El Ayuntamiento de Palencia denuncia a la exsecretaria municipal por registrar en domingo la declaración de bienes de la concejala del PP que tiene una VPO

El Ayuntamiento de Palencia ha denunciado a la exsecretaria municipal, a la que que cesó en el cargo hace dos semanas, por certificar una segunda declaración de bienes de la concejala del PP, Laura Lombraña, en día inhábil y con las dependencias municipales cerradas, según ha podido saber elDiario.es. Lombraña es adjudicataria de una vivienda protegida, en concreto un chalé con piscina que no aparece en su declaración de bienes. Según declaró la edil a El País, medio que adelantó la noticia, ella sí lo incluyó en su declaración, si bien no supo explicar por qué en el portal de transparencia del Ayuntamiento, aparece una declaración realizada en junio de 2023 en la que sólo constan 7.000 euros en cuenta corriente.

Una vez que estalló el escándalo, apareció una segunda declaración sobre cuya veracidad existen dudas. Se trata de un documento manuscrito al que se añadió, la firma de la secretaria y ,también a mano, una fecha del todo imposible en un registro municipal: 21 de julio de 2024. Ese día era domingo, por lo que malamente pudo Lombraña presentar esa documentación a la secretaria con el Ayuntamiento cerrado. La recepción del documento se certificó sin que constase firma electrónica, sólo la manuscrita de la secretaria.

No es el único motivo por el que se destituye y denuncia a la exsecretaria: el Procurador del Común hizo varios requerimientos por otro asunto sin que llegasen a la mesa de la Alcaldía, algo que podría haber supuesto responsabilidades penales. A su vez, la exsecretaria ha llevado al Contencioso su cese “por pérdida de confianza técnica”, y argumenta que la resolución de Alcaldía es contraria a derecho “al incurrir en desviación de poder y falta de base fáctica objetiva vinculada al desempeño profesional”.

La denuncia del Ayuntamiento contra la que fuera secretaria se une a la investigación de la Fiscalía de Palencia sobre el proceso de adjudicación del chalé de Lombraña. Tal y como adelantó elDiario.es, el candidato de Podemos en las recientes elecciones autonómicas, Miguel Ángel Llamas, decidió presentar una denuncia tras conocerse el caso a través de El País el pasado 3 de marzo y el fiscal jefe, Arturo Carrillo, ordenó la apertura de diligencias de investigación preprocesales a través de un escrito firmado el 12 de marzo.

Lombraña, responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y actualmente concejala en la oposición es, desde 2023, propietaria de un chalé con piscina que forma parte de una promoción de 47 chalés de protección oficial construidos sobre un solar municipal vendido en 2019 por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros. La operación fue aprobada pocos meses después de la constitución del gobierno municipal encabezado por Mario Simón (Ciudadanos), en coalición con el PP.

Las casas, comercializadas por la inmobiliaria palentina Ingucasa y vendidas por 157.320 euros, se entregaron en abril de 2023. La Ley autonómica 9/2010 sobre el derecho a la vivienda establece que, “con carácter general”, la selección de adjudicatarios de VPO debe realizarse mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Sin embargo, en este caso no se celebró un sorteo abierto entre todos los inscritos en el registro de vivienda protegida—que sumaban 1.949 en la provincia a cierre de 2025—, sino que la inmobiliaria comercializó directamente las viviendas. Posteriormente, se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

“Hasta la fecha, no se conocen explicaciones plausibles sobre estos hechos presuntamente delictivos, pero parece evidente que omitir la objetividad exigida por la normativa para beneficiar a una representante política puede tener consecuencias de índole penal. Por lo tanto, los hechos presuntamente cometidos podrían constituir diversos delitos contra la Administración pública, tipificados en los artículos 404 y siguientes del Código Penal, o de otro tipo”, dice la denuncia.