El portavoz de la Junta de Castilla y León dice que el aborto “no es un derecho fundamental” pero que cumplirán la ley

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el aborto “no es un derecho fundamental” y que el gobierno autonómico es “leal” y cumplirá la ley orgánica que modifica la interrupción voluntaria del embarazo. Carriedo ha tenido que hacer equilibrios ante la pregunta de si consideraba el aborto como un derecho.

La modificación de la Ley del Aborto incluye una enmienda para evitar que se puedan aplicar protocolos antiabortistas como el que presentó la Junta de Castilla y León el pasado 12 de enero, y que pasaba por obligar a los médicos a ofrecer a las mujeres que quisieran abortar la escucha del latido fetal o ecografías 4D. Lejos de sentirse aludido, el portavoz de la Junta ha asegurado que en Castilla y León no hay “ninguna iniciativa que venga a incumplir una ley nacional ni que limite ningún derecho”. Según él, las medidas que se anunciaron es para “mejorar la atención a las mujeres embarazadas”, si bien el vicepresidente dejó claro en esa rueda de prensa que el objetivo era reducir la tasa de abortos voluntarios. Vox sigue afirmando que el protocolo se aplicará. A pesar de este choque, Carriedo ha negado que el socio de gobierno haya amenazado con romper el pacto si la Junta afirma tajantemente que no se aplicará el protocolo, algo que hasta el momento ha evitado hacer.

El portavoz de la Junta sí que ha precisado que no le agrada que se elimine el periodo de reflexión de tres días que considera “positivo” que los padres participen cuando quien toma la decisión de interrumpir el embarazo es una menor. Respecto a garantizar que se pueda abortar en todos los hospitales públicos de Castilla y León, se ha limitado a señalar que hay que respetar el derecho a la objeción de conciencia de los médicos