colegios, con lo que la alegación no se justifica.