Castilla-La Mancha, sin “centros de crisis” para víctimas de violencia sexual disponibles 24 horas

Se aproxima el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, y por este motivo Amnistía Internacional ha elaborado una pormenorizada investigación en torno al abuso sexual. Castilla-La Mancha, como ocurre con el resto de comunidades autónomas en España, no cuenta con “centro de crisis” que tenga personal multidisciplinar especializado en violencia sexual, y que esté disponible las 24 horas del día todos los días del año, tal y como establece el Consejo de Europa. De hecho, una de las conclusiones de este informe es que el miedo de las víctimas a no ser creídas, la estigmatización y la falta de confianza en las autoridades colocan a España por debajo de la media europea en el número de denuncias presentadas por violencia sexual.

Amnistía Internacional ha puesto en marcha la campaña #NoMásPiedras, que cuenta con el apoyo de más de 200 organizaciones, para reclamar, al lado de las personas que ya están en la calle, medidas rápidas y eficaces que planten cara a la violencia sexual.

Sin campañas de información que aclaren “qué hacer cuando has sido violada o has sufrido cualquier otro tipo de violencia sexual”, sin cifras que nos sitúen “ante una dimensión real de la violencia sexual”, sin políticas públicas que “protejan adecuadamente” los derechos de las mujeres y de las niñas y sin recursos especializados para atenderlas: esta es la realidad que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual en España. Y son algunas de las conclusiones de la investigación, que denuncia que los derechos de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en España “no están garantizados”.

En este sentido, Amnistía Internacional explica que desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, esta se enfrenta a “la falta de protocolos claros de actuación” y a la ausencia de “formación específica” de los profesionales que las atienden (policía, personal médico, forense y judicial). “Esto deja vía libre a estereotipos y prejuicios que ponen en duda los testimonios de las víctimas, minimizan las violaciones que sufren, e incluso las responsabiliza de las mismas”. La situación ha hecho que España se coloque en el puesto 25 de 32, en cuanto al número de denuncias presentadas por violencia sexual, 2,65 violaciones por cada 100.000 habitantes, según datos de Eurostat en 2015.

“Es necesario que esto cambie. Estamos viviendo un momento histórico en el que millones de mujeres han salido a la calle para decir que no consienten que las víctimas sean las únicas cuestionadas tras una violación, y que el Estado no tome medidas para protegerlas. Es un momento en que la gran mayoría de la sociedad no está dispuesta a consentir que mujeres y niñas se encuentren solas en un recorrido lleno de obstáculos que también viola sus derechos”, declara Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

A lo largo de 2018, Amnistía Internacional ha realizado una investigación recogiendo testimonios de mujeres, instituciones y organizaciones en varias comunidades autónomas, que han permitido detectar los obstáculos con los que se enfrentan las mujeres víctimas y proponer medidas urgentes para abordar un problema que afecta a demasiadas mujeres. 

Con esta investigación, ha detectado varios obstáculos principales, el primero de ellos la “invisibilización” del problema. También denuncia tres décadas en España sin políticas públicas específicas que han hecho que la mayoría de las mujeres no sepa “cómo actuar tras haber sido violada, acosada en el trabajo, o abusada desde la infancia”. “La falta de campañas informativas de atención o protección para combatir la violencia sexual deja a las mujeres sin saber qué hacer en momentos especialmente traumáticos, y las enfrenta a descubrir por su propios medios procedimientos diferentes según la comunidad autónoma en la que vivan”. 

La organización reconoce que en los últimos años se han producido importantes avances en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la pareja y ex pareja gracias a la ley integral de 2004, que sí contempla la protección de las mujeres que sufren violencia sexual en este ámbito. Pero recuerda que las mujeres que sufren una violación u otro tipo de violencia sexual por terceros conocidos o desconocidos, no se consideran víctimas de violencia de género y “son las grandes olvidadas de las políticas públicas”. Apunta que ni siquiera el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, incluye medidas de este tipo. 

Reforma del Código Penal

Considera por ello necesario y positivo el debate para la reforma del Código Penal de los delitos contra la libertad sexual, con un tipo específico de violación donde el elemento clave sea el consentimiento libremente otorgado, tal y como establecen los estándares internacionales y específicamente el Convenio de Estambul del Consejo de Europa. 

Hay otros problemas: lo que desde esta organización se ha denominado la “lotería” de las comunidades autónomas. Ha podido constatar cómo la falta de protocolos de actuación ante la violencia sexual enfrenta a las mujeres a diferentes tipos de atención según la comunidad autónoma en la que vivan. “La atención, la asistencia y protección de las víctimas no puede ser una lotería que dependa del sitio en el que vives o del tamaño de la localidad en la que ha ocurrido la agresión o donde se denuncie. A esto se añade que en todas las comunidades autónomas hay importantes carencias en cuanto a la protección de las víctimas de violencia sexual”, manifiesta Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional España. 

Ninguna de las 17 comunidades autónomas cuenta con “centros de crisis” (Rape Crisis Center), es decir, centros con personal multidisciplinar con una verdadera especialización en violencia sexual, disponibles las 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año, tal y como establece el Consejo de Europa. Además, nueve autonomías (Aragón, Baleares, Canarias,  Extremadura, Euskadi, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra, además de Ceuta y Melilla), carecen de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual. Castilla-La Mancha habilitó el pasado mes de septiembre un servicio gratuito de asistencia. 

Falta formación con perspectiva de género

A ello se une la falta de una adecuada formación con perspectiva de género de las personas que atienden a víctimas de violencia sexual, lo que “pone en riesgo el respeto de los derechos de las mujeres”. “La ropa de la víctima, la hora en que se produjo la violación, si había bebido o no, su nacionalidad, no pueden ser argumentos utilizados para mermar su credibilidad cuando llegan a comisaría a poner una denuncia, o cuando son atendidas en un hospital por personal forense. La suerte de la víctima no puede depender de la sensibilidad de la persona que la reciba”, añade el estudio.

Otros problema señalado es el hecho de que sea necesario que la víctima presente una denuncia para que se garantice la intervención de personal forense. “Limitar una atención adecuada, el acompañamiento o la protección a la presentación de una denuncia, deja sin atención y protección a muchas mujeres que no denunciarán porque creen que no las van a creer, porque tienen miedo a la estigmatización, porque han sido violadas, abusadas por sus jefes y pueden perder su trabajo, o porque han sido violadas por familiares y temen ser rechazadas por su entorno más cercano”.

Finalmente, realiza una serie de peticiones entre las que se encuentran: recopilar datos que permitan dimensionar este problema; crear servicios especializados como teléfonos disponibles las 24 horas del día; revisar, actualizar y garantizar la aplicación el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género, incluida la violencia sexual, de 2012; reformar el Código Penal en lo referente a todos los delitos sexuales que afectan mujeres y niñas; facilitar asistencia letrada gratuita e inmediata a las víctimas; e impulsar la reparación de las víctimas, no solo desde el punto de vista de una compensación económica, sino contemplando la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.