El mapa de las 65.000 viviendas turísticas ilegales por las que Consumo ha impuesto una multa millonaria a Airbnb

El Gobierno ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de una administración de consumo española de la historia a una empresa privada. “Cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún poder económico puede eludir sus responsabilidades”, afirmó este lunes el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, que se comprometió a “erradicar prácticas especulativas y lesivas” en el marco de sus competencias. La sanción, de 65 millones de euros, supone seis veces el beneficio ilícito que la empresa obtuvo durante el tiempo que se negó a eliminar más de 65.000 páginas de viviendas que no tenían licencia para anunciarse o que mostraban un número de registro falso: unos 10 millones.

La mayoría de estos pisos sin permiso para ofrecerse como alojamiento vacacional se encuentran en algunas de las comunidades con zonas más tensionadas por la presión turística. Según los datos a los que ha podido acceder elDiario.es, uno de cada tres de estos anuncios se encuentra en la Comunitat Valenciana, con casi 22.000 páginas sin número de registro. Como muestra el siguiente mapa, Canarias, con 12.486, y Galicia, con 6.897, completan los primeros puestos de esta lista.

Canarias, como Balears con más de 4.300 anuncios ilegales, son comunidades eminentemente turísticas donde algunos operadores tratan de sacar provecho a toda costa. En Galicia, por su parte, la tensión por la crisis de la vivienda tampoco es baladí. A Coruña ha sido declarada zona tensionada, pese a las pegas de la Xunta del PP, que ha terminado aceptando los requerimientos del consistorio socialista, mientras Santiago espera lo propio.

Con todo, el mapa debe mirarse teniendo en cuenta las competencias del Ministerio y la idiosincrasia de cada comunidad. Cuando Consumo inició este procedimiento, en diciembre de 2024, no existía el registro único que arrancó este 1 de julio, por lo que cada gobierno autonómico o ayuntamiento tenía capacidad para exigir que los anuncios incluyeran el número de registro.

“Como se puede comprobar, las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio del Estado, menos en Madrid, Andalucía y Extremadura”, territorios donde “la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es mucho menor que en el resto de comunidades y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso”, indican fuentes del Ministerio de Consumo.

Por ejemplo, solo en la ciudad de Madrid, el equipo de Bustinduy identificó en el mes de marzo más de 15.000 anuncios que no cumplían con la normativa local, pero que “no pudieron ser eliminados por el Ministerio al tratarse de una competencia municipal”.

El conflicto entre Airbnb y Consumo se remonta a octubre de 2024. “El Ministerio notificó a esta plataforma la existencia de publicidad ilícita relativa a más de 65.000 pisos turísticos”, explicó Bustinduy este lunes en una rueda de prensa, pero “ante la inacción [de la compañía], se inició el expediente sancionador en diciembre de 2024”. Es decir, la millonaria multa llega por la negativa de la empresa a retirar esos anuncios, una vez advertida. La administración ya entendía entonces que esta actitud insumisa “podría generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.

Hasta ahora, esta es la segunda multa más cuantiosa a la que se enfrenta una empresa privada, tras los 107 millones de euros a Ryanair. Consumo condenó a la aerolínea por prácticas abusivas, como cobrar suplemento por el equipaje de mano o reservar servicios contiguos para acompañar a personas dependientes. Esta compañía recurrió al Tribunal Superior de Madrid, que estimó las medidas urgentes solicitadas con la condición de que se presentase un aval bancario por la cantidad de la multa impuesta.

En esta ocasión, Airbnb ya ha anunciado que recurriría la sanción de Consumo ante los tribunales, al considerar que “ha cumplido en todo momento con la normativa aplicable en España”. La compañía estima que “la obligación de las plataformas de garantizar que los anuncios muestren el número de registro se incorporó en esta nueva normativa, por lo que no es aplicable, cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas”.

El 1 de julio entró en vigor la nueva ventanilla única de arrendamientos, que obliga a los propietarios de viviendas que quieran anunciarlas en plataformas para uso turístico o alquiler de temporada a contar con un número de identificación, expedido por los registradores de la propiedad. Ese mismo día, la mitad de los pisos no podían anunciarse en plataformas y a principios de septiembre el Ministerio de Vivienda había notificado más de 53.000 pisos ilegales, que habían solicitado el número de registro obligatorio, pero que no cumplían los requisitos legales.

Al margen de estos alojamientos vacacionales ilícitos, a finales de julio, Airbnb accedió a bloquear los 65.000 anuncios por los que Consumo tenía en marcha el expediente sancionador que siguió su curso, al considerar que una infracción no queda impune por dejar de cometerla. Sin embargo, lo hizo tras un acuerdo con el Ministerio de Vivienda, a quien consideran “la autoridad competente en esta materia a nivel estatal”.

Previamente, el Tribunal Superior de Madrid respaldó una primera actuación de Consumo y rechazó la petición de medidas cautelares de la plataforma, a la que obligó a retirar una primera actuación de una tanda de 5.800 de estos 65.000. Bustinduy ha defendido que su departamento “aplica la legislación española con todo el rigor y con toda la determinación” y ha insistido en que “no puede haber modelos de negocio construidos al margen de la ley”.