El Ministerio Fiscal solicita 4 años de prisión y 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el monitor de un campamento, J.A.V.C., acusado de un delito de abusos sexuales a un menor de 16 años en un juicio que comenzará el 26 de enero en la Audiencia.
Según el escrito de acusación de la fiscalía, J.A.V.C., presidente de la A.D.A., organizó en calidad de director un campamento infantil y juvenil, que se inició el 17 de julio de 2021 en la provincia de Ávila. Durante este campamento, en la tarde del 21 de julio, el acusado “urdió un plan y, valiéndose de su condición de director y monitor del campamento, se dirigió al campista, menor de edad, concertando con éste una cita a ciegas en su habitación privada, haciéndole creer que era con una campista, menor de edad”. El menor sufrió, según el informe forense, “trastorno de estrés postraumático de carácter agudo”, compatible con el abuso sexual denunciado.
El ministerio público solicita la prohibición de acercarse al menor a menos de 200 metros, así como a su domicilio o los lugares que frecuente, durante cinco años en los que tampoco podrá establecer comunicación con la víctima por cualquier medio.
A ello se suma la medida de libertad vigilada durante cinco años, a cumplir tras la ejecución de la pena de prisión, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad, durante un tiempo superior en cuatro años a la pena privativa de libertad.
Por su parte, la acusación particular solicita cuatro años de prisión por un delito de agresión sexual a menor de 16 años, así como 6.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el “daño moral” ocasionado, además de diez años de inhabilitación especial para trabajar con menores.
La defensa niega los hechos y destaca los 25 años de “intachable expediente” por parte del acusado, que venía organizando un campamento infantil y juvenil en años anteriores en una localidad de la provincia de Ávila.
Además de reconocer lo “desafortunado” del “ofrecimiento” efectuado al menor, cediéndole su habitación para la supuesta cita a ciegas con otra menor del campamento, la defensa destaca los “perjuicios irreparables en su actividad profesional” que esta situación le ha producido, “habiéndose incluso trasladado a trabajar a otra universidad”, tras hacerlo en dos madrileñas.