Consumo multa a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas sin licencia

El Ministerio de Consumo ha impuesto a Airbnb una multa de 64 millones de euros por anunciar viviendas sin licencia. La sanción llega después de la apertura de un expediente sancionador y un proceso en el que se ha confirmado que la plataforma publicaba anuncios de alojamientos turísticos sin licencia. La resolución, según ha indicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy en un comunicado, incluye “dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados y a hacer pública la multa impuesta”.

En total, Consumo identificó infracciones de la normativa en un total de 65.122 anuncios en Airbnb, entre las que se encuentran publicar pisos o viviendas sin licencia, “contraviniendo las obligaciones impuestas en la mayoría de las normativas autonómicas” y otros con un número de licencia o de registro falso, “que no corresponde con la numeración utilizada por los registros”, o incluir datos “sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones”, lo que supone una práctica de “publicidad engañosa”.

En total, la sanción impuesta por Consumo asciende a 64.055.311 euros, lo que equivaldría a seis veces el beneficio obtenido por la compañía durante el tiempo que los anuncios ilícitos estuvieron publicados en el portal.

Además, Airbnb hace frente a una infracción leve, sancionada con 10.000 euros, por “obstrucción o negativa a suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección”. Según indican desde el Ministerio, “la plataforma no ofreció respuesta a los requerimientos de Consumo durante la instrucción de este expediente”.

El Ministerio abrió el expediente sancionador del que deriva esta sanción en diciembre de 2024. Aunque es la primera vez que la administración se refiere al nombre de la compañía, como parte de la sanción, Airbnb ya reconoció entonces ser la receptora de la investigación, con la que se mostró “profundamente en desacuerdo” porque “siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales”.

De hecho, la compañía se negó durante meses a eliminar esos más de 65.000 anuncios que el Gobierno le ordenó retirar. De hecho, tras un largo conflicto con el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, no accedió a hacerlo hasta este verano. No obstante, el expediente siguió su curso porque las infracciones ya se habían cometido.

“Ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley”, ha señalado el ministro Bustinduy, que ha lamentado que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”.

Consumo mantiene una agenda activa en materia de vivienda, con varios expedientes sancionadores abiertos a otras agencias inmobiliarias por “posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler”. De hecho, este ministerio ha confirmado una sanción de 3,6 millones a Alquiler Seguro por el supuesto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos, según avanzó la semana pasada la organización de consumidores Facua, personada en ese procedimiento.