El presidente del PP de Salamanca y la representante del partido rechazan declarar ante el juez que investiga su financiación irregular

Laura Cornejo

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El PP de Salamanca y su presidente, Javier Iglesias, investigados por la presunta financiación ilegal del partido, se han acogido a su derecho a no declarar este lunes ante el juez que instruye la causa. Iglesias, que como el PP, ha recurrido en apelación el auto que le citaba a declarar en calidad de investigado, ha comunicado que no acudiría al juzgado y y ha comparecido por videoconferencia, ya que se encontraba mal tras haberse vacunado contra el COVID–19. Ha evitado así la imagen de su llegada a los juzgados a menos de un mes de que se celebren las elecciones en Castilla y León.

El juez imputa al PP de Salamanca, a su presidente y a su gerente por presunta financiación ilegal del partido

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Iglesias ha explicado al juez que se acogía a su derecho a no declarar y ha añadido que entendía que “un auto” le prohíbe hacerlo, si bien no ha explicado a qué auto se refería y fuentes del caso indican a elDiario.es que no existe tal. La representante del partido, de la que no ha trascendido su nombre, tampoco ha querido declarar. Las razones de la representante del PP de Salamanca es que el auto que les llama a declarar como investigados “está recurrido” –si bien el juzgado ya aclaró en una providencia que el recurso no tenía efectos suspensivos– y que “si no se estima el recurso, el PP ”colaborará“ con la justicia.

La negativa a declarar se produce a pesar de que tanto Iglesias, como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, han afirmado en varias ocasiones su “total colaboración con la justicia”, si bien han recurrido la mayoría de autos del juzgado hasta la fecha.

El juez de Instrucción 2, en un auto del pasado 24 de noviembre hizo suya la petición del fiscal, para que Iglesias, la gerente, Isabel Sánchez y el propio partido a través de un representante declarasen como investigados. Después de una treintena de testificales y abundante documentación sobre como se gestó la recaudación de más de 60.000 euros en 2017 para pagar cuotas atrasadas de afiliados morosos y que votasen en las primarias a las que concurría Mañueco, no cuadran ni las cantidades supuestamente donadas de manera “altruista”, ni los recibos aportados para justificarlas, ni las explicaciones que hasta el momento han dado los testigos y los responsables del partido.

En su declaración como testigo en mayo de 2021, Iglesias intentó explicar al juez cómo se habían recaudado algo más de 60.000 euros en cuestión de días. “Se convoca un proceso de primarias que era la primera vez que se producía, con un lío tremendo de cómo funcionaba eso, que aquello era, en fin, aquello era el acabose”, explicó. “Entonces, de manera casi espontánea de los que estamos en la sede del Partido Popular, decidimos que algo teníamos que hacer y no sé si fue ese mismo día o al día siguiente, en una decisión mancomunada, decidimos que podíamos hacer unas aportaciones, cargos y personas vinculadas, para el pago de cuotas de personas que no pudieran pagarlas en ese momento”.

El presidente del PP provincial aseguró que se había puesto en marcha “una maquinaria ingente” para que votase el máximo número de afiliados, porque entendieron que habría “una explosión de apoyo de los salmantinos del PP a Alfonso Fernández Mañueco”.

Lo que Iglesias no explicó es cómo se decidió con qué dinero se cubría cada cuota o quién lo recaudaba, porque para él “aquello fue una locura”. Por no recordar Iglesias no pudo precisar ni quiénes estaban reunidos en la sede del PP charro cuando se acuerda poner dinero. “Algún parlamentario nacional”, acertó a decir. Tampoco quién propuso hacer pagos. “La idea la pude comentar yo en algún momento sí, pero fue como 'oye, pues qué hacemos, cómo lo hacemos'. Tampoco le puedo decir exactamente cómo fue pero, seguro que lo comenté yo y seguro que lo comentaron otros compañeros. Fue una cosa mancomunada”, declaró.

Sin documentos de las entregas de dinero

Según el ministerio público, con las testificales recabadas en el último año y medio ha quedado acreditado que nadie vio que se tomará nota de quién entregaba el dinero, ni de cuánto entregaba cada uno de ellos, no guardándose ningún documento acreditativo de las entregas, salvo las propias declaraciones juradas de alguno de los cargos políticos elaboradas y presentadas con posterioridad.

Señala así que la responsable del Grupo Provincial Popular, Juana González Mulas, declaró ante el juez “que se apuntaba todo en papelitos” y que lo que se utilizó esos días, después se destruyó.

Según la documentación aportada por el PP, las cuotas de afiliados abonadas en cuenta corriente de cuotas por cargos electos son 515 y suman la cantidad de 41.490 euros. Sumando las cantidades que constan en las declaraciones juradas, éstas hacen un total de 17.350 euros, por lo que quedan sin justificar 24.140 euros. Si además de las declaraciones juradas se aceptarán como válidos los justificantes, las cantidades extraídas de las cuentas personales de cargos públicos entre el 10 y el 17 de marzo, que suman 9.800 euros, aún quedarían sin justificar 14.340. Incluso aceptando las cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo (desde que se anuncian las primarias hasta que se celebran), que asciende a 7.250 euros, aún quedarían sin justificar 7.090 euros.

De este modo, en el mejor de los casos para el PP de Salamanca, se han ingresado en la cuenta en la que se recogen las cuotas de los afiliados 7.090 euros, como mínimo, procedentes de donaciones cuyo origen se desconoce y que, por lo tanto, son anónimas.

El PP de Salamanca y su presidente, Javier Iglesias, investigados por la presunta financiación ilegal del partido, se han acogido a su derecho a no declarar este lunes ante el juez que instruye la causa. Iglesias, que como el PP, ha recurrido en apelación el auto que le citaba a declarar en calidad de investigado, ha comunicado que no acudiría al juzgado y y ha comparecido por videoconferencia, ya que se encontraba mal tras haberse vacunado contra el COVID–19. Ha evitado así la imagen de su llegada a los juzgados a menos de un mes de que se celebren las elecciones en Castilla y León.

El juez imputa al PP de Salamanca, a su presidente y a su gerente por presunta financiación ilegal del partido

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Iglesias ha explicado al juez que se acogía a su derecho a no declarar y ha añadido que entendía que “un auto” le prohíbe hacerlo, si bien no ha explicado a qué auto se refería y fuentes del caso indican a elDiario.es que no existe tal. La representante del partido, de la que no ha trascendido su nombre, tampoco ha querido declarar. Las razones de la representante del PP de Salamanca es que el auto que les llama a declarar como investigados “está recurrido” –si bien el juzgado ya aclaró en una providencia que el recurso no tenía efectos suspensivos– y que “si no se estima el recurso, el PP ”colaborará“ con la justicia.

La negativa a declarar se produce a pesar de que tanto Iglesias, como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, han afirmado en varias ocasiones su “total colaboración con la justicia”, si bien han recurrido la mayoría de autos del juzgado hasta la fecha.

El juez de Instrucción 2, en un auto del pasado 24 de noviembre hizo suya la petición del fiscal, para que Iglesias, la gerente, Isabel Sánchez y el propio partido a través de un representante declarasen como investigados. Después de una treintena de testificales y abundante documentación sobre como se gestó la recaudación de más de 60.000 euros en 2017 para pagar cuotas atrasadas de afiliados morosos y que votasen en las primarias a las que concurría Mañueco, no cuadran ni las cantidades supuestamente donadas de manera “altruista”, ni los recibos aportados para justificarlas, ni las explicaciones que hasta el momento han dado los testigos y los responsables del partido.

En su declaración como testigo en mayo de 2021, Iglesias intentó explicar al juez cómo se habían recaudado algo más de 60.000 euros en cuestión de días. “Se convoca un proceso de primarias que era la primera vez que se producía, con un lío tremendo de cómo funcionaba eso, que aquello era, en fin, aquello era el acabose”, explicó. “Entonces, de manera casi espontánea de los que estamos en la sede del Partido Popular, decidimos que algo teníamos que hacer y no sé si fue ese mismo día o al día siguiente, en una decisión mancomunada, decidimos que podíamos hacer unas aportaciones, cargos y personas vinculadas, para el pago de cuotas de personas que no pudieran pagarlas en ese momento”.

El presidente del PP provincial aseguró que se había puesto en marcha “una maquinaria ingente” para que votase el máximo número de afiliados, porque entendieron que habría “una explosión de apoyo de los salmantinos del PP a Alfonso Fernández Mañueco”.

Lo que Iglesias no explicó es cómo se decidió con qué dinero se cubría cada cuota o quién lo recaudaba, porque para él “aquello fue una locura”. Por no recordar Iglesias no pudo precisar ni quiénes estaban reunidos en la sede del PP charro cuando se acuerda poner dinero. “Algún parlamentario nacional”, acertó a decir. Tampoco quién propuso hacer pagos. “La idea la pude comentar yo en algún momento sí, pero fue como 'oye, pues qué hacemos, cómo lo hacemos'. Tampoco le puedo decir exactamente cómo fue pero, seguro que lo comenté yo y seguro que lo comentaron otros compañeros. Fue una cosa mancomunada”, declaró.

Sin documentos de las entregas de dinero

Según el ministerio público, con las testificales recabadas en el último año y medio ha quedado acreditado que nadie vio que se tomará nota de quién entregaba el dinero, ni de cuánto entregaba cada uno de ellos, no guardándose ningún documento acreditativo de las entregas, salvo las propias declaraciones juradas de alguno de los cargos políticos elaboradas y presentadas con posterioridad.

Señala así que la responsable del Grupo Provincial Popular, Juana González Mulas, declaró ante el juez “que se apuntaba todo en papelitos” y que lo que se utilizó esos días, después se destruyó.

Según la documentación aportada por el PP, las cuotas de afiliados abonadas en cuenta corriente de cuotas por cargos electos son 515 y suman la cantidad de 41.490 euros. Sumando las cantidades que constan en las declaraciones juradas, éstas hacen un total de 17.350 euros, por lo que quedan sin justificar 24.140 euros. Si además de las declaraciones juradas se aceptarán como válidos los justificantes, las cantidades extraídas de las cuentas personales de cargos públicos entre el 10 y el 17 de marzo, que suman 9.800 euros, aún quedarían sin justificar 14.340. Incluso aceptando las cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo (desde que se anuncian las primarias hasta que se celebran), que asciende a 7.250 euros, aún quedarían sin justificar 7.090 euros.

De este modo, en el mejor de los casos para el PP de Salamanca, se han ingresado en la cuenta en la que se recogen las cuotas de los afiliados 7.090 euros, como mínimo, procedentes de donaciones cuyo origen se desconoce y que, por lo tanto, son anónimas.

El PP de Salamanca y su presidente, Javier Iglesias, investigados por la presunta financiación ilegal del partido, se han acogido a su derecho a no declarar este lunes ante el juez que instruye la causa. Iglesias, que como el PP, ha recurrido en apelación el auto que le citaba a declarar en calidad de investigado, ha comunicado que no acudiría al juzgado y y ha comparecido por videoconferencia, ya que se encontraba mal tras haberse vacunado contra el COVID–19. Ha evitado así la imagen de su llegada a los juzgados a menos de un mes de que se celebren las elecciones en Castilla y León.

El juez imputa al PP de Salamanca, a su presidente y a su gerente por presunta financiación ilegal del partido

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Iglesias ha explicado al juez que se acogía a su derecho a no declarar y ha añadido que entendía que “un auto” le prohíbe hacerlo, si bien no ha explicado a qué auto se refería y fuentes del caso indican a elDiario.es que no existe tal. La representante del partido, de la que no ha trascendido su nombre, tampoco ha querido declarar. Las razones de la representante del PP de Salamanca es que el auto que les llama a declarar como investigados “está recurrido” –si bien el juzgado ya aclaró en una providencia que el recurso no tenía efectos suspensivos– y que “si no se estima el recurso, el PP ”colaborará“ con la justicia.