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Agricultores conquenses afectados por la dana denuncian “agravio comparativo” con los productores de Valencia

Un grupo de agricultura de la Serranía Baja de Cuenca han denunciado hoy en una reunión con el presidente de la Diputación provincial, Álvaro Martínez Chana, y la vicepresidenta, Emma Cano, “el agravio comparativo que están sufriendo con los productores de la vecina provincia de Valencia”.

Según un comunicado de la entidad provincial, Martínez Chana ha mostrado su apoyo a estos agricultores que piden un trato similar al de la Comunitat Valenciana a la hora de abordar la rehabilitación de los caminos agropecuarios, así como las ayudas en los cultivos afectados por la avenida de agua, hace ahora un año.

Así, este martes miembros del equipo de Gobierno provincial acompañarán al Senado a estos agricultores para plasmar este respaldo y apoyar sus reivindicaciones, que van en la línea de la carta enviada la semana pasada al Gobierno de España.

Además, también ha señalado que la Diputación de Cuenca hará de interlocutor con el Gobierno regional para implementar ayudas a los cultivos afectados, así como a través de los ayuntamientos de esta comarca va a colaborar económicamente si finalmente el Gobierno de España decide continuar con la financiación de solo la mitad de los gastos. Martínez Chana ha mostrado el compromiso de aportar fondos para que los consistorios puedan hacer frente al 50 por ciento que tienen que financiar.

Han explicado la situación de contraste entre municipios vecinos de la zona como Talayuelas, Landete, Aliaguilla o Garaballa con otros valencianos como Sinarcas, algo que a todas luces, en su opinión, “es poco equitativo”.

Además, también ha señalado que la Diputación de Cuenca hará de interlocutor con el Gobierno regional para implementar ayudas a los cultivos afectados, así como a través de los ayuntamientos de esta comarca va a colaborar económicamente si finalmente el Gobierno de España decide continuar con la financiación de solo la mitad de los gastos.

Martínez Chana ha mostrado el compromiso de aportar fondos para que los consistorios puedan hacer frente al 50 por ciento que tienen que financiar.