La Junta de Castilla y León no explica por qué ha estado estado varios meses sin pagar al parlamento autonómico, que preside Vox para destinar esos fondos —pagados con las entregas a cuenta, depositados bimensualmente por el Ministerio de Hacienda— a Sanidad, Educación o Servicios Sociales, algo que ha considerado “oportuno”. “Admitimos cualquier sugerencia en el ámbito de las prioridades. Decidir es elegir”, ha manifestado el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo.
El Parlamento autonómico dejó de cobrar sus partidas en el segundo trimestre del año y la Junta argumentó que se debía a los retrasos en las entregas a cuenta. El Ministerio, sin embargo, pagó mes a mes las entregas a cuenta correspondientes a 2023, y actualizó estos pagos en julio y en septiembre. Sin embargo, el pago de la Junta a las Cortes ha sido el 15 de octubre, el mismo día en el que se votaba la sección 20 del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad, que incluye el presupuesto del parlamento y de sus instituciones propias y que debe aprobar la Mesa de las Cortes (compuesta por PP, PSOE y Vox). Finalmente esta sección —hoy aprobada por unanimidad— decayó con la abstención de PP y Vox y el voto en contra del PSOE.
En octubre, la deuda acumulada rozaba los 12 millones de euros, pero en lo que va de año, la Junta ha recibido unos 7.000 millones de euros en entregas puntuales. Fernández Carriedo ha defendido que se ha abonado el pago de todo el ejercicio de 2025 y que este ingreso se realizó “cuando las capacidades económicas y de tesorería lo han aconsejado” y y se había asegurado “el pago de todos los servicios públicos”. Además, ha asegurado que las Cortes de Castilla y León han tenido “crédito suficiente” para ejecutar los pagos de 2025 porque tenían “remanente”. Sin embargo, el parlamento de Castilla y León se plantea tomar “medidas” contra la Junta tras descubrir su argucia para tenerles 6 meses sin cobrar
Fernández Carriedo ha defendido que todas las autonomías han tenido “problemas” como consecuencia de la “inacción” del Gobierno de España, que entregó bimensualmente 500.000 euros pero no ha aprobado los Presupuestos de 2025, y que cada una ha actuado como ha considerado. “Algunos hemos actuado de una forma, nosotros hemos priorizado los servicios que tienen que ver con la vida de los ciudadanos”, ha zanjado Fernández Carriedo, que ha reconocido que la situación se ha “empezado a normalizar” en septiembre.