El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al acuerdo con el Ejecutivo central de Pedro Sánchez para retirar el recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional mediante el cual esta comunidad autónoma reclamaba el importe adeudado por el IVA de 2017 del sistema de financiación autonómica. Lo ha hecho tras recibir notificación del Ministerio de Hacienda y Función Pública de que se abonará ese importe en las próximas semanas. Este conflicto procede del cambio de reglamento que el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó ese año y que ha supuesto una deuda de financiación del Estado con todas las autonomías.
En este caso, Castilla-La Mancha debía percibir esa cantidad en 2019 y desde entonces ha venido reclamándola, cifrando la deuda en 135 millones de euros. Finalmente, la comunicación del Ministerio la sitúa en 136,6 millones de euros, ligeramente superior a lo reclamado, y muy superior a la primera estimación realizada, que era de 122 millones de euros. A esa cantidad, deben sumarse los intereses por la demora hasta que se realice la transferencia, lo que el Ejecutivo castellanomanchego cifra en siete millones de euros. Con todo ello, la cantidad final sería de unos 143 millones de euros.
Así lo ha detallado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha mostrado su orgullo por “cómo han afinado” los empleados de la Consejería a la hora de cuantificar la deuda, y ha avanzado que el acuerdo adoptado hoy se remitirá al Ministerio, que “se ha comprometido a hacerlo efectivo en próximas semanas” a través de orden ministerial.
El consejero ha recordado que el cambio de reglamento en la financiación autonómica que provocó el no cobro del IVA de 2017 fue una medida del Gobierno de Rajoy y que Castilla-La Mancha ya avisó entonces de las repercusiones financieras que conllevaría. Por eso, ha dicho echar de menos alguna crítica del PP a las decisiones de ese gobierno.
“Lo mejor ha sido llegar a un acuerdo con la Administración del Estado y la satisfacción de conseguir lo que demandaba la comunidad autónoma. Por eso ponemos en valor la voluntad del Gobierno de la nación por intentar solventar un problema heredado de la Administración de Rajoy que afecta a al dinero de la ciudadanía”, ha concluido.
Este acuerdo ya lo avanzó ayer el presidente regional, Emiliano García-Page, quien además adelantó que el dinero de esa deuda se destinará principalmente a políticas de educación, dependencia y a un nuevo fondo de ayudas sociales para aquellas personas más vulnerables que han quedado excluidas de las rentas básicas.