La llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat fue tan convulsa como plácido ha sido su primer año de mandato. Y eso que el president no goza de una mayoría sólida ni ha podido aprobar presupuestos. Pese a que en el Parlament ha sudado para forjar acuerdos, Illa ha sido capaz de proyectar una imagen de reimpulso del Ejecutivo y de actividad de todos los departamentos, a la vez que ha logrado convencer a sus socios de ERC y Comuns de que le den algo más de tiempo para acabar cumpliendo con los acuerdos firmados.
Una de las cuestiones que más ha obsesionado al equipo de Illa es demostrar que, en palabras del conseller de la Presidencia. Albert Dalmau, “Catalunya puede conseguir con la colaboración [con las instituciones del Estado] más que con la confrontación”. Una tarea para que la que han considerado importante que la agenda de las figuras más visibles del Govern, incluido el propio Illa, sea frenética, repleta de actos, con muchos anuncios y viajes frecuentes (hasta dos internacionales, a Japón y China, en pocos meses).
La carta más contundente del Govern de Illa es ser la constatación de que, tras una década fuera de las coordenadas constitucionales, Catalunya está hoy normalizada y cualquier atisbo de secesión ha quedado enterrado. En su primera acometida como candidato, en 2022, Illa prometía “pasar página” del procés, y esto es algo que ahora tanto él como Pedro Sánchez desde el Gobierno pueden exhibir como un triunfo.
La reciprocidad Moncloa-Palau ha sido beneficiosa para ambos casi siempre. El recorrido político de Illa se ha acompasado, incluso ya desde la propia campaña electoral, con el devenir del Gobierno de Pedro Sánchez. Ambos desde sus respectivas presidencias han acabado formando muchas veces un binomio de intereses compartidos, como pudo verse en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos.
La normalización que exhiben, sin embargo, no ha sido sencilla, ya que no ha sido fácil desmovilizar una parte del independentismo y convencer a partidos como ERC o Junts de que la vía del pacto puede ser fértil. Para ello, el Govern ha necesitado compensar la inflación idealista del procés con nuevas proclamas ambiciosas, pero, igualmente, difíciles de llevar a término, como que Catalunya “vuelva a liderar la economía española”, lograr una “gran transformación de los servicios públicos” o conseguir un nuevo sistema de financiación que garantice la ordinalidad, tal y como pactó con ERC.
Un Govern de grandes proyectos
Si algo ha definido a Illa en su primer año como president es su falta de recelos para asumir grandes compromisos, bien obligado por sus socios o bien respondiendo a su propio impulso. En el ámbito de la vivienda, uno de los ejes que consideran más cruciales, el Govern ha lanzado un plan para promover que las contratistas construyan hasta 50.000 viviendas en los próximos 6 años, que pasarían a formar parte del parque de alquiler protegido de la Generalitat.
No menos ambicioso es el plan de reforma de la administración, que ya ha comenzado a dar frutos con la primera agilización de trámites. Pero el plato fuerte de este proyecto es la controvertida profesionalización de los altos cargos, que de salir adelante implicaría un profundo cambio en la forma de acceder a la mayoría de puestos de mando de la Generalitat, a los que ya solo podrían aspirar funcionarios o personal acreditado para ello.
En el capítulo de los planes que llevan la marca personal de Salvador Illa está la ampliación del Aeropuerto de El Prat, un proyecto que el Govern ya ha pactado con AENA y el Ministerio de Transportes, que son quienes tienen la última palabra sobre una infraestructura en la que la Generalitat no tiene ninguna competencia.
Esta ampliación del aeródromo es el plan que genera más diferencias entre los socios de la investidura, pues a él se oponen frontalmente los Comuns y, en menor medida ERC. Con todo, ninguno de los dos ha castigado al Govern por el empujón que la ampliación ha recibido en este último año. Un gesto que Illa había prometido a los grandes sectores empresariales y por el que, llegado el caso, está dispuesto a pagar el precio de molestar a sus socios.
En la lista de proyectos heredados se encuentran los dos acordados con ERC a cambio de su apoyo a la investidura: el traspaso de Rodalies y la llamada “financiación singular”, que consta de un cambio en el sistema de recaudación y también de un nuevo sistema de reparto.
En ambos proyectos, ferroviario y tributario, ha encontrado el Govern serias dificultades para llevarlo a cabo tal y como estaba pactado. Eso ha supuesto el cambio de algunas previsiones, como que la nueva empresa operadora de las Rodalies quede dentro del grupo Renfe o que la recaudación completa del IRPF por parte de la Generalitat se aplace de 2026 a 2028. Sin embargo, ambas modificaciones de los acuerdos se han realizado con el aval de ERC.
Apuros en el Parlament
“Somos un Govern en minoría consciente de estar en minoría”. El president Illa ha pronunciado estas o similares palabras en diferentes momentos a lo largo del último año para transmitir que son conscientes de la necesidad de llegar a acuerdos parlamentarios. Pese a eso, en contraste con un equipo que ha dado claras muestras de sentirse muy cómodo en el Ejecutivo, el Govern de Illa ha tenido en el Parlament una de las plazas más duras.
Por una parte, desde el PSC subrayan que la coincidencia de voto con ERC y Comuns es muy alta. Por otra, la agenda legislativa ha resultado poco abultada, con solo dos leyes nuevas aprobadas, a la que hay que sumar la modificación de otras seis.
El Ejecutivo de Illa ha debido ver también como el Parlament le reprobaba en hasta dos ocasiones por los problemas en Rodalies. Una situación, la ferroviaria, de la que el Govern se ha responsabilizado plenamente pese a que las competencias efectivas siguen en manos del Ministerio, y que supuso para el Govern su crisis de gestión más temprana el pasado mes de marzo.
El cambio de color del gobierno catalán apenas ha supuesto cambios en la prestación del servicio de Rodalies, que ha continuado acumulando jornadas de caos y quejas frecuentes. Este año fue el primero que las plataformas ciudadanas convocaron una manifestación para protestar por el estado de las cercanías.
También desde el ámbito de la gestión la oposición ha sido muy dura con el papel del departamento de Educación en los problemas del proceso de adjudicación de plazas de interinos del último año, donde una incidencia obligó a repetir el trámite completo. Aquella situación, que indignó a los sindicatos de profesores, se saldó con la destitución del subdirector responsable de la adjudicación de profesores, al que el Govern apuntó como causante.
El Govern ha debido acometer también en este primer año la reforma de la DGAIA, la dirección general de la infancia a la que se le solaparon escándalos por mala gestión económica y dudas sobre la protección a una menor agredida sexualmente.
El balance de Illa en el Parlament no es de suspenso, pero sí es el escenario en el que más le cuesta encontrar aliados, con un PP que ha decidido confrontar al partido socialista en todos los ámbitos y un Junts que utiliza la oposición a Illa como moneda de cambio por su apoyo a Pedro Sánchez en Madrid. Mientras, la entente con ERC y Comuns es a menudo intermitente, debido a las diferencias y los diferentes ritmos que marcan cada uno de los socios.
Sintonía con el mundo empresarial solo rota por la vivienda
La llegada de Salvador Illa a la Generalitat fue celebrada por muy diversos sectores como el punto y final del procés. Uno de ellos fueron algunas de las organizaciones económicas que más se habían opuesto al que consideraban que era un escenario de inestabilidad política que dañaba los intereses de Catalunya, como las entidades que reúnen al alto empresariado del llamado Puente Aéreo o la patronal Foment, entre otros.
De forma recíproca, Illa se ha esforzado en atender algunas de sus demandas. Colocar al frente de empresa a Miquel Sàmper, proveniente de Convergència, es un gesto, que se suma a un enfoque claramente favorable a la promoción económica y el empeño en proyectos compartidos con el mundo empresarial, como la ampliación del Aeropuerto.
El Govern ha logrado reconectar con estos intereses sin abandonar, sin embargo, las buenas relaciones con los sindicatos mayoritarios, con quien está alineado en cuestiones de política social o tributarias. Illa ha sido capaz de reunir a patronales y sindicatos para mostrar su apoyo a los suplementos de crédito alternativos a los presupuestos, aunque también, de forma sorprendente, se les ha visto juntos celebrando los 10 años de Glovo.
La única carpeta que ha hecho que las relaciones entre patronal y Govern se resientan ha sido la vivienda. En concreto, la legislación autonómica para introducir los alquileres temporales dentro de la regulación de los precios del alquiler general, que según la ley española quedaban fuera y que se había convertido en uno de los grandes agujeros por donde se colaba la especulación con la vivienda. Tras una larga negociación, todos los partidos de izquierdas (incluida la CUP) se alinearon con el Govern para sacar adelante la legislación, pero el gesto gustó muy poco a Foment, que acusó a Illa de querer “socializar la propiedad privada”.
A la espera de concretar los proyectos de legislatura
Por importantes o complicados que sean asuntos como el aeropuerto, Rodalies o la reforma de la administración, si esta legislatura hay un reto ese es el de la financiación autonómica. Es más que razonable dudar sobre si Catalunya será capaz de conseguir un sistema que necesita el aval de los poderes del Estado, comenzando por mayorías en el Congreso, pero también llegado el caso luz verde del Constitucional.
Por el momento todas las partes siguen confiando o asegurando que el acuerdo firmado entre PSC y ERC se cumplirá aunque, un año después de aquella firma, el texto ha sufrido por el momento dos duras sacudidas. La primera ocurrió en la Bilateral donde el Estado pactó con Catalunya a impulsar una reforma de la financiación. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda esquivó la palabra ordinalidad, que era central en el acuerdo con ERC, por lo que el compromiso quedó desnaturalizado.
El segundo bache ha sido el aplazamiento de dos años en el calendario pactado con ERC para el inicio de la recaudación del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya. Un frenazo que se explica por motivos técnicos y sobre el que los republicanos han preferido no hacer sangre, pero que necesariamente lamina la confianza sobre si podrá llevarse o no a puerto el acuerdo estrella de la legislatura.