El borrador de los Presupuestos catalanes no prevé tocar ningún impuesto

El Govern avanza en la redacción de los nuevos presupuestos de la Generalitat para el año 2022 con el objetivo de que entren en vigor el 1 de enero. A falta de cerrar la negociación con la CUP para lograr su apoyo parlamentario, el departamento de Economía que dirige Jaume Giró tiene a punto el borrador de la llamada ley de acompañamiento, que regula la fiscalidad. Un anteproyecto en el que Giró ha optado por no introducir ninguna modificación en los impuestos de más peso y dejar la política fiscal como en el año 2021, cuando el Govern pactó con los 'comuns' un retoque para hacer más progresiva la recaudación.

De esta forma, el titular de Economía ha renunciado, de entrada, a liderar desde el Govern la propuesta para reducir el IRPF de las rentas más bajas, una fórmula que él mismo había sugerido para tratar de convencer a los anticapitalistas. Con todo, las conversaciones para recabar los apoyos de la CUP siguen abiertas e incluso después de que el Ejecutivo apruebe el proyecto de ley los grupos podrían aprovechar el trámite parlamentario para negociar modificaciones.

El borrador, al que ha tenido acceso elDiario.es, pasa de puntillas sobre la cuestión fiscal más allá de las modificaciones técnicas y actualizaciones habituales de tasas y precios públicos. Para comenzar, ni en el articulado ni en las memorias aparecen modificaciones en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta, ni tampoco sobre figuras que suelen ser objeto de reclamaciones por parte de los grupos de izquierdas, como el impuesto de patrimonio.

Tampoco hay cambios progresivos en el impuesto de sucesiones y donaciones, más allá de un pequeño retoque que permitirá que el aplazamiento de los pagos pase de un año a dos, justificado por la situación económica provocada por la pandemia. No hay tampoco cambios en los tributos propios de la Generalitat, una figura con la que Catalunya ha creado una abundante fiscalidad verde a lo largo de los últimos años, pero que en 2022 ni se expandirá ni se reducirá, al menos en el proyecto que el Govern tiene a punto para aprobar.

La propuesta de reducir el IRPF a los trabajadores que menos declaran es una idea recurrente en Catalunya, la comunidad donde las rentas bajas y medias pagan más. Aunque desde el año 2015 ha habido varias modificaciones para aumentar este impuesto a los contribuyentes más ricos, la última de ellas el año pasado, la reducción por abajo se ha resistido más debido al fuerte efecto que tiene en la recaudación cualquier rebaja en esos tramos, que afectan al conjunto de los contribuyentes. Pese a eso, Giró había expresado en público que la idea de rebajar impuestos a las familias con menos ingresos no le parecía mal.

El conseller llegó a verbalizar la propuesta de rebajar el IRPF en los tramos más bajos a principios de este mes, cuando lo lanzó en forma de propuesta hacia la CUP. Los anticapitalistas le habían interpelado en el Parlament para aumentar los impuestos a los ricos y rebajarlos a los tramos de menos renta, a lo que Giró respondió asegurando que el 72% de los contribuyentes catalanes declaran menos de 30.000 euros. “Trabajemos aquí”, reclamó el responsable de las finanzas de la Generalitat.

Unas semanas antes, él mismo se había comprometido a que no hubiera subidas. “La presión fiscal en Catalunya no subirá”, proclamó con solemnidad en septiembre en el Parlament, aunque dejó abierta la puerta a pequeñas modificaciones: “Eso no quita que puede haber algún retoque en algún impuesto a la baja y otro que suba ligeramente”.

Estos “cambios mínimos” son los que el conseller, como el conjunto del Govern, están dispuestos a negociar durante el trámite parlamentario, que no puede comenzar más tarde del 16 de noviembre si se quiere cumplir con el objetivo de iniciar el nuevo año con las cuentas ya aprobadas. Para ello, por tanto, la negociación con la CUP, socio preferente del Ejecutivo, debería cerrarse antes.

Negociación encallada

Los anticapitalistas alertan desde hace semanas que las cosas no van bien. “El tiempo se acaba”, advirtió la diputada Eulàlia Reguant este martes. “Si ERC y Junts tienen la voluntad real de aprobar los presupuestos, deben demostrarlo un poco más”, añadió. Unas palabras que encendieron las alarmas en el Palau, a donde la diputada de la CUP fue convocada unas horas después.

La CUP tiene reivindicaciones en materia fiscal pero, sobre todo, en el capítulo de gastos. Conscientes de que la fiscalidad ha llegado en Catalunya a un estado en el que hay poco margen para hacerla más progresiva sin afectar a la recaudación, la CUP desea que haya partidas de gasto específicas y bien dotadas para algunas de las políticas pactadas con ERC para facilitar la investidura de Aragonès, como la internalización de servicios sanitarios o una nueva energética pública. Son estas políticas las que, a juicio de los anticapitalistas, deberían cimentar un acuerdo previo de presupuestos, más allá de que también puedan registrar alguna enmienda sobre impuestos en el Parlament.

Las malas perspectivas en la negociación con la CUP no han hecho que Giró pisase el freno del proyecto de fiscalidad para 2022. Al contrario, el conseller desea tener la ley de acompañamiento preparada para ser aprobada a tiempo, más allá de que haya o no acuerdo con al CUP.

Tanto Economía como el conjunto del Govern han insistido en que la prioridad para las cuentas son los anticapitalistas, pero lo cierto es que desde el verano el PSC ha extendido la mano hacia el Ejecutivo y el propio Giró para mostrarse como un posible apoyo. Los socialistas insisten en que los presupuestos no pueden depender de un partido anticapitalista como la CUP y amagan con una abstención si Pere Aragonès se ve con problemas para estabilizar la legislatura.

Pero este posible 'plan B' de apoyarse en los socialistas para sacar adelante las cuentas no es plato de gusto para ERC, que considera que dejaría en papel mojado su acuerdo de investidura con la CUP, al que Junts no se sumó. Los republicanos entienden que los anticapitalistas son el socio preferente del Govern y con los que hay que entenderse sí o sí para llevar a cabo los principales proyectos de la legislatura, comenzando por las primeras cuentas de su mandato. Además, verse abocados a una abstención del PSC en los próximos meses rebaja la fuerza negociadora de ERC en el Congreso, donde los republicanos no descartan acabar echando un pulso al Gobierno en la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).