Otra opción de Mañueco: Cesar al dúo Igea-Casado y recomponer el pacto con Ciudadanos

La tormenta política desatada la pasada semana en el seno de la Junta a raíz de que el presidente Fernández Mañueco desautorizara sin ningún miramiento a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y por ende a su mentor, el vicepresidente Francisco Igea, ha desencadenado la psicosis de un adelanto electoral en Castilla y León. Algunos círculos sitúan esos eventuales comicios antes de que finalice el año y algún medio ha aventurado la fecha del último domingo de noviembre. Otros piensan que

Mañueco puede esperar a 2022, anticipándose en todo caso a la moción de censura que el PSOE vuelve a tener opción de presentar a partir del 10 de marzo. Si antes de la pasada semana ya se daba casi por descontado que un eventual adelanto en Andalucía arrastraría otro en Castilla y León, no digamos después de este episodio, que ha puesto abrupto fin al idilio político vivido por Mañueco e Igea a partir de su inicial matrimonio de conveniencia. Pero para adelantar elecciones aquí en solitario al PP de Mañueco (y a Génova, que ha de dar el visto bueno) les falta por el momento el argumento de peso que las haga justifique ante la opinión pública. Y en los seis meses que faltan hasta marzo ese argumento no puede ser otro que la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos, algo que hoy por hoy no se ha producido.

Crisis, ¿Qué crisis?

A mi modo de ver no ha sido el pacto de gobierno entre ambos partidos lo que ha entrado en crisis. Y así lo ha dejado muy claro Inés Arrimadas, subrayando de paso su “excelente” relación con Mañueco. Lo ocurrido es algo muy distinto: el presidente de la Junta ha puesto pie en pared ante el permanente desafío a su autoridad por parte de dos de los miembros de su gobierno nombrados en su día a instancias de Ciudadanos. Y los ha desautorizado públicamente de forma descarnada apoyando en las Cortes una proposición socialista que manda a la papelera la reforma de la atención en la que se habían obstinado los susodichos. Y no solo eso: ha ordenado iniciar una negociación con el PSOE en busca de un consenso sanitario sobre la base de dicha resolución parlamentaria.

En una democracia normalizada, la consejera y el vicepresidente tendrían que haber dimitido irrevocablemente. Era la única salida digna ante tamaña desautorización presidencial. Pero la palabra dimisión no figura en el diccionario de Igea, un atrabiliario personaje, iluminado y ensoberbecido, que se considera providencial y con derecho a hundir el templo con los filisteos.

La hipotética dimisión de Igea y Casado (quien, por prescripción del primero, mantiene la boca cerrada, como si todo esto no fuera con ella) se hubiera resuelto sin mayor problema con su sustitución por otros dos representantes nombrados por Ciudadanos. El freno y marcha atrás de Mañueco, sacudiéndose de encima una reforma de alto coste electoral para el PP, no incumple el acuerdo de gobierno suscrito en su día entre ambos partidos, en el que en ningún momento se contempla cerrar consultorios rurales. Una reforma que tampoco puede ampararse en la pandemia, ya que fue impulsada antes de que sobreviniera la crisis sanitaria.

Desafío a la autoridad al presidente

A falta de su dimisión, Igea se hizo acreedor de un cese fulminante en la desaforada rueda de prensa que protagonizó el pasado martes, en la que se arrogó para sí mismo y los otros tres consejeros propuestos por Ciudadanos la condición de inamovibles de sus puestos y su plena autonomía para marcar las políticas de sus consejerías. Todo un desafío a la autoridad del presidente de la Junta, quien, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía (art. 27) tiene entre sus facultades, como no puede ser de otra forma, las de “dirigir y coordinar la acción de gobierno” y la de “nombrar y separar libremente a los demás miembros de la Junta”.

Resulta obvio que ningún acuerdo de gobierno entre partidos puede estar por encima del Estatuto, pero es que además en el firmado entre PP y Cs el único cargo de la Junta que se asigna expresamente al segundo partido es la vicepresidencia, sin que conste, claro está, que se tenga que llamar Francisco y apellidar Igea.

Tan insolente insubordinación era causa más que suficiente para que Mañueco destituyera fulminantemente al hasta ahora vicepresidente, amén de hacer lo propio con Casado, quien hace mucho tiempo que perdió la confianza presidencial. ¿Qué ocurriría si el presidente, en ejercicio de su autoridad, decidiera cesar a ambos?

Sobre el papel, Ciudadanos podría reaccionar dando por roto el pacto y pasar a la oposición, lo que abocaría, en este caso sí, a unas elecciones anticipadas. Pero como quiera que dichos comicios supondrían la liquidación del partido naranja y el ingreso en el paro de las decenas de cargos públicos y asesores colocados en las instituciones autonómicas, resulta impensable que asistiéramos a semejante 'harakiri'.

Habida cuenta del “afecto” de que gozan el vicepresidente y sus afines entre la dirigencia nacional y autonómica, es más que previsible que Ciudadanos se aviniera a mantener el pacto, tal cual o revisado, reponiendo su cuota de representación en el Consejo de Gobierno. El único daño evaluable para PP y Cs sería que un despechado Igea se fuera con su escaño de procurador al grupo de no adscritos de las Cortes, donde compartiría la biblioteca parlamentaria con su antigua y denostada compañera María Montero.

Dejar pudrir la situación

Pero cabe sospechar que la audacia de Mañueco no llegue a tanto y que, a la espera de lo que suceda en Andalucía, deje pudrir la situación manteniendo en su gobierno a un dúo que, a la vez que está desahuciado en su partido de origen, constituye en sí mismo una fuente inagotable de conflictos. Quebrada la confianza del presidente, la permanencia en sus puestos de un tipo tan corrosivo y desquiciado como Igea y de una consejera-títere como Casado constituye un sindiós político.

De momento, la consejera, que se sabe en el filo de la navaja, se la ha tragado doblada teniendo que acatar la orden del presidente de proceder a desmontar su reforma y devolver la actividad presencial a consultorios y centros de salud, tal como establece la proposición aprobada en las Cortes y le trasladan hoy los presidentes de las Diputaciones. Pero el verborreico vicepresidente es incapaz de contenerse y sigue arremetiendo compulsivamente contra todo lo que sale al paso. Su última enganchada ha sido con el presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, quien ha pedido el cese del director del hospital burgalés por los continuos “desatinos” perpetrados estos dos últimos años en dicho centro. A Igea se le hace eterno el día si no puede chapotear en algún charco. Es algo patológico.

COSAS VEREDES

¿Estrategia del asesor?

Desde que Génova decretó el cese de las hostilidades internas contra Alfonso Fernández Mañueco no ha vuelto a tenerse noticia del expediente abierto por la Comisión Nacional de Garantías del PP ante la presunta “desobediencia a los órganos de gobierno y representación del partido” por parte del grupo parlamentario popular de las Cortes.

El conflicto guardaba relación con la contratación del ex gerente regional del partido, Pedro Viñarás, como “asesor de estrategia política” del grupo con una soldada de 73.211 euros anuales. Meses antes, Viñarás había librado un conflicto laboral con Génova saldado con un “despido pactado” que le costó al partido 70.000 euros de indemnización.

Tras al armisticio interno, Teodoro García Egea, que en su momento puso el grito en el cielo, ha pasado por alto la afrenta y Viñarás sigue disfrutando de la sinecura proporcionada con cargo a la subvención oficial de las Cortes. Y ahora hay quien apunta al ex gerente como principal “estratega” del golpe sobre la mesa con el que Mañueco ha fulminado la reforma sanitaria promovida el tándem Casado-Igea. Lo cierto es que, junto al portavoz parlamentario, Raúl de la Hoz, y el secretario autonómico del partido, Francisco Vázquez, Viñarás integra el restringido círculo de la máxima confianza del presidente del PP y de la Junta.

“Liberación” por turnos

A raíz de que David Castaño relevara a Ana Carlota Amigo al frente del grupo parlamentario, Ciudadanos decidió que la portavocía adjunta que quedaba vacante rotara por turnos entre los procuradores que no gozaban de “liberación” por cuenta de la Cámara, que por aquel entonces eran siete. Las primeras en desfilar por el puesto, retribuido con más de 7.500 euros brutos mensuales, fueron la zamorana Mercedes Gago y la burgalesa Blanca Delia Negrete. Esta último dio el relevo el pasado marzo a la salmantina María Montero, quien ejerció como portavoz adjunta apenas un par de semanas, las que discurrieron hasta que abandonó Ciudadanos y pasó a la condición de procuradora no adscrita.

En vísperas de la moción de censura la vacante pasó a manos del procurador burgalés José Ignacio “Pocholo” Delgado, ocupante del puesto durante un periodo de 160 días que ha concluido a finales de agosto. “Pocholo” ha cedido el testigo a la palentina Alba Priscila Bermejo, que, salvo de una posible disolución anticipada de la Cámara, disfrutará de la “liberación” durante los próximos meses. Para completar el turno todavía faltarían dos procuradores, el leonés Javier Panizo y la abulense Inmaculada Gómez.

Otra llave en poder de Vox

Todavía no ha echado andar la comisión de investigación sobre la pandemia en las residencias de ancianos y ya ha entrado en el registro la solicitud de otra, en este caso en relación con el incendio forestal de Navalacruz, el mayor de los conocidos en Castilla y León desde que se existen datos estadísticos (22.000 hectáreas arrasadas).

Esta nueva comisión de investigación en un Parlamento que tiene abiertas otras cuatro, está impulsada por el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, con el respaldo de los 35 del PSOE, los dos de Podemos, el de la UPL y María Montero, la ex de Cs ahora no adscrita. En total, 40 de los 81 miembros de la Cámara suscriben la solicitud.

En contra están otros 40: los 29 del PP y los 11 de Ciudadanos. Tal como sucedió con la comisión de las residencias, este empate otorga la llave a la única procuradora de Vox, Fátima Pinacho. Si se suma al veto de PP y Cs, no habrá comisión. Si no lo hace, basta con que se abstenga para que la iniciativa salga adelante. La solución, a finales de octubre.