El portavoz de la Junta denomina “colaboración ciudadana” a los autorrastreos que obligan a hacer los positivos

El consejero de Economía y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha llamado este martes a “colaboración ciudadana” a los autorrastreos que obligan a hacer a los propios positivos en COVID-19, según un protocolo desvelado por elDiario.es que entró en funcionamiento el pasado 23 de diciembre, y el impreso que se entrega a los infectados en los que se reitera que son ellos quienes deben ocuparse de localizar y avisar a sus contactos estrechos.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario, Carriedo se ha enredado en las cifras de vacunación cuando se le ha preguntado por los autorrastreos, una iniciativa que ocultó la pasada semana, que está fuera de la estrategia nacional y que dice desconocer. “Tenemos 645 rastreadores, de los cuales 348 son de la Junta de Castilla y León y 297 del Ejército. Esto certifica que estamos haciendo una campaña muy específica de rastreo”, ha insistido. Pero además, en su explicación ha confundido el rastreo con el testeo o cribado y las vacunaciones, y ha dicho que Castilla y León contará “con puntos fijos de rastreo”, algo que tuvo que rectificar después. La Junta tendrá puntos móviles de vacunación. No sólo eso, el consejero y portavoz ha llegado a afirmar que los contactos estrechos un positivo tienen la “obligación” de acudir a un centro sanitario a hacerse un test. No es cierto, el protocolo de la Junta indica que no se testeará a contactos estrechos a menos que presenten síntomas.

“Tenemos un número de rastreadores ciertamente importante, que realizan su trabajo y que además cualquier colaboración ciudadana en este ámbito es bienvenida”, ha repetido insistentemente. En este momento, a los positivos no se les pide un listado de contactos para los rastreadores pero el portavoz no ha salido de dos ideas: que hay 645 rastreadores y que los rastreos forman parte de la estrategia para abordar la sexta ola.

“Una cosa no es incompatible con la otra, el trabajo de los rastreadores con la obligación de la responsabilidad individual del conjunto de las personas de Castilla y León”, ha acertado a decir incluso cuando se le ha leído el protocolo de manejo de casos que se puso en marcha el 23 de diciembre.