Castilla y León acude al Tribunal Supremo contra el Gobierno para que ingrese los 182 millones de euros del IVA de 2017

Castilla y León presenta una demanda judicial contra el Gobierno para que ingrese los 182 millones de euros del IVA de 2017. La Consejería de Presidencia ha formalizado la demanda judicial ante el Tribunal Supremo reclamando al Estado el abono de los 182 millones de euros que corresponden a la Comunidad de Castilla y León de acuerdo con las leyes por el IVA pagado por los ciudadanos en noviembre de 2017. En una nota de prensa, la Junta reprocha que el Gobierno “ha hecho caso omiso” de la previa reclamación y posterior requerimiento en vía administrativa, que le dirigió la Junta de Castilla y León este 2020.

Los Servicios Jurídicos han presentado la demanda judicial para reclamar al Estado el pago de 182 millones de euros que no fueron ingresados en las arcas autonómicas correspondientes a la pérdida de ingresos en la liquidación del año 2017 correspondiente al IVA, que ascienden directamente a un total de 120,49 millones de euros de principal, y 61,51 millones de euros de perdida indirecta -que se corresponden a 30,98 millones de euros por el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, 21,21 millones de euros correspondientes al Fondo de Suficiencia Global y 9,32 millones de euros del Fondo de cooperación-.

La Junta reclama judicialmente al Estado el abono efectivo de los 182 millones de euros o, de forma subsidiaria, solicita que se le pague esa cuantía como indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad patrimonial del Estado, o en último caso, que se aplique el sistema de compensación, de tal forma que cualquier deuda que pudiera tener la Junta de Castilla y León con el Estado ahora o en un futuro se vaya sufragando contra ese crédito.

El “conflicto” comenzó en 2016

Este “conflicto” comenzó después de que el 'popular' Cristóbal Montoro aprobara el Real Decreto 596/2016, en el que se amplió el plazo de liquidación del IVA para todos aquellos sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el impuesto era mensual -grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el Registro de Devolución Mensual del IVA-.

La Junta de Castilla y León remitió en febrero, con otras autonomías, una reclamación de la cantidad correspondiente, que asciende a los 182 millones de euros. Las críticas han sido constantes desde entonces por esta cuestión, principalmente por la falta de respuesta del Gobierno actual. En julio, el consejero de Economía y Hacienda presentó el requerimiento dirigido al Consejo de Ministros por las repercusiones en la liquidación del sistema de financiación del ejercicio 2017 con carácter previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo, que tampoco ha tenido contestación expresa. La Junta interpuso el recurso contencioso-administrativo y el Tribunal Supremo lo admitió a trámite a principios de octubre. Ahora el gobierno autonómico da un paso más y presenta una demanda judicial contra el Gobierno.

Hacienda intentó frenar el conflicto con las autonomías por los 2.500 millones del IVA en febrero, dando más margen en el déficit. Esta decisión fue aprobada con once votos a favor: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla–La Mancha, Extremadura, La Rioja, Comunidad Valenciana, Cantabria (Revilla y PSOE), Melilla (Ciudadanos y PSOE) y el propio Ministerio de Hacienda. En contra se posicionaron las cinco CCAA del PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia) y Ceuta, también gobernado por los conservadores. 

Según informa la Junta en un comunicado, tras el cambio de Montoro, la fecha límite para liquidar cada mes pasó del día 20 al día 30 del mes siguiente, y con este retraso, el ingreso de la liquidación del IVA de noviembre de 2017 pasó de contabilizarse en diciembre de 2017 a contabilizarse en enero de 2018, es decir, en otro ejercicio, a pesar de que fue efectivamente ingresado por las empresas en el Estado dentro del año 2017.

Este cambio en las fechas de ingreso del IVA solamente le provocó al Estado un retraso de 10 días en el ingreso en su caja, ya que recaudó lo mismo que hubiera recaudado conforme a las reglas antiguas. Sin embargo, para las comunidades autónomas ha supuesto la pérdida de la financiación de un mes entero del IVA en la liquidación del sistema para 2017, “pérdida que será permanente”, augura 

El director de los Servicios Jurídicos de la Junta, Luis Miguel González Gago, indica que esto ha provocado que la Comunidad “tuviera que acudir al sistema de crédito” al no disponer de un dinero con el que contaba, ya que con él se atendían servicios esenciales autonómicos que no podían dejar de prestarse, como los sanitarios, los educativos o los de servicios sociales, dinero que la Junta tendrá que devolver.

Fundamentos de la demanda judicial

En la demanda de esa cantidad se ponen de manifiesto las sucesivas y reiteradas peticiones efectuadas desde entonces por la Consejería de Economía y Hacienda, tanto por carta al Ministerio de Hacienda como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin que el Estado haya materializado una solución.

Los Servicios Jurídicos Autonómicos alegan que esta conducta del Gobierno “vulnera el principio de legalidad” nacional y europeo puesto que no se respeta el principio de igualdad, defienden. La Junta consigue que se infringe el derecho a la autonomía financiera y los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Todo esto “provoca un enriquecimiento injusto” de la Administración del Estado, “ya que él sí cobró a los ciudadanos, pero no ha pagado a la Comunidad”. Además, el gobierno autonómico considera que esta medida es “claramente discriminatoria”, puesto que no afecta a las comunidades forales de País Vasco y Navarra.

Para el director de los Servicios Jurídicos de la Junta, la actuación del Estado ha conllevado “la vulneración de la doctrina de no poder actuar contra los actos propios”, ya que el Gobierno central “reconoció expresamente la situación producida y manifestó su compromiso de solucionarla”. la Junta destaca que incluso la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha puesto de manifiesto esta circunstancia en varios de sus informes, reconociendo el impacto negativo que aquella norma ha tenido en la liquidación de los recursos del sistema de financiación de 2017 a percibir en 2019 por las comunidades autónomas, que tendrían una pérdida recaudatoria cercana a los 2.500 millones de euros para su conjunto -0,2% del PIB-, y que en Castilla y León se estimó en el 0,27 % del PIB.