Nueve investigados tras una operación contra red de venta de cachorros de perro en Ávila

La Guardia Civil ha desarticulado una supuesta red criminal de cría y compraventa irregular de cachorros de perro en la comarca de La Moraña, al norte de Ávila, en el marco de la operación 'Bibiache', que ha culminado con nueve investigados, tres de ellos veterinarios, y 636 perjudicados en puntos de España.

La supuesta trama habría obtenido unos beneficios acreditados por un importe total de 146.325 euros durante un año, si bien los totales estarían por encima de los 500.000 euros, teniendo en cuenta los pagos pendientes de analizar y a los realizados en efectivo.

Esta operación, iniciada el 10 de diciembre, ha sido dada a conocer en rueda de prensa por el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano; y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, Gustavo Dorda.

Varios delitos

A los investigados se les atribuyen, según su grado de participación, delitos contra la protección de la flora y fauna; defraudación de fluido eléctrico; publicidad engañosa; estafa; falsedad documental; intrusismo profesional; maltrato animal por omisión; usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

La operación se inició el pasado 10 de diciembre tras tener la Guardia Civil “sospechas fundadas” ante posibles irregularidades en una actividad relacionada con la cría de animales en La Moraña.

Tras las primeras investigaciones, los agentes inspeccionaron a mediados del pasado mes de diciembre las instalaciones desde las que supuestamente se operaba, detectándose indicios de posibles infracciones penales y administrativas.

Estructura de venta

La supuesta red adquiría animales para posteriormente distribuirlos por diferentes puntos del territorio nacional a través de páginas web y redes sociales, como medio de captación de compradores, según la Guardia Civil. Los animales carecían de trazabilidad y documentación legítima, mientras que los microchips, en algunas ocasiones, se intercambiaban y no estaban registrados.

Los agentes confirmaron la actividad de comercialización de cachorros y detectaron varios ejemplares de especies protegidas, como jilgueros y lúganos “sin la debida documentación, incumpliendo así la normativa CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres)”. También fue detectada por parte de la Guardia Civil una conexión irregular al suministro eléctrico.

Durante una segunda inspección, realizada en otra localidad morañega, fueron incautadas numerosas cartillas sanitarias, medicamentos veterinarios y microchips sin implantar.

Documentación y traslados

Además, se constató que los cachorros eran sometidos a desplazamientos de larga distancia con pocos meses de edad, detectándose posibles irregularidades en la documentación sanitaria y administrativa de los animales.

En el transcurso de las actuaciones se documentaron casos en los que los animales presentaban problemas graves de salud tras su adquisición, requiriendo asistencia veterinaria, así como el fallecimiento de varios ejemplares.

Los investigadores también acreditaron la presunta “colaboración necesaria” de tres veterinarios investigados, cuya actuación habría permitido el acceso a determinados medicamentos veterinarios y la implantación de microchips.

Como resultado del análisis económico de la operación, la Guardia Civil localizó a 636 personas que podrían haber resultado perjudicadas, distribuidas por todo el territorio nacional, al aparecer como ordenantes por medio de transferencias vía teléfono.

Coordinación

Las actuaciones han sido desarrolladas bajo la dirección de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila; la Sección Agraria Comarcal de Arévalo (Ávila), y el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila.

A todos ellos se suman la Tesorería General de la Seguridad Social; la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, así como los técnicos de I-DE Grupo Iberdrola y el Departamento de Fraude e Investigación de Iberdrola España. Las diligencias instruidas en esta operación han sido remitidas, para su instrucción, a la autoridad judicial competente.