La viabilidad de las pensiones y la brecha generacional (II)

Otro frente contra el sistema de pensiones se ha abierto últimamente, la llamada brecha generacional. Para quienes defienden esta teoría, la “generosidad” del Estado con los pensionistas va en detrimento de las generaciones jóvenes, especialmente de las personas entre los 20 y 35 años, que son más pobres que sus padres a la misma edad y tienen un futuro incierto. 

Pero, ¿es muy generoso el Estado? El sistema de pensiones está financiado fundamentalmente por las cotizaciones -una parte de su salario, incluidas las cotizaciones empresariales- de trabajadores y trabajadoras que se beneficiarán de él con arreglo a las normas que lo rigen. Además, el Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado, contribuye a la financiación haciéndose cargo de las prestaciones no contributivas y compensando los posibles déficits coyunturales que pueda haber según los acuerdos del Pacto de Toledo. También aportan una suma al Fondo de Reserva, la hucha para el futuro. 

En concreto, en los presupuestos de la Seguridad Social para 2023, los últimos aprobados, el gasto del sistema de pensiones estaba estimado en 190.687 millones de euros, de los cuales, la aportación total del Estado fue de 38.722 millones. De esta cantidad, 15.478 millones —el 8% del presupuesto de la SS que es el 10% aproximadamente de las pensiones contributivas— es la contribución al equilibrio presupuestario, a evitar el déficit. ¿Es excesiva esta aportación para mantener un pilar fundamental del Estado del Bienestar? 

Hablar de brecha intergeneracional me parece poco riguroso. La definición de generación es aleatoria, no hay unos criterios claros que nos permitan definirla de forma unívoca. Además, la comparación es sesgada si no se tienen en cuenta numerosos factores, entre otros que la mayoría de las personas nacidas en los años 50 ya estaban trabajando a los 20 años y muchas a los 15. Estas personas, con sus impuestos, han hecho posible que la generación Z haya gozado de importantes prestaciones del Estado Social —educación, sanidad…— de las que las generaciones anteriores no pudieron disfrutar. Cada generación —sea cual sea la definición de generación— tenemos las ventajas e inconvenientes de la época en que nos toca vivir.

Tampoco es un dato determinante la media —salarial, de riqueza…—, esta referencia, si no tenemos más información, no nos permite comprender bien la realidad de un colectivo. Por ejemplo, la pensión media en 2023 fue de 1.259,79 euros al mes, sin embargo, 6 de cada 10 pensionistas cobraban menos del Salario Mínimo Interprofesional. El mismo año, los jóvenes de entre 25 y 30 años tenían un salario medio de 1.500 euros al mes. Con estos datos no parece que las pensiones, al menos el 60% de pensionistas, sean el motivo de la “brecha” generacional.

Pero claro, si lo que interesa es generar enfrentamiento entre generaciones y debilitar el sistema de pensiones, todo vale. Un ejemplo es un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana, que, para “demostrar” que el problema de los jóvenes está en las pensiones, llega a comparar el salario medio, en el primer trimestre de este año, de los menores de 34 años, no con la media de las pensiones, sino con los jubilados del Régimen General de la Seguridad Social en ese periodo, posiblemente el colectivo que se ha jubilado con mayor pensión media. Hay discursos que me recuerdan al proceso de instrucción en el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se parte de una hipótesis y se tienen en cuenta solo los factores que la avalan. 

No pretendo ignorar los problemas de la juventud, especialmente los relacionados con la vivienda y la precariedad laboral, pero ni los análisis de los neoliberales/libertarios -tipo Milei- son correctos ni, lógicamente, comparto sus propuestas de solución. En realidad, no ofrecen solución, se limitan a eliminar la “brecha” igualando a la baja: si se rebajan las pensiones, la “brecha” entre jóvenes y pensionistas disminuye o se anula. Pero la juventud seguiría con precariedad laboral y sin vivienda, porque el posible incremento de renta que tuviesen -por la reducción de impuestos o por ayuda económica estatal- no resolvería ninguno de los dos problemas.

Es cierto que existen brechas, grandes desigualdades, en la sociedad española, tanto en salarios como en riqueza, pero no se encuentran entre ellas las diferencias entre pensionistas y jóvenes. En relación al salario, el porcentaje de la renta salarial sobre la renta total ha disminuido el 7,3% entre 1993 y 2015, y un ejecutivo del IBEX-35 cobra de media 73,5 veces más que sus trabajadores, aunque hay empresas en las que los consejeros cobran 200 veces el salario medio de sus trabajadores. Si nos fijamos en la riqueza, el 10% de la población —aquellas personas que se ven más beneficiadas por los recortes de impuestos protagonizados por los gobiernos del PP— controla el 54% de la riqueza y el 1%, “solamente” el 20% de la misma.

El problema de la vivienda solo se puede resolver cuando esta deje de ser un valor de mercado y pase a ser un instrumento para satisfacer una necesidad social fundamental, cuando se cumpla la Constitución y “los poderes públicos promuevan las condiciones necesarias y establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna”. 

A corto plazo, es necesaria una intervención en el mercado que evite la especulación y priorice la utilización de los inmuebles como vivienda permanente sobre otros usos, y a medio y largo plazo la construcción de importantes parques de vivienda pública. Los 72.655 millones de euros que nos ha costado la crisis financiera —ahora que la banca está teniendo beneficios récords es buen momento para que empiecen a pagarlos— pueden ser una buena base financiera para dicha construcción.

En cuanto a la precariedad, también tiene solución en la política. La legislación laboral tiene que incrementar la indemnización por despido y mejorar los derechos laborales en todo tipo de contrato: temporal, a tiempo parcial, en prácticas… Y favorecer la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales.

Estos son los caminos para resolver los problemas de precariedad y vivienda que no solo afectan a la juventud, sino a todas las personas con escasos recursos. Quienes dicen querer acabar con las brechas, tienen un amplio campo de trabajo en las mencionadas salariales y de riqueza. Pero sus propuestas, el adelgazamiento del Estado del Bienestar, solo conducen a incrementar las desigualdades, a la indefensión de los colectivos más vulnerables.

Y una última reflexión: sin vivienda y salario dignos nadie puede ser libre.