Martínez acusa al PP de “mimetizarse con la ultraderecha” por el cambio de violencia de género a doméstica en Valladolid

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cuestionado el cambio introducido por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) de Valladolid, por el que sustituye la referencia específica a las víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica entre los criterios de acceso al alquiler social.

Martínez, entrevistado en el programa ‘Mañaneros 360’ de La 1, ha acusado al PP de acercarse a los postulados de Vox y ha situado la modificación dentro de una estrategia más amplia de la formación popular para disputar a la extrema derecha su espacio electoral.

“Eso es una estrategia planificada por parte del señor Feijóo”, ha afirmado el dirigente socialista, que ha acusado al presidente del PP de haber asumido postulados de la extrema derecha. Martínez ha señalado el cambio de terminología aplicado en Valladolid y ha cuestionado que se deje de utilizar la referencia a la violencia machista.

Martínez alerta de que se quedarán fuera mujeres que sufran violencia y no convivan

El secretario general del PSOE autonómico ha criticado que la sustitución de un concepto por otro no supone ampliar automáticamente la protección y puede dejar fuera situaciones en las que existe violencia contra una mujer por parte de su pareja sin que exista convivencia.

“Si lo que hubieran querido ampliar hubieran puesto una conjunción copulativa: violencia doméstica y violencia de género”, ha señalado durante la entrevista.

Martínez ha puesto como ejemplo el caso de una pareja de adolescentes que sufra violencia machista sin convivir en el mismo domicilio. Según su explicación, este supuesto podría quedar fuera si el criterio se limita a la violencia doméstica.

El dirigente socialista ha contrapuesto la puntuación de los anteriores criterios de baremación con los nuevos. Según ha indicado, en las convocatorias anteriores la violencia de género podía alcanzar una puntuación superior, mientras que el nuevo protocolo contempla la violencia doméstica con una valoración menor.

“Hoy lo que se hace es cargarse de un plumazo el concepto violencia machista”, ha afirmado Martínez, que ha defendido que la violencia de género “existe y es real” y ha reclamado que no se diluya su reconocimiento.

El Ayuntamiento sostiene que la protección se amplía

El Consistorio vallisoletano aseguró este jueves que ninguna mujer víctima de violencia de género quedará excluida de la protección por el hecho de que el término no aparezca literalmente en el protocolo de VIVA. El equipo de Gobierno recordó que la violencia de género continúa regulada por la Ley Orgánica 1/2004 y defendió que su aplicación sigue siendo obligatoria.

El Ayuntamiento también justificó el empleo del concepto de violencia doméstica precisamente como una forma de ampliar los supuestos de atención, al incluir situaciones de violencia que pueden producirse entre familiares o convivientes con independencia del género de la víctima o del agresor.

El Consistorio apuntó que el protocolo recoge expresamente la protección de las víctimas de violencias sexuales y que el Consejo de Administración de VIVA podrá adoptar las medidas necesarias para facilitar su acceso prioritario al parque público de vivienda, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/2022.

La portavoz del equipo de Gobierno, Blanca Jiménez, acusó al PSOE de utilizar a las mujeres y a las víctimas como elemento de confrontación política y defiende que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La antigüedad en el empadronamiento

Martínez también ha criticado que se haya incluido un criterio de antigüedad en el empadronamiento para acceder a determinados programas de vivienda. Según ha explicado, el nuevo sistema establece el requisito de tres años de empadronamiento y permite incrementar la puntuación en función de la antigüedad, hasta un máximo de diez años.

Para Martínez, este criterio puede tener un impacto especialmente relevante en una comunidad como Castilla y León, donde muchos jóvenes abandonan sus municipios o provincias para estudiar o trabajar y posteriormente pueden intentar regresar.

“Uno de cada tres castellanos y leoneses tiene que salir de nuestra comunidad para poder desarrollar un proyecto vital”, ha argumentado. A su juicio, establecer el empadronamiento como un elemento de peso puede dificultar el retorno de quienes tuvieron que marcharse.

El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido que la antigüedad en el padrón se prima a partir de tres años precisamente en coherencia con el nuevo requisito de acceso al programa y dentro de una reforma cuyo objetivo, según el Consistorio, es reducir la burocracia y acelerar la adjudicación de viviendas.

El Gobierno municipal sostiene que uno de los principales objetivos de la reforma es reducir los tiempos de tramitación. Según su explicación, el sistema anterior exigía una cantidad elevada de documentación y podía llevar hasta un año aprobar las listas definitivas.

Martínez califica a Castilla y León como “laboratorio” de los pactos PP-Vox

El soriano ha calificado a Castilla y León como un territorio “pionero” en la incorporación de Vox a un Gobierno autonómico y ha acusado a la derecha de utilizar la Comunidad como un “laboratorio” para poner en práctica medidas que posteriormente pueden trasladarse a otros territorios. “Volvemos a ser una vez más el laboratorio de puesta en práctica de políticas de extrema derecha”, ha asegurado.

El dirigente socialista ha acusado al PP de abandonar posiciones moderadas en su intento de competir electoralmente con Vox también en otros temas como la política migratoria, el cambio climático o las políticas contra la violencia machista.

La Junta ya evitó posicionarse sobre el cambio

Desde la Junta de Castilla y León, el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, evitó pronunciarse sobre si el Ejecutivo autonómico aplicará un cambio similar en futuras convocatorias de vivienda.

Carriedo defendió el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox como el marco que debe guiar las decisiones de la Junta y aseguró que se trata de un documento “muy detallado, concreto y preciso”. Sin embargo, el pacto autonómico no recoge expresamente una sustitución del concepto de violencia de género por el de violencia doméstica en las políticas de vivienda.

El acuerdo sí menciona a las “víctimas de violencia contra la mujer” entre los colectivos que podrán beneficiarse de determinadas medidas relacionadas con la vivienda, mientras que en su apartado específico sobre vivienda recoge otros perfiles prioritarios, pero no establece de forma expresa ese cambio terminológico.