Restaurantes en Nueva York, viajes a Eurodisney y joyas: así gastó el expresidente de Asaja Valladolid dos millones de euros para formación de agricultores

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado al que fuera presidente de Asaja Valladolid entre 1990 y 2016, Lino Rodríguez, a 10 años y 4 meses de cárcel por apropiación indebida de más de dos millones de euros. También han sido condenados a penas de cárcel la mujer de Rodríguez, el exvicepresidente y al exgerente de Asaja Valladolid.

La mayor parte de esos dos millones terminó en cheques, reintegros y transferencias para Lino Rodríguez (1,1 millón de euros), pero también hay que sumar 237.943 euros en gastos y reintegros injustificados con tarjetas de crédito y 650.625 euros del capital social de Campo de Peñafiel S.L.

El que fue presidente de Asaja hasta finales de 2016 utilizó 'tarjetas black' de entidades sectoriales vinculadas a Asaja para todo tipo de gastos que nada tenían que ver con los gastos de representación: restaurantes de lujo del Midtown y del Upper East Side neoyorquino, un convite que costó 1.850 euros en un restaurante de Valladolid el mismo día de la comunión de uno de sus hijos, gastos en Eurodisney, joyería, ropa, clínicas privadas, electrodomésticos, muebles, la visita a zoológicos y compra de bicicletas o tecnología. Entre esos cargos que se realizaron a cargo de estas tarjetas 'black' se incluyen también cenas en Jueves Santo y Viernes Santo, entradas de cine, arreglos dentales, apuestas en un casino y hasta un gasto en un sex-shop. Los gastos relativos al casino (17.500 euros) fueron ejecutados por el exgerente de Asaja Valladolid, Fernando Redondo, que tiempo después devolvió.

Cuando se le preguntó en el juicio por el tema, Rodríguez aclaró que estas tarjetas eran para hacer “regalos por maternidad a algún directivo o ponentes que no cobraban, gratificar trabajos de mayor dedicación” y que así se acordó, aunque desconocía dónde constaban esos acuerdos. En el caso de las entradas para zoológicos o campamentos de ocio “a lo mejor eran pagos en especie” o “se invitó a alguien”.

Su mujer, Ana Isabel de la Fuente, aseguró no saber nada de los cheques, incluidos aquellos que coincidieron en el tiempo con la compra de un solar en Peñafiel, en el que luego construyeron una vivienda. Sobre los 1.800 euros de la comunión, se acogió a su derecho a no declarar, no sabía nada de la clínica Recoletos (que tuvo varios pagos), ella aseguró que no estuvo en Eurodisney y sobre Nueva York, se acogió a su derecho a no declarar. Preguntada por unos pagos en Carolina Herrera, aseguró que vino un dirigente de Madrid y tuvieron que comprarle ropa, hasta una corbata.

La investigación comenzó después de que el entonces tesorero de Asaja Valladolid presentara una denuncia. Comenzó entonces la 'Operación Cebada', que ha estado años en fase de instrucción por la complejidad de la causa: abarcaba más de veinte años de movimientos bancarios, en entidades que ya no existían por la fusión de Caja Duero y Caja España (la mayor parte de la información solicitada no tenía respuesta). En su mayoría, se trataba de fondos para la formación de los agricultores.

95.000 euros en efectivo en una caja fuerte y propiedades de Lino Rodríguez

Durante la investigación, la Policía encontró más de 95.700 euros en una caja fuerte del ya extinto Banco Popular, que posteriormente fueron embargados: 85 billetes de 500 euros, 32 billetes de 100 euros, 700 billetes de 50 euros, 700 billetes de 20 euros y 100 billetes de diez euros en dos sobres blancos con anotaciones. Ana Isabel de la Fuente aseguró que tenían esa cantidad en una caja de seguridad porque les robaron en 2010 y los agricultores pagaban en metálico.

Además, Rodríguez tiene propiedades (algunas al 100% y otras al 50%) por valor de 698.782,10 euros entre parcelas, viviendas o garajes y almacenes repartidos por la capital vallisoletana y otros municipios como Langayo y Peñafiel.

Dinero para formación de agricultores

El dinero procedía de diferentes ayudas y subvenciones de entidades públicas que entregaba el INEM, la Junta de Castilla y León, entes públicos autonómicos, el Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) y otras operaciones financieras, como suscripciones de participaciones preferentes, deuda subordinada y pública.

¿Quién recibía estas subvenciones? En su mayoría unas 'sectoriales' que se constituyen al amparo de Asaja: asociaciones, cooperativas y una sociedad limitada con el mismo domicilio social que Asaja que eran representadas o gestionadas por gente de Asaja, sobre todo por Lino Rodríguez, pero no sólo.

Las sectoriales fueron creadas “exclusivamente” para que fuera más “factible” acceder a subvenciones públicas a partir de concretos sectores de la agricultura. El objetivo era que estas sectoriales recibieran subvenciones públicas “al ser solicitadas individualmente” por cada una de ellas y con un código de identificación fiscal (CIF) distinto. Estas subvenciones fueron enviadas por la Fundación para la Formación Continua (planes FORCEM), posteriormente denominada Fundación Tripartita, y por último por parte de la Fundación Estatal para la Formación de Empleo (FUNDAE).

A través de estas 'sectoriales', se impartían “onerosamente” cursos de formación a sus asociados. El INEM o el SEPE eran los órganos responsables de ingresar estas subvenciones a las diferentes sectoriales, pero no se quedaban ahí. Se acredita “no sólo un continuo trasvase de efectivo” entre ASAJA Valladolid y las sectoriales, también que tenían un mismo domicilio social: compartían elementos personales y materiales (incluso el teléfono), estaban todas ellas dirigidas o gestionadas por miembros de Asaja Valladolid. Eran once: la Institución para la Formación y Capacitación Agro-Rural de Castilla y León (IFYCAR), el Grupo para el Desarrollo Rural Colectivo (DERCO), la Asociación de Productores de Patatas de Valladolid (PRODUCTORES DE PATATAS), la asociación Eco Ambiente y Desarrollo (ECO AMBIENTE), la asociación Remolacheros de Valladolid (REMOLACHEROS), la Cooperativa Agropecuaria Campo Abierto (CAMPO ABIERTO) y la sociedad mercantil Campo de Peñafiel S. L., la Cooperativa Agropecuaria de Patata Industrial y de Consumo (INDYCONS). También se incluyen la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural de Valladolid (AMFAR); la mercantil Análisis Integrales Agropecuarios de Castilla y León SL (ANÁLISIS INTEGRALES); y la mercantil SODEPRIN S.L., cuyos únicos socios eran Rodríguez y su mujer, economista.

A través de este entramado de sociedades, Lino Rodríguez movía el dinero de un sitio a otro. Rodríguez se benefició del dinero de cuentas de Asaja Valladolid, Ifycar, Productores de Patatas y Remolacheros a través del cobro de cheques, reintegros y transferencias.

Un contrato falso

La Justicia también declara nulo el contrato de Lino Rodríguez con DERCO desde el momento en que se dio de alta porque fingió la firma del presidente, Félix Sacristán, en el que se atribuyó unos estudios superiores de ingeniero que no tenía. De esta forma, cobraría más que sin esa cualificación académica. El contrato obligaba a ejercer labores de formación y jornada de 40 horas semanales

Con esa cobertura que le daba el contrato “y sin realizar actividad laboral alguna para DERCO”, Lino comenzó a percibir unos ingresos que no podía recibir directamente de Asaja o sus sectoriales, puesto que los puestos no iban acompañados de un sueldo fijo, sino que permitían cobrar por dietas.

Rodríguez percibió nóminas desde Asaja Valladolid y diferentes sectoriales, derivadas del contrato de trabajo de DERCO desde marzo de 2004 a septiembre de 2014. La Audiencia considera que Rodríguez estafó 387.491,2 euros (189.682,04 de nóminas y 197.809,16 en concepto de cuotas de la Seguridad social y retenciones del IRPF).

Rodríguez ha sido condenado por un delito de administración desleal, dos delitos de falsedad documental (oficial y mercantil) y apropiación indebida: defraudó dos millones de euros entre cheques, transferencias, reintegros, tarjetas de crédito de las sectoriales de Asaja (incluso en las que no estaba autorizado) y en el capital social de otra entidad.