El HUBU será el segundo hospital público de Castilla y León que practique abortos

El Hospital de Burgos (HUBU) instaurará en dos o tres meses la interrupción voluntaria del embarazo de modo que este centro público se unirá al Hospital Santiago Apóstol, de Miranda de Ebro, también en Burgos, donde se lleva a cabo esta prestación, según ha informado la procuradora burgalesa por Burgos, Blanca Negrete.

Negrete ha realizado este anuncio en su intervención este miércoles en el debate de una PNL del Grupo Socialista para instar a la Junta a garantizar “de manera plena, efectiva y equitativa” el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo “en su centro hospitalario público de referencia”, una propuesta de resolución que los liberales propusieron enmendar para incluir una referencia expresa a la objeción de conciencia de los profesionales, que el PSOE no ha asumido para insistir en que había que reflejar en el texto que la Junta debe garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en los centros públicos.

Esta diferencia de criterio sobre el texto final ha llevado a los dos grupos que sustentan al Gobierno de Castilla y León, PP y Ciudadanos, a votar en contra de la PNL de los socialistas, al igual que la parlamentaria de VOX, Fátima Pinacho, mientras que han votado a favor los dos procuradores de Podemos-Equo, la no adscrita y el de UPL. El procurador de Por Ávila y médico de profesión, Pedro José Pascual Muñoz, se ha abstenido.

Tanto Negrete como el portavoz de Sanidad en el Grupo Popular, Alejandro Vázquez, han acusado al PSOE de enredar a base de “ideología”, de “feminismo sectario” y de “falacias” y han asegurado que la Junta de Castilla y León garantiza el cumplimiento de la Ley de Interrupción del Embarazo “en todos los artículos, desde el primero al último”, por lo que han recordado que hay que respetar también el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales al que no se refieren los socialistas en su iniciativa, según ha afeado el 'popular', para situarles como los principales responsables y culpables de la situación.

“La ley no se está cumpliendo”, ha respondido Gómez que ha insistido en que el 97,5 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen en centros privados o concertados y no en los centros hospitalarios públicos de referencia, lo que ha considerado “una forma de objeción de conciencia por parte de la Junta” por “falta de voluntad”.

“Cuando gobierna la derecha tratan de devolver a las mujeres a la España en blanco y negro que tanto les gusta”, ha lamentado Gómez en sintonía con la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, que ha reivindicado el “derecho legítimo y legal” de las mujeres a decidir libremente sobre sus vidas, sobre sus cuerpos “y sobre lo que nos de la gana”, con una crítica expresa a los “fanáticos” que se concentran ante las clínicas para rezar por el alma de las mujeres a las que consideran “brujas”, como llamó un diputado de VOX a una parlamentaria socialista.

Por su parte, Fátima Pinacho ha asegurado que el aborto no es ni puede ser un derecho, “y menos si se plantea como un ámbito anticonceptivo”, y ha defendido que la vida es vida desde el momento de la concepción, un “principio inamovible” para VOX que ha reivindicado ante los votantes de PP y de Cs, partidos a los que ha acusado de “revestir políticas de izquierdas con carcasas azules”.

Gómez ha sido especialmente tajante con la procuradora de Ciudadanos a la que ha reprochado que aplaudiese la “lindeza machista y denigrante” que, a su juicio, realizó ayer la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, al referirse a la vida personal de la procuradora no adscrita, María Montero, que comenzó la legislatura en las filas de Ciudadanos.

“¡Qué asco, qué vergüenza y qué pena!”, ha exclamado Patricia Gómez que ha recordado que las mujeres han luchado mucho para que las circunstancias personales y la vida privada no sean un arma arrojadiza contra nadie. “No tienen límites”, ha reprochado a la bancada liberal.

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