El Procurador del Común insta al Ayuntamiento de Retortillo a iniciar nuevos expedientes por el desvío de la carretera para la mina de uranio

El Procurador del Común de Castilla y León ha pedido al Ayuntamiento de Retortillo(Salamanca) que inicie dos nuevos expedientes de restauración de la legalidad y sancionador por las obras de desvío en la carretera comarcal SA-322, para el proyecto minero de Berkeley, que comenzaron trabajos sin la autorización administrativa para la autorización de suelo rústico para un uso excepcional.

Así lo ha señalado Stop Uranio Salamanca, plataforma contraria a la instalación de la mina de uranio en la provincia de Salamanca y que presentó una queja ante el Procurador del Común de Castilla y León “ante la inacción del ayuntamiento de Retortillo, al no sancionar a la empresa Berkeley por haber ejecutado las obras de desvío de la carretera comarcal SA-322 sin la autorización de uso preceptiva”.

La plataforma, que ha dado a conocer la resolución del Procurador del Común con fecha del 5 de febrero de 2021, ha reseñado que “esas obras se comenzaron a ejecutar en el verano de 2016, tras la firma del convenio con la Diputación de Salamanca que recientemente ha rescindido la institución provincial”.

“Esas obras fueron ilegales a juicio del Seprona y la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca, pero el Ayuntamiento de Retortillo, que estaba obligado restaurar la legalidad urbanística y sancionar a la empresa minera, cuatro años y medio después no ha sido capaz de sancionarla”, ha añadido Stop Uranio.

Según la plataforma, “gracias a la modificación de la ley de urbanismo de Castilla y León en 2014 las acciones realizadas por Berkeley sin permiso en Retortillo no han prescrito”, pues, ha continuado, se amplió el plazo de prescripción de cuatro a ocho años. No obstante, “a este paso vamos camino de que el Ayuntamiento de Retortillo deje prescribir esas infracciones”; ha añadido.

Resolución

Stop Uranio ha remarcado que la resolución emitida por el Procurador del Común recoge que “las obras realizadas por Berkeley deben ser sancionadas”, por lo que ha insistido en que “se debe iniciar el expediente sancionador correspondiente dado que la infracción urbanística cometida todavía no ha prescrito”, y ha añadido que el documento recuerda al Ayuntamiento de Retortillo que “la pasividad o inactividad de la Administración local ante las denuncias de infracción urbanística puede dar lugar a responsabilidad patrimonial del ayuntamiento”.

La agrupación ha hecho hincapié en que se trata de la segunda ocasión en la que el Procurador del Común emite una resolución sobre el tema de la mina y planta de Retortillo y ya dictaminó en agosto de 2017 que la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Junta en octubre de 2013 “no puede considerarse válida tras la fragmentación del proyecto inicial, por lo que se debería realizar una nueva Evaluación de Impacto Ambiental que tenga en cuenta el impacto radiológico, la afectación de la Red natura 2000 o los aspectos transfronterizos del proyecto”.

Stop Uranio ha concluido que “no se puede tolerar que la empresa minera se vaya de 'rositas' en este asunto después del daño causado en una zona de alto valor ecológico. Berkeley, que se atreve a pedir celeridad en la resolución de sus asuntos en el Consejo de Seguridad Nuclear, se beneficia de la pasividad del Ayuntamiento de Retortillo en la resolución de los asuntos que le atañen”.