Plataforma de Interinos y Solidaridad Obrera buscan fondos para impugnar la última oferta de empleo público
En respuesta a la reciente publicación del acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público (OPE) para el año 2023, la Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha, en colaboración con el sindicato Solidaridad Obrera, han anunciado el lanzamiento de una campaña conjunta para recaudar fondos y llevar a cabo la impugnación de la mencionada oferta de empleo público.
La Plataforma de Interinos ha estado en comunicación con Solidaridad Obrera, especialmente presente en el SESCAM para reeditar su ya larga historia de colaboraciones en la defensa de este colectivo.
Con un plazo de dos meses para interponer la impugnación, la demanda se centrará en esta ocasión en el incumplimiento por parte del Gobierno regional del decreto que otorga una segunda oportunidad a la administración para resolver la vulneración de los derechos de las personas que ocupan plazas temporales fundamentalmente en educación y en sanidad.
También buscar hacer cumplir la Disposición Adicional Octava de la Ley de Medidas Urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Lograr la “justicia laboral”
La Plataforma de Interinos de Castilla-La Mancha y el sindicato Solidaridad Obrera hacen un llamado a la solidaridad y apoyo de la comunidad de temporales para “lograr la justicia laboral que merecen todos los afectados y afectadas en la región”.
Ambas organizaciones tienen experiencia previa en impugnaciones, habiendo culminado con éxito las campañas de financiación que precedieron a las impugnaciones de las OPE de los años 2018, 2019 y 2022, estando esta última actualmente en curso a la espera de respuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a pruebas documentales solicitadas por la sala del Tribuanal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que ha visto “indicios de supuestas irregularidades”.
El objetivo de recaudación es de 6,000 euros, destinados a cubrir los costos asociados a varios procesos judiciales, así como a la provisión de fondos para costas y posibles reclamaciones al Tribunal Supremo.
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