Patada a seguir hasta que Génova mueva ficha electoral

Sentado el principio de que el adelanto electoral en Castilla y León o en Andalucía ha de contar con el placet de Génova, que instrumentará dichas convocatorias para impulsar la carrera de Pablo Casado hacia La Moncloa, de momento el presidente Fernández Mañueco parece resignado a convivir con la crisis interna abierta en el seno de su gobierno a raíz del golpe de mano con el decidió truncar la reforma de la atención primaria promovida por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y su mentor, el vicepresidente Francisco Igea.

Vista la resaca posterior a la tormenta, queda nítidamente claro que en ningún momento ha entrado en crisis el pacto de gobierno PP-Ciudadanos vigente desde el inicio de la Legislatura. En absoluto. El conflicto se ciñe a la relación del presidente con el vicepresidente y la citada consejera, quienes habiendo accedido a la Junta a través de Ciudadanos, han venido y vienen actuando por su cuenta y al margen de su partido de origen, incapaz de marcar las políticas de sus teóricos representantes.

Por la cuenta que les trae, el aparato orgánico de Ciudadanos y su grupo parlamentario en las Cortes son los últimos interesados en romper el pacto de gobierno en Castilla y León. Ello proporcionaría al PP el argumento que necesita para justificar un adelanto electoral de consecuencias letales para la formación naranja. Equivaldría a un suicidio colectivo impensable en quienes siguen detentando importantes parcelas de poder en las instituciones autonómicas.

La prueba de que los Fuentes, Castaño y demás afines a Inés Arrimadas no quieren ni oír hablar de una ruptura que les apearía de sus cargos es que se han apresurado a pactar con el grupo popular una Proposición no de Ley en la que PP y C´s ponen en común sus posiciones sobre la reforma sanitaria, dando así por superada la divergencia de voto de ambas formaciones con respecto a la PNL socialista que desencadenó la tormenta. Como no puede ser de otra forma, el texto suscrito entre ambos partidos ofrece “garantía de asistencia presencial médica y de enfermería en todos los centros de salud y consultorios locales”, así como “compromiso de no reducción de recursos sanitarios del medio rural para trasladarlos al medio urbano”.

Es decir, todo lo contrario de lo que perseguía el Plan Aliste, que dejaba sin dotación al 80 por ciento de los 3.666 consultorios, o de lo que proponía el Plan Segovia, que contemplaba la amortización de plazas médicas en el medio rural. Todo un estímulo a abandonar el medio rural en pleno desplome demográfico.

De “malentendido”, nada.- Pero mientras los dos partidos coaligados restablecen su armonía parlamentaria, la relación entre el PP y el dúo Igea-Casado sigue siendo tormentosa. Después de haber desafiado la autoridad del presidente, acusarle entre líneas de “deslealtad” y “traición” e incluso agitar el grotesco espantajo de una delirante moción de censura, Igea ha insistido en zanjar el problema atribuyéndolo a un simple “malentendido” (y no por parte suya, sino por la del presidente).

Y se ha encontrado con la respuesta del portavoz del grupo popular, Raúl de la Hoz, aclarándole, por si quedaba duda, que de malentendido, nada, que el PP apoyó la iniciativa socialista simplemente porque compartía los términos de su resolución.

Una resolución, no olvidemos, que insta a la Junta “a retirar el plan de reestructuración de la atención primaria en el medio rural y garantizar de una vez por todas la consulta médica y de enfermería presencial en todos los consultorios y centros de salud”.

Mañueco ha dado instrucciones a Casado para que proceda en consecuencia, pero no se fía de que, en lugar de hacerlo, siga embrollando la situación, como lo hace desde el momento en que niega que haya existido nunca ningún plan. Tal es la desconfianza del presidente que, lejos de conceder ningún cheque en blanco, ha puntualizado que su “aval” no es a ninguna actuación de la consejera, sino al cumplimiento del mandato de reponer la atención presencial y mantener la actividad en todos los centros y consultorios.

Con el golpe de timón ordenado en política sanitaria, Mañueco ha buscado simultáneamente un doble objetivo: Ahorrarse el fuerte desgaste que el desmantelamiento de la Sanidad rural estaba suponiendo para el PP y neutralizar una gran baza electoral del PSOE, que se opuso desde el minuto uno a esa reforma y de hecho condicionó y condiciona cualquier negociación en la materia a la retirada de los planes negados por la consejera.

El oportunismo electoral con el que ha actuado el presidente de la Junta admite pocas dudas. Mientras Ciudadanos era un compañero de viaje imprescindible, se despreocupó de las políticas incendiarias de Igea, Casado y Amigo, como si la cosa no fuera con él. Hasta que llegados a este punto, en el que el PP ha fagocitado al electorado naranja y C´s es un partido zombi, ha decidido parar los pies a las lesivas iniciativas del pirómano vicepresidente.

Consejera a la contra.- Pero para que resulte creíble su “contrarreforma sanitaria”, Mañueco necesita hacerla visible a la mayor brevedad y eso no va a ser fácil con un vicepresidente y una consejera que se van a dedicar a poner en las ruedas todos los palos a su alcance, que son muchos dada la precariedad de unas plantillas que ellos mismos se han dedicado a desincentivar. Y lógicamente con el PSOE de Tudanca exigiendo cada día el cumplimiento de lo acordado en las Cortes antes de iniciar cualquier negociación sobre el modelo sanitario.

Entretanto, se tramita en las Cortes otra de las polémicas reformas consentidas por Mañueco a Igea, la que se propuso desbloquear los mapas rurales de la Ordenación del Territorio a costa de dinamitar el anterior consenso existente entre PP y PSOE. La reforma tenía como objetivo inicial eliminar la mayoría cualificada que obligaba al consenso entre los dos principales partidos, pero además de eso se ha descolgado dejando en manos de las Diputaciones provinciales la delimitación de los polémicos mapas, a partir de los cuales se organizan todos los servicios de la Junta, incluidos los sanitarios.

No deja de tener miga el asunto. En lugar de coger ese toro por los cuernos, el vicepresidente que concurrió a las elecciones encabezando el cartel electoral de Ciudadanos desvía esa responsabilidad hacia las Diputaciones, esas mismas que el partido naranja quería suprimir por superfluas. Al margen de ello, está por ver si el PP lleva al final esa confrontación con los socialistas, que tienen en el ámbito municipal una de sus fortalezas, o deja colgada otra de las dañinas reformas de Igea.

Y con este mar de fondo seguiremos mientras Génova no disponga otra cosa. Por de pronto, hasta la convención nacional de primeros de octubre en Valencia la cúpula del PP no pondrá en marcha nada que interfiera ese fasto. Días antes, Pablo Casado hará una escala previa en Valladolid para escenificar su entrañable relación con Fernández Mañueco. El mismo presidente autonómico al que hace menos de un año quería moverle la silla. ¿O no?

Cosas veredes

Mayoría aplastante.- A la vista de los sondeos, no es extraño que al PP de Castilla y León se le hagan los dedos huéspedes pensando en unas inmediatas elecciones autonómicas. Si los difundidos el pasado mes de junio por “El Norte de Castillla” y “Castilla y León TV” concedían a los populares mayoría absoluta, el “electopanel” autonómico que periódicamente ofrece el portal “Electomanía” la confirma y de forma aplastante.

Dicho panel asigna al PP 44 de los 81 escaños de las Cortes de Castilla y León, es decir, tres por encima de los 41 que marca la mayoría y 15 más de los 29 que se adjudicó en las elecciones de 2019. Ello supondría un gran vuelco en la actual composición de la Cámara, en la que el PSOE perdería 7 de sus 35 escaños actuales.

Con respecto a otros sondeos, Electomanía detecta un alza de Unidas Podemos, a la que asigna tres escaños, y rebaja las expectativas de Vox, a la que atribuye cinco. La Unión del Pueblo Leonés conserva su procurador, el Partido por Ávila pierde el suyo y Ciudadanos (12 escaños en 2019) desaparecería por completo del hemiciclo. Todo ello indica que el PP, al tiempo de fagocitar al electorado naranja, está recuperando terreno respecto a Vox, cuyos resultados autonómicos estarían muy por debajo del 16,8 por ciento de voto que recolectó en Castilla y León en las últimas generales.

Contraofensiva de Puente.- Después de un verano política y personalmente muy agitado, el alcalde de Valladolid y Portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ha iniciado el curso con una doble contraofensiva. De un lado, ha promovido acciones judiciales contra la campaña de descrédito de que ha sido objeto en redes sociales por Alvise Pérez, un antiguo asesor de Ciudadanos que se ha pasado semanas atribuyendo al alcalde vallisoletano actuaciones que serían constitutivas de delito. La propia Ejecutiva Federal ha asumido la denuncia contra Alvise, al que acusa de un presunto delito continuado de calumnias con publicidad.

La Fiscalía de Valladolid ha admitido la denuncia e iniciado las diligencias correspondientes, todo ello sin perjuicio de las actuaciones que puede interponer el propio Puente en el ámbito civil por presunta intromisión ilegítima en su honor.

Al propio tiempo, en curso el proceso congresual interno del partido, Puente anunciará en los próximos días su candidatura a la secretaría provincial del PSOE vallisoletano, carrera en la que no encontrará rival. El actual secretario, el senador Manuel Escarda, se echa a un lado y no optará a la reelección. Al asumir las riendas del partido, el alcalde oficializará el liderazgo oficioso que de facto ya ejercía entre los socialistas vallisoletanos.

Un congreso en el “limbo”.- El PP de Castilla y León llega a la convención nacional del partido en Valencia sin haber completado sus deberes. Antes de ese cónclave deberían haberse celebrado los nueve congresos provinciales del partido. Y a esta fecha solo se han celebrado siete, que serán ocho con el previsto este sábado 25 en Soria. Pero falta el de Salamanca, que sigue en el limbo.

Por más que persista un cisma entre dos bandos, nadie acierta a comprender la razón por la que Génova ha consentido este extraño aplazamiento “sine die” precisamente en la provincia del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. Concurrencia de dos candidatos ha habido en otras provincias, sin ir más lejos en León, y el asunto lo ha resuelto la militancia en las urnas.

El actual presidente provincial, Javier Iglesias, no está por la labor de renunciar a un nuevo mandato en aras de una posible integración, pero a la vez es el máximo responsable de la demora. Hay quien se malicia que todo obedece al propósito de ganar tiempo a la espera de un nuevo carpetazo judicial a la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP salmantino, asunto que mientras siga abierto compromete especialmente a Iglesias. Aunque no solo a él.