Ha sido uno de los frentes abiertos entre el Gobierno de Emiliano García-Page y el de Pedro Sánchez: el dinero que el Estado adeuda a Castilla-La Mancha y al resto de comunidades autónomas por la liquidación del IVA de 2017, debido a un cambio de reglamento en el modelo de financiación que realizó, en tiempos del Gobierno de Rajoy, en detrimento de las autonomías. El Ejecutivo castellanomanchego recurrió en su momento esta decisión ante la Audiencia Nacional y tras anunciar el Ministerio de Hacienda que abonaría esta cantidad, el Gobierno central afirmó que el recurso no se retiraría hasta que la devolución del importe fuera efectiva.
Ese momento ha llegado y así lo ha anunciado hoy García-Page. Según ha dicho, mañana se formalizará el acuerdo con el Gobierno de España tras este pleito, del que Castilla-La Mancha se ha retirado tras haberlo “ganado”. En concreto, el Estado transferirá casi 140 millones de euros a la comunidad autónoma en virtud de esta vía “extrajudicial” y que el Gobierno regional exigía como parte del fondo para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
Pero aparte, el presidente autonómico ha adelantado que ese dinero se dedicará fundamentalmente a tres partidas. Las dos primeras se destinarán a acciones en educación para “seguir creciendo”; y a políticas de dependencia, porque “cada vez hacemos que la gente viva más porque vive mejor”, donde ha incluido también programas de salud mental.
En cuanto al tercer bloque, García-Page ha avanzado que esta comunidad autónoma va a presentar en las próximas semanas una nueva ayuda social o fondo “ultraespecífico” destinado a las personas más vulnerables, para “terminar de dar un empujón a familias excluidas de la renta básica o de otros fondos de ayuda”. “Estas medidas las haríamos igual sin esos 140 millones, pero vamos a aprovechar esta transferencia para hacerlo”, ha recalcado.
De igual forma, el presidente de Castilla-La Mancha ha incidido en la necesidad de que mientras dure la pandemia, es “impepinable” que gobierne quien gobierna en España, las autonomías sigan necesitando fondos adicionales para hacer frente al gasto, porque una parte del gasto COVID “va a seguir siendo recurrente”, poniendo como ejemplo la necesidad de financiar los planes de choque para reducir listas de espera en el sector sanitario.