UGT acusa a la Junta de Castilla y León de no abonar “la extra y la remuneración mensual de diciembre” a los trabajadores del Serla

UGT ha acusado a la Junta de Castilla y León de no abonar “la extra y remuneración mensual de diciembre” y del “impago de las nóminas” a los trabajadores del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA). Esta situación, como han criticado, supone el “demuestra la incompetencia de la coalición del Gobierno porque sabían que los trámites no podrían formalizarse a tiempo. A este despropósito se suma que, actualmente, hasta los seguros sociales de los trabajadores están sin cubrir”.

El sindicato enmarca esta situación dentro del “récord histórico” del Servicio de Medicación Extrajudicial de Castilla y León en 2023. En todo el año se han resuelto “más de 5.200 conflictos individuales” y “394 conflictos colectivos”. Por comparar los conflictos individuales fueron 3.533 en 2022 y los 2.718 en 2021.

Desde UGT ha acusado a la Administración de “obligar al Serla a la quiebra técnica por asfixia y secuestro”, lo que supone “un ataque al legitimo derecho constitucional de la población”. El sindicato ha trasladado su intención de “seguir luchando por el blindaje del Serla como servicio público y constitucional”

Es por eso que el sindicato espera que la justicia decida a su favor la financiación del Serla tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que el consideraba que la jurisdicción contencioso-administrativa tiene que decidir sobre este tema.

Según han relatado, el 6 de noviembre, UGT presentó ante el Defensor del Pueblo “las acciones contrarias decisorias de la comunidad autónoma que dificultan o directamente imposibilitan los medios de solución autónoma de conflictos solicitando que se responsabilice a los políticos de Castilla y León que gobiernan de la campaña de acoso al Serla”, que ejecuta por Ley las competencias en materia de mediación y arbitraje. Desde el sindicato, han asegurado que están “vigilando las conductas inconstitucionales y antisindicales del ejecutivo autonómico para que la Administración Pública cumpla con su deber”.

UGT ha denunciado “la falta de financiación” y “la quiebra técnica del SERLA”. Asimismo han lamentado que “ni siquiera puede tramitar el correo ordinario para las propias citaciones a las mediaciones, sufragar el gasto corriente o ni pagar el alquiler de la sede. Así, la organización sigue abordando con el Ministerio de Trabajo todas las posibilidades para desarrollar normativas o decretos que blinden el servicio de mediación de los territorios autonómicos”. Al respecto, el sindicato ha llegado a afirmar que “el gobierno de Castilla y León parece pretender que se aplique a la comunidad un 155 actuando de esta manera”.

Para finalizar, UGT de Castilla y León ha exigido en estos días al consejero de Economía y Hacienda la agilidad del ingreso presupuestario “exclusivo para nóminas” que se aprobó extraordinariamente y condicionado a finales del 2023 por el Gobierno autonómico. No obstante, los 40.000 euros comprometidos son sólo uno de los puntos de los muchos que hay. Por eso, el sindicato “seguirá apoyando, acudiendo y desarrollando cada día la prestación de mediadores al servicio del SERLA para los trabajadores y empresas en aras de resolver los conflictos laborales, pero también defendiendo por todas las vías posibles a las organizaciones, organismos instituciones y/o colectivos que la Ley exija y la Constitución fije”.