Condenada una madre por agredir a una profesora que intentó proteger a un alumno en un colegio de Zaragoza

El Juzgado de Instrucción nº 11 de Zaragoza ha dictado una sentencia que condena a una madre por un delito leve de maltrato de obra tras un altercado ocurrido a las puertas de un centro escolar. Los hechos se remontan a la tarde del pasado 11 de diciembre de 2025. Según recoge el fallo judicial, la mujer acudió al colegio para recoger a sus hijos cuando, tras un comentario de estos sobre otro menor, se dirigió hacia el niño con actitud agresiva. En ese momento, la profesora se interpuso para proteger al alumno, recibiendo un golpe en el brazo y un empujón por parte de la madre.

El magistrado ha impuesto a la agresora una pena de un mes de multa con una cuota diaria de tres euros, además del pago de las costas procesales. Asimismo, la sentencia establece como medida de protección la prohibición de aproximarse al centro escolar y a menos de 20 metros del mismo durante un periodo de seis meses.

Aunque la acusación particular, ejercida por el sindicato CSIF, solicitaba también una condena por amenazas, el juez desestimó este punto al considerar que expresiones como “esto no va a quedar así” no constituyen una amenaza clara de causar un mal bajo el código penal.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han valorado positivamente que se reconozca la agresión, aunque muestran su profunda preocupación por el clima de tensión en las aulas. “No es el único caso que hemos llevado a los tribunales. Nos preocupa mucho el aumento de agresiones a los docentes estos últimos años”, afirma Gema Tomás, responsable de Educación de CSIF Aragón.

La organización sindical, que lidera la campaña “Stop agresiones”, exige a la Administración protocolos más ágiles, protección jurídica real y campañas que devuelvan la dignidad a la figura del maestro.

Según una encuesta reciente realizada entre 1.500 docentes aragoneses, el 90% de los profesionales asegura haber vivido situaciones de agresiones o amenazas por parte de las familias o del alumnado. Además, un porcentaje idéntico confiesa no tener herramientas suficientes para gestionar estos conflictos, mientras que la práctica totalidad del colectivo reclama un refuerzo urgente de su autoridad profesional y medidas de protección efectivas.