UGT carga contra la “política errática” de la Junta de Castilla y León en la lucha contra los incendios

UGT ha pedido a la Junta que se siente a negociar un nuevo Plan de Extinción de Incendios que sea acorde a la legislación y tenga en cuenta a los bomberos profesionales, que son empleados públicos, funcionarios y agentes de la autoridad y son la “clave” del decreto que ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) en varias sentencias.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Tomás Pérez Urueña, ha hecho esta reivindicación después del fallo que da la razón al sindicato en una de las tres sentencias similares que anulan el decreto.

Pérez Urueña ha apuntado que el sindicato ya advirtió a la Consejería de Medio Ambiente que el Plan estaba mal hecho pero no se hizo caso, salió adelante y presentaron la demanda admitida, sin que la Junta quiera “reconocer que se ha equivocado” y que tiene una política “errática”, con 15 años pendientes de hacer una Ley del Fuego y un “fracaso absoluto” en todo lo que se refiere a los incendios, tanto urbanos como forestales.

“Lo reconocen pero no quieren cambiar ni sentarse a negociar un nuevo Plan Sectorial”, ha afirmado el responsable de Servicios Públicos de UGT.

Por su parte, el bombero profesional y delegado del sindicato en Zamora José Ignacio García Rubio ha detallado los pormenores de la sentencia que tumba un Plan Sectorial que “sin mucha prisa” ha elaborado la Junta y ha aprobado en 2021 en cumplimiento de la Ley de Protección Civil, que data de 2007.

Los motivos por los que el TSJCyL anula el plan se centran, en primer lugar, en la ausencia de una memoria económica que justifique el gasto real que supondrá la aplicación del plan, pero otra de las razones que argumenta es que la norma contempla personal voluntario para los parques más pequeños, los tipos 3A y 3B (los nivel 1 son los de localidades de más de 20.000 habitantes y los 2 los comarcales), que “quedan en el limbo” sin concretar los profesionales que van a prestar los servicios.

“Adelgazar” la Administración

García Rubio considera que estos servicios no los pueden prestar voluntarios que sustituyan a bomberos profesionales. A este respecto, Pérez Urueña ha señalado que no se puede “adelgazar más” la función pública.

Otra de las cuestiones que apunta la sentencia es que el Plan tiene que fijar los intervinientes, que García Rubio ha insistido tienen que ser bomberos profesionales como recoge la Ley de Protección Civil, pero además no puede dejar que un profesional coordine “por teléfono” la labor de voluntarios porque tiene que estar “in situ” para tomar decisiones.

“Lo peor”, ha agregado Tomás Pérez, es que el Consejo Consultivo ya advirtió a la Junta de que el plan era “inoperativo”, que “no vale para nada” y en una semana se han conocido tres sentencias en contra del mismo. Los responsables sindicales creen que la Junta no quiere “poner el dinero”, que además supondría alrededor de 30 millones, una cantidad mínima en comparación con el presupuesto de la Junta, y han criticado que después de 15 años siga sin haber una ley que contemple los bomberos profesionales, para lo que hay creada una mesa y existe un vacío legal.

Pérez Urueña ha eludido pedir de nuevo la dimisión del consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones pero cree que, si después de 15 años, ha sido “incapaz” de sacar adelante la ley del fuego debería irse “a su casa” porque no está haciendo “absolutamente nada”. A su juicio, además, la Junta no cree en “lo público” y lleva años “adelgazando” la Administración y el propio consejero dice que el sistema público “no funciona”, pero “quien lo gestiona es él”.

Además, José Ignacio García ha apuntado que la Junta podría perder 35 millones de euros de los fondos Next Generation de la Unión Europea para la construcción de edificios de los parques, vehículos y material, ya que van ligados al Plan Sectorial y “si se tumba” podrían perderse por lo haber realizado “los deberes”, lo que duda cómo explicará el consejero.

Tomás Pérez ha insistido en que piden a la Junta que se siente a negociar y, al igual que a los ayuntamientos y a las diputaciones, le reclama que mire por las personas, por el medio ambiente y por lo que “rodea” a los ciudadanos porque si no están para eso deben dejar a otro que lo haga porque lo que se les pide es que sean “eficaces” y no estar esperando 15 años una Ley del Fuego.