Igea pide a la Mesa de las Cortes reconsiderar el acuerdo que le quita la dedicación exclusiva por “arbitrario”

El procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea ha registrado este lunes una solicitud de “reconsideración y anulación” del acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León del pasado 4 de abril por el que se le quitó el derecho a la dedicación exclusiva, decisión que salió a delante con los síes de Vox y con el voto de calidad del presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán, también de Vox. “Es una arbitrariedad solicitada por un adversario político”, ha aseverado.

Igea ha mostrado su esperanza en que la Mesa de las Cortes adopte “la decisión más sensata” y, por lo tanto, anule y revoque el acuerdo “ad personam” de la pasada semana y ha asegurado que, de lo contrario, acudirá al Tribunal Constitucional para lo que tendrá un plazo de tres meses a contar desde hoy.

El procurador por Valladolid y ex integrante de Ciudadanos ha advertido de que la decisión de la Mesa de retirarle la dedicación exclusiva en base, además, a un informe del letrado “bastante sonrojante” y “con cierta sospecha de parcialidad” es “arbitraria e inconstitucional” y ha hecho especial hincapié en que vulnera un “concepto esencial” en la Democracia parlamentaria como es el derecho de representación de los electores.

“Lo que se plantea hoy en las Cortes de Castilla y León va más allá del reparto de unas asignaciones --es probablemente la menor de las consideraciones--, ha afirmado al respecto en otro momento de su rueda de prensa. Se trata de defender el derecho de los ciudadanos a la representación parlamentaria eficaz”, ha insistido Igea que ha centrado sus críticas en la actuación del presidente del Parlamento al que ha acusado de haber mostrado “una hostilidad y una parcialidad evidentes” contra su persona y una “reiterada animadversión política y personal”.

Además del escrito registrado este lunes, Igea ha pedido las actas de la reunión de la Mesa de las Cortes del pasado jueves y ha abogado en todo caso por dar “un tiempo prudencial” para una respuesta que espera “sea positiva” para no verse obligado a adoptar “otra consideración” por la vía que decidan sus asesores jurídicos.

“Es un caso de clara vulneración de los derechos de los ciudadanos, de su derecho a ser representados y así lo hemos argumentado en este recurso”, ha explicado el integrante del Grupo Mixto que se ha reafirmado en el que el concepto de transfuguismo es “absolutamente exorbitante” como avalan, ha aseverado, distintas sentencias del Tribunal Constitucional.

Igea ha recordado que el origen del pacto antitransfuguismo es evitar que alguien desestabilice la vida municipal o parlamentaria, algo que no ha ocurrido en este caso, ha afirmado, y aclarado, además, que los partidos no controlan la vida del Parlamento ni pueden estar por encima de la actividad de los grupos parlamentarios y de los parlamentarios elegidos por los ciudadanos.

“Lo dice claramente la Constitución, ha sentenciado Igea que ha circunscrito su expulsión de Ciudadanos a la crítica interna a las decisiones de su partido que nada tiene que ver, ha defendido, con que se ha alterado la voluntad de los electores o el programa con el que el procurador por Valladolid concurrió a los últimos comicios.