Una vivienda de 500 metros cuadrados ha sido demolida por orden judicial después de que la Guardia Civil haya detectado, catorce años después de su construcción, que se trata de una edificación ilegal en suelo protegido dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila.
La casa fue levantada sin licencia y ahora el Ayuntamiento del municipio en el que fue edificada, no especificado en la nota difundida este viernes por la Guardia Civil, ha ejecutado su demolición durante este mes de diciembre, tras la condena judicial a los promotores por delito urbanístico.
Construida en una localidad del Valle del Tormes, en la vertiente norte del macizo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Ávila ha informado de la ejecución de la orden judicial de demolición de esta construcción destinada a “vivienda ocasional”.
Los propietarios condenados son matrimonio y se les consideran autores de un delito contra la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, tras quedar acreditado que la edificación, inicialmente autorizada como nave agroganadera, fue “transformada en una vivienda sin la correspondiente licencia ni autorización administrativa”.
La construcción fue detectada por primera vez por la Guardia Civil en 2011, cuando se constató que las obras promovidas bajo la apariencia de una nave agrícola y ganadera habían derivado en una edificación “con tipología y distribución propias de una vivienda”.
Las inspecciones del SEPRONA coincidieron con los informes técnicos emitidos por la Comisión Territorial de Urbanismo y por el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Ávila, confirmando que el uso real de la construcción “no se correspondía con el autorizado”.
La edificación, con una superficie de unos 500 metros cuadrados en planta, se encontraba ubicada en “suelo rústico especialmente protegido, dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos”, donde el uso residencial resulta “incompatible con la normativa urbanística y medioambiental vigente”.
Al incumplir los promotores la obligación de ejecutar voluntariamente la demolición en los plazos establecidos por la autoridad judicial, el Ayuntamiento procedió a la ejecución subsidiaria de las obras de derribo, en cumplimiento de la sentencia firme dictada el pasado 1 de diciembre.