Page deja para final de legislatura una ley “urgente” para crear vivienda pública con trámites urbanísticos más “ágiles”

Que Castilla-La Mancha tuviera una Ley de Vivienda propia fue una de las promesas que Emiliano García-Page realizó en su primer debate de investidura, en 2015. En esa legislatura gobernó con Podemos y llegó a redactarse una normativa que finalmente no salió adelante. Lleva desde entonces en un cajón. En la última década, todas las medidas sobre vivienda del Gobierno regional se han realizado vía decretos, ayudas y planes.

El pasado mes de mayo, el propio Page presentó, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, una 'Agenda de Acción por la Vivienda' con horizonte 2030. Se trata de un conglomerado de medidas, algunas ya puestas en marcha y otras todavía pendientes, entre las que se incluían varias modificaciones regulatorias de la comunidad autónoma.

Y ahora, en el tramo final de la legislatura, que culmina en la primavera de 2027, el Gobierno ha decidido unificar parte de todos esos cambios en una única norma. La iniciativa parte del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, que ha elevado al pleno de este jueves, día 17 de septiembre, una proposición de ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha. Se tramitará por la vía de urgencia, es decir, acortando plazos. Su aprobación está prevista para noviembre.

Esta misma semana, Page ya ha dejado caer algunas iniciativas concretas que se derivarán de la aplicación de esta ley. Por ejemplo, ha anunciado que parte del antiguo Hospital Virgen de la Luz de Cuenca se destinará a viviendas, aunque no aportó más detalles al respecto.

Una situación idéntica es la que tiene el edificio del antiguo Hospital Virgen de la Salud de Toledo, hoy en desuso, y sobre el que no hay una decisión definida en cuanto a su utilidad en el futuro. Ayer, Movimiento Sumar Toledo ha planteado que se estudie la viabilidad de dedicar parte del antiguo centro hospitalario a “vivienda pública y asequible”, avanzaba su portavoz José Luis Resuela, aprovechando precisamente el anuncio realizado por el presidente regional sobre viejo edificio del hospital conquense.

Hoy, el alcalde de Toledo Carlos Velázquez, que ha reconocido en varias declaraciones públicas que hace falta vivienda en la ciudad, también ha verbalizado esta posibilidad, pero advierte: antes la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) deben clarificar la propiedad de este edificio. El Gobierno de España ya respondió a varios senadores del PP por Toledo el pasado mes de junio: el trámite está en marcha.

Reconversión de edificios públicos en viviendas

Es una cuestión que está en el espíritu de la nueva norma: una de sus principales novedades es que permitirá al Ejecutivo autonómico la reconversión de los edificios públicos para que se puedan ser “preferentemente” en viviendas. El presidente también avanzó que con la nueva norma se generarán alrededor de un millar de viviendas más con protección pública.

Pero, ¿cuáles son las líneas generales de la nueva normativa? Según el texto consultado por este periódico, en líneas generales, articula un marco integral estructurado en dos grandes bloques normativos, más un conjunto de reformas reglamentarias. Por un lado, las medidas en materia de vivienda, y por otro, las referidas a suelo y urbanismo, aunque en muchos casos, ambos bloques son transversales.

Respecto al primer eje, el Gobierno de Page va a modificar la Ley autonómica que regula las modalidades de viviendas de protección pública, y que data de hace 25 años. La principal novedad es que va a facultar a la Administración autonómica y a los ayuntamientos para constituir parques públicos de vivienda destinados al acceso de jóvenes y colectivos vulnerables.

Este punto se realizará mediante dos modalidades: vivienda dotacional pública (la desarrollada sobre terrenos o equipamientos públicos) y vivienda social para colectivos en riesgo de exclusión. Esta última estará vinculada a itinerarios de inserción diseñados por los servicios sociales.

Dentro de este primer bloque, la nueva ley ordenará el patrimonio público y residencial del Gobierno regional para que sea “separado, finalista y circular”. El objetivo es que se integre en el patrimonio público de suelo.

Esto quiere decir que sus fondos se destinarán exclusivamente a la adquisición de suelo residencial, promoción de Vivienda Pública Ofical (VPO), rehabilitación del parque público y actuaciones de renovación en el medio rural o zonas despobladas. Se financiará mediante consignaciones presupuestarias, ingresos patrimoniales, multas, donaciones y el 80% de las fianzas de arrendamientos urbanos.

Al permitir que edificios de uso público se destinen a viviendas, la nueva ley no olvida regular los “desahucios administrativos”: rescisión de contratos de alquiler de esos inmuebles por falta de pago, no destino a vivienda habitual, subarriendo, obras no autorizadas o actividades molestas. Esta medida incluirá el procedimiento de desahucio y recuperación de oficio, aunque requiere autorización judicial para la entrada al domicilio.

Parque social y protección permanente mínima para 50 años

En cuanto a la gestión del parque social de la Junta de Castilla-La Mancha, la nueva norma establece que se formalizará mediante contratos administrativos (arrendamiento, cesión de uso o precario por razones sociales). Se habilita asimismo a la Consejería de Fomento a conceder moratorias individualizadas en el pago del alquiler por “motivos sociales debidamente justificados”.

La nueva norma también incluye el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida. Es una plataforma que en realidad ya existe en la región. Ahora el Gobierno reestructurarlo como registro administrativo regional para asegurar la gestión, control, publicidad y concurrencia transparente en las adjudicaciones.

Otra novedad que las viviendas protegidas, ya sea venta o en alquiler, y que están financiadas con fondos europeos o por el Plan Estatal de Vivienda, pasarán a tener un régimen de protección de carácter permanente, con una duración mínima del régimen de alquiler de 50 años desde su calificación definitiva,

El segundo bloque de nueva norma, el referido a las medidas en materia de suelo y urbanismo supone la modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU).

Su principal medida se centra en los Planes de Rehabilitación Urbana. Será una nueva figura de planeamiento para intervenir en ámbitos urbanos residenciales con infravivienda o degradación industrial o ambiental. El texto permitirá, en planes especiales, reclasificar suelo rústico a urbanizable en municipios con necesidades acreditadas de vivienda en zonas escasamente pobladas, siempre que la trama urbana consolidada no pueda absorber la demanda. En estos supuestos, los plazos de tramitación y de aprobación de los Planes de Actuación Urbanística (PAU) se reducirán a la mitad y se eliminará la necesidad de consulta previa.

Además, en parcelas urbanas o urbanizables con uso terciario o dotacional privado, se autorizará la implantación de vivienda protegida con eficacia inmediata y sin necesidad de modificar el planeamiento. Se otorgará un plazo de cinco años para solicitar licencia y tres años para finalizar obras, corriendo los costes de infraestructuras exteriores a cargo del promotor.

Otra cuestión muy relevante en este bloque es que en parcelas destinadas a vivienda protegida en suelo urbano, se permite incrementar hasta un 20% la edificabilidad máxima y hasta un 30% la densidad residencial, pudiendo autorizarse un aumento de altura de hasta dos plantas sobre lo permitido por el planeamiento.

También se habilitará un procedimiento excepcional para transformar parcelas e inmuebles del sector público regional en vivienda protegida o dotacional, prevaleciendo sobre las determinaciones incompatibles del planeamiento municipal.

Infraestructuras de “interés” para ejecuciones residenciales

Más novedades: las infraestructuras de energía necesarias para posibilitar ejecuciones residenciales protegidas podrán ser declaradas de “interés público autonómico” por el Consejo de Gobierno, lo que conllevará la tramitación de urgencia a “efectos expropiatorios”. De igual forma, la Consejería de Fomento articulará ayudas “en especie” (redacción técnica de planes generales o revisiones) dirigidas a municipios de menos de 10.000 habitantes.

Finalmente, otras precisiones de la futura ley en la parte referente a suelo y urbanismo refieren que las parcelas para vivienda protegida se adjudicarán por concurso valorando las políticas públicas de vivienda, fijando un límite mínimo de venta no inferior al 50% de su valor tasación.

En este punto, hay una cuestión también relevante: se concede un plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la nueva norma para que los municipios puedan acordar motivadamente no aplicar, condicionar o limitar territorialmente los cambios de uso y los aumentos de edificabilidad en sus términos municipales.

El pleno regional de este jueves, día 17 de septiembre, será el pistoletazo de salida para esta nueva ley. Se debatirá su toma en consideración para posteriormente tramitarla en comisión, con las enmiendas que incorporen los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox) y en pleno. Una vez aprobada por el pleno, quedará promulgado y entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).