“El último convenio que tenemos firmado nos costó mucho tiempo firmarlo y logramos mantener derechos que habíamos conseguido. Pero ha sido vergonzoso, nuestro trabajo nunca se ha reconocido y hemos estado ahí desde el primer día de la pandemia”, relata Nines García, presidenta del comité de empresa de CCOO en Sanivida en Ciudad Real. La movilización de las trabajadoras, porque mayormente son mujeres, se debe principalmente a que el convenio colectivo sigue caducado desde enero de este año y esto afecta a unas 2.000 personas trabajadoras y otras 7.000 usuarias.
García insiste en que la patronal se niega a los incrementos salariales, a pesar de que lo que reciben las trabajadoras “no llega ni al Salario Mínimo Interprofesional”. Es por ello que amenazan con huelga, para también dejar claro que “con la dependencia no se juega”. No sólo son las trabajadoras de Ciudad Real capital, sino también de otras localidades como Valdepeñas, Daimiel, Alcázar de San Juan, Pedro Muñoz, Miguelturra y Villarrubia de los Ojos.
Ahora, los sindicatos han anunciado que registrarán un escrito de mediación previo a la huelga, para posibilitar un acuerdo previo a la huelga. De este modo, aseguran que futuras movilizaciones serán “más masivas” que la celebrada esta semana en la capital ciudadrealeña, con centenares de personas.
“Hemos tenido que luchar para que se nos reconozca”
García recalca que las trabajadoras ni siquiera han sido prioridad para ser vacunadas contra el coronavirus, a pesar de estar en la calle trabajando con otras personas, “expuestas a todo”, desde el principio de la pandemia. “Hemos tenido que luchar para que se nos reconozca y se nos vacunó mucho después que al personal de residencias, o a los sanitarios; incluso aunque trabajamos lo mismo en residencias que a domicilio. Tuve que presentar un escrito porque nadie entendía por qué no se nos vacunaba”, recalca la trabajadora. Tampoco han tenido pruebas PCR, insiste, por lo menos las trabajadoras en Alcázar de San Juan.
“Nos sentimos muy dejadas de lado, nos cuenta porque estamos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, con jornadas que nos obligan a estar hasta 20 horas al día dispuestas”, recalca García. Además, señala el “desgaste” que supone este trabajo, especialmente en lo físico. “Hay compañeras que tienen más de sesenta años y parece que no hay posibilidad de que se pueda alcanzar un acuerdo para una jubilación anticipada. Trabajamos con personas dependientes y no es lo mismo que en una residencia, nosotras tenemos que adaptarnos”, asegura.
De este modo, señala que no se reconocen las enfermedades profesionales, a pesar de que hay trabajadoras operadas de túnel carpiano y “todas estamos muy machacadas”. “Muchas veces para ir a trabajar tienes que tomarte tres o cuatro pastillas. Pero estas personas sólo buscan recortes en antigüedad. Y si tienes que ir al médico, tienes que recuperar las horas. Y no podemos hablar nunca de subida salarial”, lamenta Nines. Y esto, a pesar de que muchas de las trabajadoras son las únicas que tienen ingresos, y “así es imposible mantener una familia”.
La huelga, recalca García, les da “pena” porque serán las personas usuarias las que sufrirán porque se quedan sin servicio. “Pero es la única manera de hacer frente a las empresas que se escudan en que la administración no las ayudan y sólo tienen pérdidas. Pero es que no podemos perder un año más sin conseguir negociar el convenio”. “Hemos estado en la calle desde el minuto 1, sin pruebas, sin material. Hemos puesto de nuestra parte, siendo conscientes del peligro pero estas personas necesitas ser atendidas, y lo hacíamos sin pensar en el peligro que corríamos”, concluye.