Los sindicatos rechazan en Aragón la concertación de bachillerato, las aulas de 0 a 3 años y la formación profesional

Con el lema 'El dinero público para la educación pública. No al concierto educativo' las organizaciones sindicales CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE han manifestado su más rotunda y firme oposición a la decisión del Gobierno de Aragón de ampliar la red de centros concertados en las etapas de Bachillerato, educación infantil (0-3 años) y Formación Profesional. Los anuncios recientes del Ejecutivo autonómico han provocado un “contundente rechazo” en el sector y también “desconfianza creciente”, ya que existe un “ataque frontal” a la escuela pública y a sus principios de equidad, justicia social y universalidad, han opinado.

Desde los sindicatos implicados han recordado que el dinero público “debe destinarse exclusivamente” a fortalecer la enseñanza pública, que es la “única garante” de una educación gratuita, inclusiva y de calidad para todos, independientemente de su origen o situación socioeconómica.

En este sentido, han considerado que ampliar conciertos educativos en estas etapas, niveles educativos no obligatorios, supone “desviar” recursos que “deberían destinarse” al servicio educativo prestado en los centros públicos como la reducción de ratios, mejora de infraestructuras y contratación de más personal docente.

Para estos sindicatos “no existe un problema real” de falta de plazas en los centros públicos aragoneses en estas etapas educativas, ya que muchos institutos y escuelas infantiles cuentan con vacantes suficientes para atender la demanda existente.

Movilizaciones

“No se puede justificar el uso de fondos públicos para financiar centros concertados cuando la red pública tiene capacidad suficiente y necesita inversión”, han recalcado. Concertar estas etapas supone “abrir la puerta” a una privatización progresiva del sistema educativo, han alertado.

Asimismo, han advertido de que esta medida supondría, además, un “grave perjuicio” para el cuerpo docente aragonés, ya que el “recorte” de vacantes en algunas de las especialidades sería “dramático”, abocando a “cierres” de aulas, “supresiones y desplazamientos forzados” de personal docente que es necesario en los centros públicos de enseñanza.

Por todo ello, ha exigido al Gobierno de Aragón la retirada inmediata de estas acciones anunciadas y la apertura de un proceso de diálogo real para abordar las necesidades del sistema educativo aragonés desde una perspectiva democrática, inclusiva, solidaria y cohesionadora: la defensa de la enseñanza pública es una obligación ética y constitucional.

Tras esta exposición, los sindicatos han anunciado próximas movilizaciones conjuntas para defender unidos una educación pública si el Ejecutivo autonómico mantiene su decisión.

Han hecho un llamamiento a la movilización de todos los miembros de la comunidad educativa en los centros educativos los martes 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre, en el horario que el centro considere más apropiado. Asimismo, han convocado una concentración en Huesca el martes 11 de noviembre a las 18.00 horas en la plaza Zaragoza.