1.000 euros más en costas judiciales a pagar por la Junta
La sentencia que obliga a la Junta a readmitir a los 391 interinos que despidió hace más de dos años de manera ilegal, como ha sentenciado la justicia, deja un pago en costas extra a la Junta de Comunidades de otros 1.000 euros a cargar a las arcas públicas por un recurso presentado por el Gobierno de Cospedal unilateralmente.
Este pago se une a la sentencia en sí que dicta que antes del 16 de diciembre, los trabajadores deben haber vuelto a su puesto de trabajo, o la Junta se enfrentará a un delito de desobediencia a la justicia. El reestablecimiento de sus puestos de trabajo no quita que deban cobrar todo el tiempo que la Junta ha decidido eliminarles del organigrama público de manera ilegal, en total casi 30 mensualidades cada uno de los trabajadores, un gasto total de 30 millones de euros y diario de 36.000 euros.
No obstante la mesa sectorial con los sindicatos para valorar e implementar el plan para readmitir a estos trabajadores sigue sin convocarse, a pesar de que la Junta tiene menos de un mes para hacerlo. Los propios sindicatos han calificado toda la maniobra del Gobierno de Cospedal de “provocada con fines electoralistas” buscando dilatar en el tiempo todo el proceso lo máximo posible, llegando incluso a mentir en la retirada de un recurso que finalmente no ha sido así, sino que fue rechazado por la justicia.
Todos los organismos de trabajadores señalan como principales culpables de esta “pifia” al consejero de Administraciones Públicas, Leandro Esteban, cuyas decisiones erróneas han costado solo este mes 57'7 millones de euros a la Junta, y al director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente.
