Todo atado y bien atado

Hace cincuenta años de la muerte de Franco. El dictador se jactaba de que, de cara al futuro, dejaba su legado político “atado y bien atado”. Afortunadamente no fue así, las luchas de la mayoría de los sectores sociales, especialmente el movimiento obrero, impidieron el continuismo por el que apostaban los estamentos -que no eran pocos- más reaccionarios del régimen. Pero, aunque la Transición dio como fruto una Constitución homologable -incluso más progresista que algunas- con las de los países democráticos, Franco se murió en la cama y no fue posible la ruptura.

Y cuarenta años de dictadura no desaparecen de la noche a la mañana. Los valores, los modelos sociales del nacionalcatolicismo habían impregnado al conjunto de la sociedad, y las élites no iban a renunciar fácilmente a sus privilegios, aunque se declarasen demócratas de toda la vida. La Transición fue capaz de cambiar las leyes, pero no de depurar y neutralizar a torturadores, golpistas y reaccionarios que quedaron incrustados en los aparatos del Estado.

La Transición llegó hasta donde llegó, pero no alcanzamos con ella el final de la Historia. Ni siquiera el final de la transición hasta una sociedad democrática. Quedaba mucho por hacer para desmontar el andamiaje franquista, pero, ni los Gobiernos de Felipe González ni los del PP -algo lógico, la derecha española nuca ha dejado de tener anclajes ideológicos en la dictadura- contemplaron esa tarea en sus programas de gobierno.

Los Gobiernos de Zapatero y Sánchez han intentado corregir el déficit de profundización democrática, pero ya tarde y con medidas demasiado tímidas. El caso es que, de vez en cuando, nos encontramos con chats de jefes del ejército nada tranquilizantes, o con una “policía política”, al servicio del Partido Popular, que maniobró para ocultar su financiación ilegal e inventó, para desacreditarlos, relaciones de dirigentes de Podemos con el narcotráfico.

Y no todo es pasado. En la actualidad, el Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que dirige el teniente coronel Antonio Balas Dávila, está sometido a diferentes críticas por algunas de sus actuaciones: digamos que sus pautas de actuación son peculiares. La última viene de la Fiscalía Anticorrupción por considerar que las diligencias de los agentes de la UCO mantienen distintas velocidades -celeridad o lentitud- según las causas judiciales. En el caso Montoro, los agentes hacen un informe después de haber analizado solo 10 cuentas bancarias-el sumario data de 2018- de las 200 que les entregaron. La fiscalía no da el informe por bueno.

La justicia solicitó, hace más de cinco meses, a la UCO un informe sobre las actividades de Alberto González Amador –“Alberto Quirón”-, todavía está pendiente. Fueron mucho más ágiles las investigaciones sobre Ábalos, Koldo o Cerdán. Por cierto, hablando de Ábalos y Koldo, las filtraciones de las conversaciones entre estos dos personajes sobre sus relaciones con las mujeres son repugnantes, más que suficientes para inhabilitarlos para ninguna actividad pública. Pero no son delito y no debían entrar entre las cuestiones investigadas por los agentes. Que yo sepa, la UCO no es la policía de la moral y lo que investigación y posterior filtración solo puede responder a un interés partidista.

En cuanto al Poder Judicial, en enero de 1977, del Tribunal de Orden Público (TOP) – creado en 1963, y que se encargaba de “juzgar” delitos políticos que desde el golpe de Estado recaían en la jurisdicción militar- se sustituyó por la Audiencia Nacional. Los magistrados del TOP eran bien conocidos por su lealtad al dictador y su rigor justiciero, sin embargo, esto no fue ningún obstáculo para que 10 de los 16 magistrados que componían el TOP pasasen a la Audiencia o al Tribunal Supremo. 

A día de hoy, cinco décadas después de la muerte del dictador, poco ha cambiado en la Judicatura, la ideología, el franquismo político y sociológico, han permanecido. Y esa ideología ha transmutado en estos últimos años en acción política contra el Gobierno de coalición. Algunos magistrados, especialmente de los tribunales superiores, parecen no tener en cuenta que “la justicia emana del pueblo” y es el Legislativo, elegido por el pueblo y al que tienen que respetar, el que elabora las leyes. No me puedo imaginar lo que hubiese pasado si en lugar de una manifestación con togas contra una ley, se hubiese producido una de diputados contra una sentencia del Tribunal Supremo.

El derecho a un juez imparcial es uno de los contenidos básicos del artículo 24 de la Constitución. Según la doctrina del Tribunal Constitucional y distintos convenios internacionales, esta imparcialidad debe ser objetiva y aparente. Para que la sociedad pueda confiar en sus tribunales, tienen que parecer imparciales y no es el caso de muchas sentencias de repercusiones políticas. Como dice Ignacio Escolar en este artículo , “En los últimos años, el Tribunal Supremo se ha convertido en un juzgado previsible en lo político, imprevisible en lo jurídico. Es justo al contrario de lo que debería ser.”

Pero no es solo en el Tribunal Supremo, esta previsibilidad se da también en otras instancias: Esperanza Aguirre nunca ha sido condenada por ningún tribunal; la Audiencia Nacional ha ocultado durante dos años un informe de la policía que implica a María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular, en el caso Kitchen, operación encargada de sabotear la investigación judicial de la financiación irregular del PP; hay una diferencia abismal en el tratamiento de la justicia en los casos del hermano y la pareja de Pedro Sánchez con los casos del hermano y la pareja de Díaz Ayuso… Por no hablar de la información privilegiada que tiene el PP sobre lo que va “p’alante”.

Pero el colmo, el punto de difícil retorno en la credibilidad de la justicia ha sido la sentencia en el caso de Fiscal General del Estado (FGE). De entrada, la presunción de imparcialidad de algunos jueces relacionados con el caso era más que dudosa, el juez instructor, Ángel Hurtado, que presidió en 2017 el tribunal que juzgó el caso de la trama Gürtel, uno de los casos más importantes de corrupción político-empresarial, no fue capaz de ver la implicación del PP en el caso ni de relacionar M. Rajoy con Mariano Rajoy. Manuel Marchena, miembro del tribunal, sería, según el senador del PP, Ignacio Cosidó, el encargado, como presidente del Supremo, de controlar la Sala de lo Penal desde atrás.

En cuanto a la sentencia, no está muy claro de qué se acusa a García Ortiz, pudo filtrar él el correo o “alguien de su entorno inmediato”; no se tienen en cuenta los testimonios de seis periodistas de diferentes medios; argumenta como indicios de culpabilidad el ejercicio de sus derechos: no contestar más que a la defensa y borrar su móvil -como es sabido, no hay ningún riesgo de filtraciones de las informaciones que tiene la UCO- …

No son el FGE, ni el Gobierno, ni los que criticamos este tipo de sentencias quienes debilitamos a las Instituciones. Son quienes la utilizan con fines partidistas.

No sé cuánto tiempo le queda a esta legislatura, pero si verdaderamente hay una mayoría demócrata, aunque no de izquierdas, desatar lo que todavía está atado, democratizar las instituciones y ponerlas al servicio del pueblo tiene que ser una prioridad. No creo que el Congreso pueda hacer algo más importante.