La Junta de Castilla y León se desdice y lleva a los tribunales al Ayuntamiento de Burgos por prohibir el juego en zonas residenciales

La Junta de Castilla y León ha decidido llevar a los tribunales al Ayuntamiento de Burgos por no suspender la modificación del PGOU por la que previamente había informado de forma favorable. El cambio con el que ahora no está de acuerdo el Gobierno autonómico es el de establecer una categoría específica de Uso Terciario Recreativo que contribuya a prevenir los riesgos en la salud del juego patológico. Este cambio fue promovido por la Asociación para la Rehabilitación del Juego Patológico de Burgos“ (ABAJ).

En concreto, la modificación del PGOU, establece que en las zonas de uso característico residencial, no se reconozca como compatible el uso de las actividades de juego regulado, (salas de apuestas, casinos, etc) y que solo se permitan en la zonas de uso característico de actividades económicas. El cambio se aprobó inicialmente el 18 de junio de 2020, con el informe previo favorable de la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento y con el apoyo de todos los grupos municipales (PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Podemos), y definitivamente el 22 de enero de este año.

Sin embargo, tras haber informado favorablemente, publicarse y entrar en vigor el nuevo PGOU, entró en juego la Consejería de Presidencia, que tras solicitar información al Ayuntamiento en marzo y en abril, acabó emitiendo una orden de suspensión de la ejecutividad del PGOU. Se basa en la Ley de Mercado para afirmar que “la limitación de la oferta es una medida extrema de intervención pública sobre la actividad económica que tiene que ser muy razonada para resultar compatible con el artículo 38 (Libertad de empresa en el marco de economía de mercado) de la Constitución Española”. Alude además al Derecho Comunitario Europeo, que indica que hay límites a la discrecionalidad de los estados miembros para determinar objetivos e instrumentos en su política en materia de juego, y por último, considera que el Ayuntamiento carece de competencias, que estas, pertenecen a la Junta. Así, en mayo dio un mes de plazo para suspender el PGOU, algo a lo que el Ayuntamiento se negó. El alcalde, el socialista Daniel de la Rosa lo explicó en una rueda de prensa en la que compareció con el resto de grupos políticos. Así, precisó que “la Junta tiene las competencias de las salas de juego, pero el Ayuntamiento es el competente para calificar el uso del suelo y que la decisión sobre el suelo municipal es ”competencia exclusiva del Ayuntamiento“ y por tanto no invade la de la Junta.

El siguiente paso de Presidencia, en manos de Ángel Ibáñez, que fue concejal del PP en el Ayuntamiento de Burgos hasta junio de 2015, ha sido interponer un recurso ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. De la mano de la Junta van media docena de colectivos vinculados al juego: Casino Ribera del Tormes SAU, Federación de Empresas Operadoras de Castilla y León Faocale, Asociación de Empresarios de Salas de Juego de Castilla y León (Sajucal), Asociación Regional de Empresas Operadoras y Asociaciones de Castilla y León (Aseocyl), Asociación Empresarial de Juego Autorizado de Castilla y León (Asecal) y Casino de León SAU.

La situación es inédita, puesto que una Consejería, la de Presidencia, se pronuncia de manera contraria a otra, la de Fomento y a pesar de que el primer informe favorable que se emitió debería haberse conocido por Presidencia antes de haberse aprobado. Ninguna de las dos Consejerías ha explicado al Ayuntamiento por qué lo que es legal para la otra y por qué ese error, si lo hay, no se detectó antes de que se aprobase el Plan General. No es la primera vez que en Burgos se modifica el PGOU en favor de las casas de apuestas: hasta 2016 en Burgos no se permitían las salas de juego en todas las zonas residenciales, pero se modificó en 2016 para permitirlo. Ahora, la Junta pretende retomar esa situación.

Una situación similar en Sevilla

Pero el de Castilla y León no es el único Gobierno capaz de enfrentarse a un ayuntamiento en defensa de las casas de apuestas y salas de juego. El Ayuntamiento de Sevilla (PSOE) también intentó limitar la actividad de estos negocios, prácticamente a la vez que Burgos, y se dio de bruces con la Junta de Andalucía- curiosamente también gobernada, como Castilla y León por PP y Ciudadanos), que le advirtió que impugnaría “cualquier modificación puntual de las normas urbanísticas en relación con las distancias mínimas de salones de juego y casas de apuestas al ser una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía”. El Ayuntamiento desistió de seguir adelante con la modificación puntual que se iba a acometer del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con un triple objetivo: que estos negocios no se concentren en barrios desfavorecidos, que estén separados entre ellos por 250 metros y que se ubiquen a más de 500 metros de equipamientos sanitarios, educativos y deportivos.