El nuevo Gobierno eliminará copago y emisión de facturas para inmigrantes 'sin papeles'
De manera inmediata o a corto plazo, el conjunto de medidas que el PSOE de Castilla-La Mancha ha firmado para obtener el apoyo de Podemos a la investidura de Emiliano García-Page como presidente, tiene en su bloque social su parte más sustancial. El Plan de Rescate Ciudadano y la defensa de los derechos sociales de la formación morada ha sido su caballo de batalla desde el inicio de las negociaciones y en el texto acordado con los socialistas queda reflejado mediante un bloque de medidas sujetas a diferentes plazos y precisiones, y que coinciden en algunos puntos con el programa electoral del PSOE.
Una de las medidas fundamentales para comprender cómo se pondrán en marcha las iniciativas de ese rescate social es el compromiso de realizar, antes del próximo mes de agosto, una “foto fija” del estado real de las cuentas de la Junta de Comunidades, con la publicación de los informes internos de evaluación por consejerías y provincias. Con esos datos se procederá a realizar una Ley regional de Auditoría antes del próximo 20 de noviembre.
Este diagnóstico resultará primordial para elaborar un Plan de Recuperación de Servicios Externalizados para la “absorción” de aquellos otros que generan sobrecoste o no estén desempeñando correctamente sus funciones, con el fin de eliminar “el mal uso de los fondos públicos”. Es en noviembre, tras esa foto fija, cuando el PSOE se compromete a constituir con carácter de urgencia la Comisión Gubernamental encargada de hacer una primera evaluación de los sobrecostes de los procesos de externalizacion.
El documento incluye además la auditoría de los sistemas sanitarios antes también de noviembre, defendiendo el carácter público de los hospitales de Villarrobledo, Almansa, Manzares y Tomelloso, y reivindicando la gestión pública de los hospitales de Toledo, Guadalajara y Cuenca, junto con la ampliación del de Albacete.
Abordada la cuestión de la auditoría de las cuentas, el acuerdo entre PSOE y Podemos contempla un Plan Integral de Lucha contra la Desigualdad Social, con una primera dotación anual de 500 millones de euros que ya estarían incluidos en los Presupuestos regionales de 2016. Este monto se destinaría a varias medidas. La primera de ellas es un plan regional contra la pobreza energética que contempla la recuperación del servicio público de los suministros de electricidad y gas; y que no se pueda acordar el corte de suministro cuando se trate de la vivienda habitual y cuando el impago de la factura sea debido a motivos ajenos a su voluntad y en particular por pobreza sobrevenida. De igual forma, la factura mensual de electricidad o gas para personas en estas circunstancias no podrá ser superior al 10 por ciento de los ingresos mensuales.
La prioridad presupuestaria se aplicaría también en la asignación de recursos para afrontar la pobreza infantil y especialmente la malnutrición infantil. Reforzar los servicios de comedor en escuelas infantiles, colegios de primaria e institutos de secundaria, aumentar el número de plazas gratuitas con servicio de comedor, y reforzar canales normalizados de distribución de alimentos, forman parte de este Plan Social que también sería de aplicación inmediata.
Solo para pobreza económica, en los 30 primeros días de Gobierno se destinarán 1,5 millones de euros en ayudas de emergencia social. Se trata del equivalente a la cantidad que en 2012 el Gobierno de María Dolores de Cospedal dejó de ejecutar aun teniendo dicha cantidad presupuestada. A ello se añadirá la reforma y coordinación del Ingreso Mínimo de Solidaridad, con el aumento de la actual cuantía mensual (372,26 euros), tendiendo a alcanzar el importe del Salario Mínimo Interprofesional anual. Para 2015, este importe está fijado en 9.080 euros anuales en 14 pagas, es decir, 648 euros mensuales, por lo que objetivo sería doblar de forma progresiva ese ingreso de solidaridad.
Derecho universal a la salud, empleo público y educación
Cuestión relevante resulta también el apartado dedicado al derecho universal a la salud. Mediante el acuerdo se garantiza de forma inmediata esta cuestión a través de políticas propias, frente al denominado Decreto de ‘Exclusión Sanitaria’ aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012: eliminación del copago, supresión de emisión de facturas por la atención médica y universalidad “con independencia del origen y situación administrativa de las personas, especialmente para las personas en situación administrativa irregular, sin recursos o en situación de vulnerabilidad”.
Aunque el acuerdo entre PSOE y Podemos no incluye ningún apartado específico dedicado al empleo (una de las críticas que ha realizado el PP) sí contempla recuperar empleo público en sanidad y educación. Se negociará con sindicatos recuperar de forma paulatina el empleo público “destruido por las privatizaciones injustificadas”, especialmente el relacionado con los servicios públicos de educación y sanidad. De forma inmediata se aprobará un plan de choque de empleo para la incorporación de nuevos profesionales al sistema sanitario, y que se reflejará en la contratación de 1.000 nuevos profesionales en el primer año de Gobierno.
Respecto a la educación, el pacto incluye igualmente la reducción, antes de enero de 2016, de los periodos lectivos semanales de docencia directa impartidos por el profesorado mediante la derogación del decreto de septiembre de 2011 mediante el que se aumentaron.
