El calendario judicial, otro condicionante del adelanto electoral en Castilla y León

Era un factor con el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no contaba cuando hace semanas se planteó la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas a la próxima primavera. La Semana Santa, que en 2022 cae a mediados de abril, y el Día de la Comunidad, el sábado 23 del mismo mes, eran las únicas fechas que en principio podían condicionar la convocatoria electoral. Sin embargo, ha irrumpido después en escena un calendario judicial un tanto contraindicado para los intereses electorales del PP de Castilla y León.

La vista oral del caso Perla Negra-Polígono de Portillo, que comienza el 14 de marzo, ha cobrado nueva dimensión mediática tras conocerse que entre los testigos propuestos por uno de los principales acusados, el ex viceconsejero Rafael Delgado, figuran el ex presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y la ex consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. Dos comparecencias de gran interés para esclarecer cómo se gestaron unos sobrecostes que la Fiscalía valora en 23,6 millones de euros.

 La citación a Herrera subsana una omisión ciertamente llamativa, cual es que no fuera a declarar durante la instrucción, lo que parecía obligado después del testimonio prestado por Pablo Trillo, ex consejero de Gesturcal, quien puso al corriente al entonces presidente del coste, a su juicio desorbitado, que la Junta se disponía a abonar por la Perla Negra. Conocida la revelación de Trillo, Herrera reconoció públicamente haber supervisado y dado el visto bueno a la operación, culminada según el ministerio fiscal con un sobrecoste superior a los 20 millones de euros.

 Pilar del Olmo declaró durante la instrucción, pero como si no lo hubiera hecho. Como aforada se acogió a su derecho a declarar por videoconferencia y no aclaró absolutamente nada sobre lo investigado, asegurando que los cargos públicos de su consejería presentes en Gesturcal no le mantenían informada sobre el asunto.

 Dado que el patrimonio inmobiliario de la Junta compete a la consejería de Hacienda, a Del Olmo le correspondía en origen gestionar la adquisición del polémico edificio, responsabilidad que delegó en el entonces titular de Economía, Tomás Villanueva. A partir de ahí, pese a desentenderse políticamente del caso, su firma aparece en otros trámites del procedimiento.

 No es de esperar que los testimonios del expresidente de la Junta, actual consejero nato del Consultivo, y de la exconsejera, ahora jefa de filas del PP en el ayuntamiento vallisoletano, arrojen mucha luz. Pero es evidente que van a elevar el interés mediático de una vista oral que se va a prolongar hasta el 29 de abril, justamente durante un mes y medio.

 Cierto que ni en este caso ni en parejo de la “trama eólica” aparece ningún indicio sobre presunta financiación irregular del PP, pero la exposición de ex altos cargos de la Junta, unos como acusados y otros como testigos, no constituye precisamente el mejor reclamo electoral para Alfonso Fernández Mañueco.

 El “Cui Prodest” de Mañueco.- Más comprometido políticamente para Mañueco es el caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca, que le pilla muy de cerca por estar directamente relacionado con las primarias autonómicas del PP en las que el actual presidente se impuso al leonés Antonio Silván. Tras un primer carpetazo por parte del Juzgado de Instrucción, la Audiencia Provincial de Salamanca estimó en 2020 un recurso de la acusación (Foro Izquierda-Los Verdes) y ordenó la reapertura de las diligencias por un presunto delito de financiación ilegal.

  Las distintas pruebas practicadas desde entonces han ido poniendo de manifiesto la chapucera “colecta” organizada por responsables del PP salmantino con el fin de recaudar fondos con los que pagar las cuotas atrasadas de militantes que no estaban al corriente de pago, ya que esto último era requisito imprescindible para poder votar.

 La convocatoria de estas primarias dejó al descubierto la verdadera implantación del PP de Castilla y León, que presumiendo de contar con 51.191 militantes, una vez transcurrido el plazo para poner las cuotas al día tan solo tuvieron a votar 6.819.

 Salamanca fue la provincia que más se aplicó en esa operación de puesta al día, consiguiendo así incluir en el censo a unos 800 afiliados que no estaban al corriente de pago y vieron satisfechas sus cuotas gracias a los más de 60.000 euros recaudados de aquella manera. De los 1.235 que votaron, el 98 por ciento a favor de Mañueco. 

 El caso sigue abierto con el consiguiente riesgo de que dirigentes de del PP salmantino, con su presidente, Javier Iglesias a la cabeza, puedan ser investigados como responsables de un delito de financiación ilegal. Iglesias es a la sazón presidente de la Diputación provincial, desde donde el grupo popular centralizó la recaudación.

 De coincidir ello con un proceso electoral, Mañueco sufriría el grave revés de un “cui prodest” que de alguna manera deslegitimaría su victoria sobre Silván en aquellas primarias de 2017. Y dados los tiempos de la Justicia, resulta imposible de predecir en qué momento se dará por concluida la instrucción del caso.

 Entretanto, el PP sigue alimentando el relato para justificar el adelanto electoral en esa segunda moción de censura que el PSOE tiene opción de presentar a partir del 10 de marzo. “El PSOE tiene como único objetivo presentar una moción de censura en marzo” insiste el portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, a sabiendas del repudio socialista hacia los 11 procuradores de Ciudadanos, sin el apoyo de algunos de los cuales la iniciativa está condenada al fracaso. Su colega el portavoz naranja no ha podido dejar más claro su rechazo a una alianza con los socialistas: “Antes somos capaces de rociarnos con napalm”, ha dicho David Castaño. En estos momentos el enfrentamiento del PSOE con Ciudadanos es igual de enconado con los afines a Inés Arrimadas que con la facción que encabeza Igea.  

COSAS VEREDES

Tres dimisiones, tres.- Desde septiembre para acá son ya tres los altos cargos de la Junta que han dimitido aduciendo los socorridos “motivos personales”. Primero fue la gerente regional del ECYL, Milagros Sigüenza, superviviente en su momento de la purga aplicada por la consejera Ana Carlota Amigo al equipo de su antecesor, Germán Barrios.

 A mediados de octubre, en plena crisis de la reforma de la atención primaria, dimitía el director general de Planificación Sanitaria. Alfonso Montero, el único alto cargo de la etapa anterior mantenido por Verónica Casado.

 Y la tercera renuncia la protagonizaba la pasada semana el director general de Transparencia, Joaquín Meseguer, sin que en este caso consten desavenencias con el titular de la consejería, Francisco Igea. Meseguer era el segundo alto cargo de la Junta mejor pagado (88.553 € anuales), superado únicamente por el consejero Suárez Quiñones (88.877 €).  

 Como se observará, las tres dimisiones se han producido en consejerías en manos de Ciudadanos.

¿Quién se oculta detrás del sondeo de Metroscopia?.-¿Quien ha encargado y pagado el sondeo de intención de voto en Castilla y León realizado por el Instituto Metroscopia y cuyos resultados se ha encargado de difundir la agencia Ical? La pregunta es pertinente, puesto que el sondeo no responde a un encargo de Ical, que simplemente informa de que se trata de una encuesta “conocida” por la agencia.

 Al margen lo sospechoso que resulta que el promotor del sondeo se oculte bajo el anonimato, sus resultados confirman un eventual vuelco político en la comunidad, aunque con diferente alcance al pronosticado en encuestas anteriores. La subida del PP le situaría entre 34 y 37 escaños, por debajo de la mayoría absoluta (41). El PSOE caería hasta los 27-29 y Ciudadanos perdería 11 de los 12 conseguidos en 2019.

 La gran novedad sería el subidón de Vox que se dispararía hasta los 10 u 11 procuradores. Unidas Podemos podrá pasar de 2 a 3, la UPL conseguir un segundo escaño y “Por Ávila” no tiene garantizado mantener el que tiene.

El lapsus de Maroto.- Conocer el número de provincias de que consta la comunidad autónoma a la que representas es lo mínimo que puede exigirse a un senador designado por el Parlamento Autonómico. Y aunque lleva ya más de dos años ostentando dicha representación, el vasco Javier Maroto no parece estar todavía muy familiarizado con un dato tan elemental.

“Los Presupuestos Generales del Estado no son diferentes en Burgos que en las otras siete provincias de Castilla y León”, afirmó la pasada semana durante un encuentro mantenido en la capital burgalesa con diputados y senadores del PP de las nueve provincias de la comunidad. Después de que por debajo de la mascarilla alguien le susurrara el dato, Maroto corrigió y elevó a ocho el resto de las provincias.